La exdirectora de Ases fue arrestada por el Negociado Investigaciones Federales (FBI por sus siglas en inglés).

Un gran jurado federal acusó por conspiración para cometer fraude, robo, fraude electrónico, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero a Julia Keleher, Ángela Ávila y Alberto Veláquez Piñol.

Keleher, secretaria de Educación desde enero de 2017 hasta abril de este año bajo la gorbenación de Ricardo Rosselló, enfrenta siete cargos criminales.

Ávila, quien fue directora de la Administración de Seguros de Salud (ASES), enfrenta seis cargos.

Velázquez Piñol, subcontratista del gobierno y la empresa de contabilidad BDO Puerto Rico, enfrenta diez cargos.

También está acusado el presidente de la firma de contabilidad y consultoría, BDO, Fernando Scherrer Caillet, con seis cargos por fraude electrónico, conspiración para robo y conspiración para lavado de dinero..

Mientras, la contratista Glenda Ponce Mendoza fue acusada con nueve cargos, y su hermana, Mayra Ponce Mendoza, también contratista, enfrenta siete cargos. Glenda fue descrita por una fuente de este medio como "secretaria personal" y amiga de Keleher. En el caso de Mayra, el FBI mantenía una pesquisa sobre un contrato de la firma Colón & Ponce, Inc., propiedad suya junto a Olga Colón, con Educación. 

Entre otros servicios, Colón & Ponce, Inc. ofrecía "asistencia técnica al personal del DE en la implantación, administración y seguimiento adecuado relacionado a la gerencia de proyectos sufragados con fondos federales".

Mira la acusación aquí:

Un Gran Jurado federal acusa a varios exfuncionarios by El Nuevo Día on Scribd

Según el pliego acusatorio de 44 páginas, la conspiración duró de enero de 2017 a abril de 2018, cuando renunció Keleher.

El documento indica que Keleher, Glenda y Mayra Ponce, y otras personas no identificadas, conspiraron para acordar un esquema y defraudar dinero y propiedades a través de promesas fraudulentas.

Como parte del esquema, enviaron comunicaciones a través del comercio interestatal, es decir, correos electrónicos y mensajes de texto, así como llamadas.

La acusación indica que el propósito de la conspiración era dirigir contratos entre el Departamento de Educación y la firma Colón & Ponce, Inc.

“Esto se logró a través de un proceso corrupto de subasta en el que a Colón & Ponce se le proveyó con una ventaja basada en parte en la relación cercana entre Julia Beatrice Keleher, Glenda Ponce Mendoza y Mayra Ponce Mendoza.

Como parte de la conspiración, según el pliego, mientras trabajaba en el Departamento de Educación como asistente especial para la entonces secretaria Keleher, Glenda Ponce Mendoza asistió a la firma Colón & Ponce Inc. para que asegurara un contrato con la agencia.

Luego, el 29 de marzo de 2017, Mayra Ponce Mendoza sometió una propuesta a Educación para servicios a ser rendidos por Colón & Ponce Inc., todo por correo electrónico, a su hermana, Glenda Ponce Mendoza.

Para el 11 de abril de 2017, Glenda Ponce Mendoza le pasó la propuesta de Colón & Ponce de su hermana Mayra Ponce Mendoza a Keleher.

Después de recibir la propuesta, Keleher “instruyó a los empleados del PR DOE (Departamento de Educación de Puerto Rico, por sus siglas en inglés) a aprobar el contrato a Colón & Ponce”, lee la acusación.

“Las regulaciones del PR DOE requieren un proceso de selección, que se conoce como Solicitud de Propuestas (RFP) para conceder un contrato por servicios involucrados a la propuesta de Colón & Ponce sometida por el PR DOE”, agrega la acusación.

“Aunque (la oficina de) Asuntos Federales del PR DOE no solicitó servicios como los ofrecidos Colón & Ponce, al ‘Individuo B’, que era director de Asuntos Federales, fue instruido por Keleher a aprobar ese contrato a Colón & Ponce", añade. 

Luego, el 16 de mayo de 2017, la propuesta fue enviada a Mayra Ponce Mendoza y las de los representantes de otras seis compañías competidoras solicitando propuestas para servicios.

Al día siguiente, Glenda Ponce Mendoza visitó al ‘Individuo C, un empleado del PR DOE a cargo de manejar la RFP que involucraba a Colón & Ponce.

Para el 23 de mayo, la oficina de Manejo de Riesgos del Departamento de Educación de Estados Unidos llamó y le envió un correo electrónico a Keleher sobre su deber de cumplir con las regulaciones al aprobar solicitudes de contratos, con referencia específica al contrato de Colón & Ponce.

Después de que continuaran los intercambios con gestiones relacionadas al contrato, el 11 de septiembre de 2017 el ‘Individuo E’ envió un e-mail a un agente federal del Departamento de Seguridad Nacional usando su cuenta personal indicando que era ‘Asistente Especial de la Secretaria de Educación’, aunque ya no era empleada ni contratista.

En el mensaje, solicitaba información del agente federal en conexión con su labor de preparar un plan de seguridad.

El 13 de septiembre de2017 Keleher aprobó la solicitud de autorización para enmendar el contrato de Colón & Ponce para el aumento inicial de $51,450.00.

Durante el 2017, Glenda Ponce Mendoza recibió pagos por los servicios ascendentes a $16,425.00.

Luego, el 7 de febrero, Velázquez Piñol pasó la propuesta de BDO a Keleher por correo electrónico y ella le contestó aludiendo al lenguaje que se debía utilizar.

En marzo de 2017, Velázquez Piñol y Scherrer acordaron que Velázquez Piñol recibiría un 10% de comisión por los contratos obtenidos por BDO, pese a que ese contrato prohibía la subcontratación y no especificaba que tenía alguna partida para cabildeo.

El pliego apunta a que Velázquez Piñol al menos recibió pagos de comisiones por $5,226.75 en mayo y $47,570.16 en octubre.

Participación de Ávila

El pliego señala que en enero Velázquez Piñol asistió a reuniones y actividades conducidas por ASES y el Departamento de Salud.

“Ávila solicitó información de empleados de ASES que después le pasó a Alberto Velázquez Piñol a través del uso de su email personal”, apunta el pliego.

Igual que en Educación, algunos contratos fueron terminados o cancelados para favorecer los impulsados por Velázquez Piñol.

Esta mañana agentes federales arrestaron a Ávila y Scherrer. Por esta razón participaron agentes de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud Federal y del Departamento de Educación Federal.

La detención de Ávila en su residencia estuvo a cargo de la Oficina del Inspector General del Departamento de Salud federal, junto con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés).

“En la mañana de hoy el FBI está realizando unos arrestos en conjunto con el Departamento de Salud federal y el Departamento de Educación federal”, dijo Luis Rivera Santana, asistente del Agente Especial a cargo del FBI en Puerto Rico.

Keleher fue arrestada en Washington D.C., a la vez que Velázquez Piñol se entregó a las autoridades federales en el estado de Connecticut.

Ávila renunció el pasado 25 de junio de manera inmediata. Mientras, los contratos de BDO Puerto Rico con el gobierno comenzaron a cancelarse una vez circuló información sobre una pesquisa federal sobre la firma de contabilidad. 

El Nuevo Día había reportado que el FBI investiga los contratos otorgados en el Departamento de Educación, el Departamento de Hacienda y la Administración de Seguros de Salud a esta firma. La pesquisa, según fuentes de este medio, examina de cerca las subcontrataciones hechas por BDO Puerto Rico, como parte de su operación proveyendo servicios al gobierno.

Justamente, el exasesor legal del gobernador Alfonso Orona acudió ayer por segundo día consecutivo al Tribunal Federal donde declaró ante un Gran Jurado Federal sobre la contratación de Alberto Velázquez Piñol, un subcontratista de BDO Puerto Rico. 

El presidente de BDO, Fernando Scherrer, a su llegada al Tribunal Federal. (Teresa Canino )

Las autoridades federales investigan las acciones de Velázquez Piñol en ASES y otras entidades públicas como parte de sus trabajos para la firma BDO Puerto Rico. Velázquez Piñol fue designado por el gobernador dentro de un grupo espacial (task force) multisectorial que trabajaría el tema de salud.

Este medio reportó ayer por una fuente federal que Velázquez Piñol intentó postergar -mediante conversaciones con las autoridades- la implementación de un programa, que era requisito para recibir $1,200 millones en fondos Medicaid bajo la Ley federal de Presupuesto Bipartita de 2018.

La fuente federal vinculó en estos esfuerzos también a Ávila Marrero. Ambos “intentaron que se postergara la implementación” del Sistema de Información para el Manejo de Medicaid (MMIS, en inglés), que era un requisito federal ante el alto riesgo de fraude.

A finales de junio el secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi Cruz, confirmó que compareció ante un Gran Jurado federal tras recibir una citación que decía que tenía que ver con la producción “de documentos relacionados a Alberto Velázquez (Piñol) y sus funciones”.


💬Ver 0 comentarios