La gobernadora Jenniffer González se reservó este lunes cuál será el futuro del proyecto de ley que prohibiría los tratamientos de afirmación de género en menores, pero señaló que, según lo declarado por el secretario del Departamento de Salud, Víctor Ramos Otero, la Legislatura no acogió todas las enmiendas sugeridas.

“Estamos hablando de menores de edad y una cosa es lo que usted quiera hacer con su vida como adulto (y otra como menor), así que ahí hay una medida de política ahí”, se limitó a decir la gobernadora al ser cuestionada sobre el Proyecto del Senado (PS) 350.

La medida, de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, y de la senadora por Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, fue enviada a La Fortaleza el 28 de junio, según el portal de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, la gobernadora aclaró que no ha recibido la propuesta.

El PS 350, que crearía la llamada “Ley para la protección de la salud y el bienestar de los menores de edad en Puerto Rico” –pese a solo enfocarse en la niñez trans–, fue aprobado por la Cámara de Representantes y el Senado, sin vistas públicas, en la primera semana de abril.

La medida, sin embargo, fue devuelta a la Legislatura por la mandataria para la incorporación de las enmiendas sugeridas por Ramos Otero. La legislación fue aprobada en su versión final el 23 de junio.

Las dos enmiendas propuestas por Ramos Otero –y que no fueron atendidas– iban dirigidas, por un lado, a permitir el uso de bloqueadores de pubertad y, por otro, a que no se viera interrumpido el tratamiento de jóvenes de 18 a 21 años que ya comenzaron el proceso de hormonas de transición.

El PS 350 ha sido fuertemente criticado por miembros de la comunidad LGBTQ+ y organizaciones en defensa de los derechos humanos por el impacto que tendría, a su juicio, particularmente sobre la juventud trans.

Entre las organizaciones que le han solicitado a la gobernadora que no avale la legislación está el Colegio de Abogados y Abogadas, la Mesa de Diálogo Martin Luther King, Jr., el Colegio de Médicos Cirujanos, el Colegio de Trabajadores Sociales y la Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional.

“El proyecto plantea serias preocupaciones desde el punto de vista constitucional, médico y humano. Limita el acceso a cuidados de salud necesarios y deja desprovistos de protección a menores que ya enfrentan múltiples barreras en su desarrollo”, expresó la licenciada Vivian Godineaux, presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas.

El Colegio también señaló que la medida viola principios constitucionales como la unidad de propósito legislativo, e impone sanciones desproporcionadas a profesionales de la salud y a las familias que procuran acompañamiento médico responsable para sus hijas e hijos.

Según la legislación, toda persona que viole las disposiciones de la ley –de ser aprobada– será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 15 años. A los profesionales de la salud, además de imponérsele la pena antes descrita, se le revocaría su licencia profesional.

“Entendemos que los padres, junto al personal médico y especialistas de la salud mental, son los llamados a tomar las decisiones correspondientes y necesarias ante situaciones que pueden y ponen en riesgo la vida, la salud y la seguridad de una persona trans” apuntó el reverendo Ricky Rivera, co-coordinador de la Mesa de Diálogo.

Mientras, la organización Democracia Socialista sostuvo que el protocolo médico para la comunidad transgénero está altamente regulado en Puerto Rico, y cuestionaron que la legislación propuesta no esté sustentada en datos científicos ni haga referencia a una crisis salubrista que amerite o justifique que el proyecto se convierta en ley.

“Lo que necesita la juventud LGBTQ+ es aún más protección y acceso a cuidados de salud. Exigimos a la gobernadora que vete el PS 350”, afirmó la organización.

La Asociación Puertorriqueña de Consejería Profesional indicó, por su parte, que la medida no solo vulnera a la población trans, sino que también violenta los principios éticos de la profesión. “Como profesionales de la salud mental estamos llamados a promover políticas públicas salubristas no punitivas ni discriminatorias”, indicó la entidad en declaraciones escritas.

Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.