El grupo le cursó una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que incluyeron sus exigencias. (Gerald López Cepero)

Organizaciones sin fines de lucro, líderes comunitarios y grupos profesionales le exigieron al gobierno que atienda desde una mirada social y de derechos civiles la emergencia que ha desatado el coronavirus COVID-19. De lo contrario, advirtieron, las consecuencias serán peores a las que se vivieron después del huracán María y los terremotos que afectaron el suroeste del país.

Puerto Rico ya atravesaba una crisis en su tejido social a raíz de estos desastres naturales y de más de diez años de recesión económica que se podría continuar debilitando.

“La gente debe estar sintiendo que está tocando fondo. La falta de acceso a cosas esenciales como los alimentos y los servicios de salud puede provocar que tengamos muertes adicionales por falta de atención médica y que aumenten los incidentes por violencia de género y por abuso de opiáceos”, dijo Amárilis Pagán, directora ejecutiva de Proyecto Matria.

Pagán forma parte de la Mesa Social, iniciativa que surge ante la inacción por parte del gobierno a atender desde otra óptica sus reclamos. Sobre 40 organizaciones se unieron y crearon este espacio para la discusión y promoción de ideas. “Hay que reconocer también que la salud es un asunto político y social y que es un tema que va más allá de lo médico hospitalario para incluir una mirada desde los determinantes sociales”, sostuvo.

El grupo le cursó una carta a la gobernadora Wanda Vázquez Garced en la que incluyeron sus exigencias en las áreas de seguridad alimentaria, salud, educación, vivienda, seguridad, poblaciones vulnerables, salud mental, la niñez y los trabajadores que forman parte de esa primera línea de respuesta a la emergencia.

“Creo que las predicciones (de número de víctimas fatales) en parte es porque se reconoce que en Puerto Rico ya hay fragilidad en el tejido social. El visibilizar esas necesidades y tratar de atenderlas, puede ayudar a bajar el número de contagios o que los que surjan tengan una atención digna”, sostuvo al destacar que hay comunidades que están realizando censos para hacer una detección temprana. Ejemplo de ello, dijo, es la comunidad Miraflores en Orocovis, donde se está encuestando a los vecinos para conocer si presentan síntomas y determinar si necesitan hacerse la prueba de coronavirus.

El task force que asesora a Vázquez Garced no ha sido específico en el estimado de muertes a nivel local a causa del COVID-19. No obstante, el doctor Juan Reyes, epidemiólogo del grupo, dijo en intervenciones previas que la cantidad podría rondar en los 16,000 en un escenario donde no se tome ninguna medida preventiva, que no es el caso de Puerto Rico.

Entre las exigencias incluidas en la carta, está la eliminación de la restricción que limita el tránsito vehicular al número de tablilla del vehículo, específicamente por el impacto que tiene en aquellos grupos más vulnerables, como, por ejemplo, entre quienes trabajan de forma informal (fruteras, puestos de verduras), por lo que quedarse en su casa no es una opción.

La Mesa Social reclamó, además, que se conforme un task force social, demanda que también ha esbozado el Colegio de Profesionales del Trabajo Social (CPTS) a través de su presidenta, Mabel López. Al grupo profesional se han unido 58 entidades, incluyendo representantes del tercer sector y grupos filantrópicos.

“Lo más vulnerables han quedado desprovistos e inviabilizados debido a que se ha hecho una sola mirada salubrista. Las personas sin hogar están conglomeradas en sus espacios, pero están desprovistas de todos los servicios que en su mayoría son voluntarios”, sostuvo López.

Muchos de los adultos mayores, por su parte, viven solos y no tienen la capacidad física para moverse. Mientras, las víctimas de violencia de género han quedado atrapadas con su agresor en un mismo techo. “No estamos criticando que se hayan tomado unas medidas particulares, sino que no se han tomado medidas desde otras áreas, como la dimensión social”, planteó López.

Dijo que, tras el reclamo, personal de La Fortaleza se comunicó con ellos, pero al momento no se ha concretizado ninguna propuesta por parte del Ejecutivo. “Hay que tener algún tipo de acción preventiva y acertada con poblaciones que no tienen acceso a servicios, información y a formas sobre cómo protegerse. La inseguridad alimentaria va a estar ahí porque la inyección económica se va a tardar. Tiene que haber una respuesta de cómo vamos a atender la seguridad alimentaria en el país. Va a haber otra gente que va a morir por situaciones sociales como la violencia intrafamiliar si no se atiende la pluralidad de situaciones”, dijo.

Marcos Santana Andújar, presidente de la Red por los Derechos de la Niñez y Juventud, destacó la necesidad de asegurar la alimentación de los niños, muchos de los cuales recibían el plato de comida caliente diario solo en los comedores escolares. “Es un tema que se tiene que atender con premura y que no se resuelve diciendo que los supermercados están abiertos. En nuestro país más de 50% de las familias vive en pobreza y si se suma la pérdida de empleos en el área de salud y negocios no esenciales…el panorama es desolador”, señaló.

Reclamó la aprobación de la Resolución Conjunta del Senado 499 que ordena la apertura de los comedores escolares para la repartición de alimentos, iniciativa que han realizado varios estados que han establecido servicarros. “La crisis no puede ser pretexto para tomar medidas que violenten los derechos humanos”, dijo.

El acceso a alimentos y la distribución de estos de una manera justa y equitativa es también una de las mayores preocupaciones de Carmen Villanueva, líder comunitaria de Hill Brothers en Río Piedras. “Este proceso tiene que ser lógico y de una manera integral donde mires al país sin que una de las piezas quede afuera porque si no seguimos siendo un país sin equidad. La pobreza estaba antes del virus”, expresó.

Sostuvo que hay un gran sector entre la población adulta que no cualifica para recibir cupones para la compra de comida. Sugirió la otorgación de incentivos a pequeños y medianos comerciantes que han tenido que cerrar sus negocios para que confeccionen y distribuyan alimentos entre los más necesitados tomando las debidas medidas de precaución. “Tenemos personas que se dializan todos los días, personas de la tercera edad y jóvenes con cáncer que su pareja trabajaba, pero ahora no está generando ingresos. Nos da miedo por estas personas que pueden llegar a pensar en el suicidio”, dijo.

Villanueva actualmente trabaja una iniciativa junto a la cadena de supermercados Selectos que les ha provisto compras individuales para donación. “No solo es el encerramiento, sino que no hay esperanza. La ansiedad está a flor de piel. La risa se acabó y hay que tener mucho cuidado”, dijo Villanueva al sostener que, de conformarse el task force social, los líderes comunitarios deben tener un espacio.

La directora ejecutiva de Ayuda Legal, Ariadna Godreau, destacó la necesidad de que el gobierno exija, por parte de las instituciones bancarias locales, el establecimiento de moratorias hipotecarias justas y la publicación de herramientas que le permitan al peticionario tomar una decisión informada. Igualmente, reclamó la aprobación de exenciones de 90 días a los arrendatarios privados.

“Una de cada tres personas en Puerto Rico alquila. Por eso estamos pudiendo subsidios de alquiler para que le puedan dar respiro a estas personas”, sostuvo Godreau al diferenciar que sí se concedieron moratorias a los arrendatarios en Vivienda Pública y comunidades especiales.

Adriana Garriga, antropóloga, sostuvo que la crisis no está afectando a todos los sectores de la población por igual y, de ahí, la necesidad de otorgarle otra mirada a la realidad actual.

“La mesa social es bien importante, porque además de tomar medidas para salvaguardar la salud pública, debemos tener en cuenta que las medidas sociales deben amortiguar los efectos en los más vulnerables. No solo es ético sino fundamental para la mitigación de la epidemia”, sostuvo la también profesora de Kalamazoo College en Michigan.

A pesar del panorama crítico que se podría reflejar, Garriga sostuvo que de las crisis surgen oportunidades. Mencionó que podría ser un buen momento para transformar el funcionamiento de la cadena alimenticia y hacer más accesible los productos locales a través de la revalorización de la agricultura.

Las experiencias pasadas, como la vivida tras el huracán María, pueden también ser un factor determinante en este período en términos de la respuesta ciudadana. “Ya sabemos que no podemos esperar a que nos vengan a salvar. Nos tenemos a nosotros mismos, como lo hicimos después de María, como lo hicimos después de los terremotos y como vamos a tener que hacer ahora”, señaló.

“Tenemos la experiencia de saber dolorosamente que estamos solos, aunque haya gente que nos quiera ayudar, pero no van a poder”, dijo al destacar las limitaciones que trae consigo el estatus colonial de la isla.


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