El senador Carmelo Ríos indicó que la propuesta podría ser aprobada el 11 de mayo. (GFR Medida)

La versión enmendada del Código Municipal, un proyecto de ley que ha sido discutido a puerta cerrada entre alcaldes, algunos senadores y asesores de la presidencia del Senado, vio la luz ayer de manera limitada al ser discutido en una reunión ejecutiva de la Comisión de Asuntos Municipales del Senado.

De acuerdo con el portavoz de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, la pieza legislativa podría ser aprobada el 11 de mayo.

El proyecto original (P de la S. 1333) fue radicado en agosto por la exsenadora Margarita Nolasco y el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. La propuesta sufrió enmiendas tras propuestas individuales de los alcaldes, ideas presentadas a través de los dos gremios que les agrupan y de la Junta de directores del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales. Igualmente, participaron en la discusión la Oficina del Contralora de Puerto Rico, la Oficina de Gerencia y Presupuesto, la Junta de Planificación y la Oficina de Gerencia de Permisos. La Puerto Rico Builders Association y el Centro para la Reconstrucción del Hábitat presentaron sus comentarios, también por escrito

En total, se derogan 16 leyes, pero buena parte de su contenido es incorporado en el Código, que está dividido en ocho libros: Gobierno Municipal, Administración Municipal, Servicios Municipales, Proceso Municipales y Gestión Comunitaria; Desarrollo Económico; Planificación y Ordenamiento Territorial, Hacienda Municipal y Definiciones Legales.

El Nuevo Día supo que este pasado lunes, durante un caucus de la mayoría, Rivera Schatz indicó que el proyecto se llevaría a votación este próximo lunes, a pesar de que se trata de una medida de más de 1,000 páginas y con un contenido prácticamente desconocido por la mayoría de los senadores, incluyendo los del PNP. Más tarde se cambió la directriz.

Por su parte, Ríos aseguró que los senadores tendrán tiempo suficiente para evaluar la medida en su versión final.

Vamos a tener la reunión ejecutiva, el lunes vamos a circular el proyecto final y les vamos a dar tiempo suficiente para que lo lean, hagan anotaciones y sugerencias. Muchos pueden consultar con sus alcaldes porque muchos alcaldes han aportado al Código Municipal”, dijo Ríos al asegurar que él sí se siente listo para votar sobre el proyecto partiendo de la premisa de que trabajo en la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y que fue asesorde varios ayuntamientos.

“La ley es nueva, pero estoy familiarizado con ella y para mí no es nada nuevo. Son los reclamos de los alcaldes”, agregó al recordar que los ejecutivos municipales han planteado que, por ejemplo, la Ley de Municipios Autónomos ha sufrido sobre 200 enmiendas.

“Lo bueno que tienen los códigos es que tienen el efecto de converger”, dijo.

El Nuevo Día obtuvo una copia de la versión final. A continuación, algunos elementos importantes en la medida:

1) Se declara como política pública otorgar a los Municipios el máximo posible de autonomía y proveerles herramientas financieras y fiscales. Se recalca que uno de sus poderes inherentes es imponer impuestos, aunque se hace la salvedad que ese poder no deberá ser incompatible con la misma facultad que también ejerce el Estado.

2) Toda medida legislativa que imponga obligaciones económicas o afecte los ingresos fiscales de los gobiernos municipales deberá identificar y asignar los recursos necesarios.

3) Se incorpora el concepto de los consorcios y una variante, más flexible en términos jurídicos y de estructura, conocida como las alianzas intermunicipales.

4) Autoriza a los gobiernos municipales a establecer alianzas público privadas.

5) Faculta a los gobiernos municipales a ordenar el cierre de negocios y su operación cuando adeuden o no cuenten con patentes municipales o cuando adeuden la porción municipal del Impuesto de Ventas y Uso.

6) Reglamenta los procesos para establecer franquicias, empresas municipales o entidades corporativas con fines de lucro. También se dispone que creaciones jurídicas, cuando el municipio sea el propietario u operador de la franquicia, estarán exentas del pago de arbitrios, patentes, aranceles y de contribuciones.

7) Se dispone que en casos en que se tenga que iniciar un proceso de sucesión interina del alcalde, no podrán ocupar el cargo el director de finanzas del municipio, el auditor interno, ni ninguna persona que sea pariente del alcalde dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad.

8) Autoriza que, en situaciones de urgencias o emergencias decretadas por el alcalde mediante Orden Ejecutiva o mediante Orden Ejecutiva del Gobernador, se podrá adquirir equipos o materiales “sin limitación alguna”. En la Ley de Municipios Autónomos se fija el límite en $150,000.

9) Se dispone que el gobierno municipal podrá aprobar una orden de cambio equivalente hasta el 45% de valor de la obra. El límite actual es 30%.

10) Le permite al primer ejecutivo municipal denegar aumentos de sueldo a empleados de carrera “si a su juicio los servicios del empleado durante el periodo de cinco años correspondientes no hubiesen sido satisfactorios”.

11) Se crea un proceso reglamentario para la política de administración de pruebas para la detección de sustancias controladas y uso de alcohol.

12) Permite al alcalde determinar proveer o no protección parcial o total de riesgos a aquellas instalaciones municipales en las cuales de ordinario no se brindan servicios públicos directos a la ciudadanía.

13) Se enmienda el estado de derecho para disponer que ningún municipio podrá excederse del término de cinco años sin intervención de la Oficina de la Oficina del Contralor de Puerto Rico. Ese término es actualmente de dos años y la enmienda fue solicitada por la contralora Yesmín Valdivieso.

14) Autoriza a los gobiernos municipales a cobrar los siguientes tributos: una contribución básica que no podrá exceder de 6% sobre el valor tasado de la propiedad inmueble y de 4% sobre el valor tasado de la propiedad mueble, no exenta o exonerada de contribución.

15) Establece que será nula toda acción del gobierno central que imponga al municipio el recibo de instalaciones o su mantenimiento sin la aceptación previa del municipio.

16) Amplía los fondos a donde ingresarán las multas administrativas impuestas por los gobiernos municipales. Actualmente se dirigen exclusivamente al programa de reciclaje, pero con el proyecto se añaden la operación del código de orden público, programas educativos o deportivos o “cualquier otra necesidad que estime el alcalde”.

17) Se deja en manos de los municipios los permisos para la construcción, operación y modificación de una planta de reciclaje o de desperdicios sólidos. Se saca de la jurisdicción de la Junta de Calidad Ambiental realizar inspecciones y evaluaciones en las instalaciones de planta de reciclaje de desperdicios.

18) En cuanto a estorbos públicos, se establece que una vez se emita la declaración a esos fines, el propietario vendrá obligado a limpiar el predio o “ejecutar las obras necesarias para eliminar tal condición”, dentro de un término de 90 días. Si el propietario no cumple, el gobierno municipal procederá con el trabajo e impondrá el costo como un gravamen sobre la propiedad, además de la imposición de una multa.

19) Autoriza al gobierno municipal a requerir una fianza de $1,000 para la instalación o fijación de rótulos y propaganda gráfica externa. Esta fianza se cobrará para garantizar los costos de limpieza y remoción de la publicidad.

20) Se consigna la autoridad que tienen los gobiernos municipales para reglamentar la ubicación y la operación de los negocios ambulantes. La política pública será “cónsona con la política pública del Gobierno Puerto Rico, sin que ello menoscabe el poder delegado alos Municipios”.

21) Se faculta a los municipios a crear lo que se conoce como el “Community Land Bank”, con el fin de adquirir propiedades abandonadas, vacantes o en ruinas para rehabilitarlas.

22) Se flexibilizan las instancias en que personal del CRIM podrá entrar a una propiedad para llevar a cabo una tasación, pero igualmente autoriza a esta entidad a “utilizar otros métodos que no incluyan la entrada a la propiedad para llevar a cabo la tasación”.

23) Autoriza a los gobiernos municipales cobrarle por el uso y el mantenimiento de las servidumbres de paso a compañías de telecomunicaciones, cable TV y utilidades privadas. “En todo caso, el cargo o tarifa se fijará en referencia a una base justa, razonable y no discriminatoria”, lee la medida.

24) Igualmente se establece una base fija de tasación aplicable retroactivamente al 1 de enero del 2020 sobre la planta externa utilizada para la prestación de servicios de telecomunicación por línea como los postes, líneas de telecomunicación aéreas y soterradas, torres, antenas, y las oficinas centrales de la empresa.

25) A pesar de este lenguaje, los gobiernos municipales podrán imponer a estas empresas cargos menores a modo de exención, incentivo o alivio.


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