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Contrario a lo establecido mediante contrato, la Autoridad de Desperdicios Sólidos (ADS) había endosado la incineradora propuesta para Arecibo porque la corporación pública no tenía que garantizar el flujo de basura hacia la polémica instalación.

Así quedó plasmado en una escueta carta -de la que El Nuevo Día obtuvo copia- firmada el 4 de octubre de 2010 por el exdirector ejecutivo de la ADS Elí Díaz Atienza.

No obstante, el pasado 4 de abril, el actual jefe de la ADS, Antonio Díaz Ríos, y el gerente del proyecto de la compañía Energy Answers, Mark Green, firmaron un contrato que establece que la corporación pública ejercerá “todo su poder en ley” para obligar a los municipios a disponer su basura en la incineradora.

Por segundo día consecutivo, nadie de Energy Answers estuvo ayer disponible para entrevista. Los portavoces de la empresa no respondieron los mensajes dejados en sus teléfonos celulares y correos electrónicos.

“De acuerdo con la información provista a la ADS, el proyecto requiere una inversión de $500 millones, está financiado totalmente con fondos privados y no necesita una garantía de la ADS con el fin de asegurar el flujo de residuos”, esbozó Díaz Atienza -en inglés- en su misiva de cuatro párrafos.

Así las cosas, el exfuncionario reafirmó una determinación del exdirector ejecutivo interino de la ADS, Jan Maduro, de que la incineradora “era consistente” con la política pública actual sobre el manejo y disposición de desperdicios sólidos. En consecuencia, endosó el proyecto.

Fuera de fecha

Otro hecho que llama la atención es que la ADS y Energy Answers firmaron el contrato que garantiza el flujo de basura sin que la empresa tenga todos los permisos que viabilizarían la construcción de la incineradora.

A Energy Answers aún le falta el aval de la Agencia Federal de Protección Ambiental (EPA) sobre el permiso de aire conocido como Prevención de Deterioro Significativo (PSD). Asimismo, le falta el visto bueno de la Junta de Calidad Ambiental (JCA) respecto a la solicitud del permiso de construcción y aprobación de ubicación.

Cuestionado al respecto, Díaz Ríos descartó cualquier irregularidad pues, a su juicio, la temprana firma del contrato propicia el desarrollo de más plantas “waste to energy” en la Isla.

“También ayuda en el financiamiento de la instalación”, abundó.

La EPA continúa evaluando los más de 300 comentarios que recibió sobre el PSD, mientras que el próximo 26 de noviembre la JCA celebrará una vista pública para discutir su permiso.

La incineradora de Arecibo procesaría 2,100 toneladas de basura al día.


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