El hijo de 27 años de Elba Guzmán, Kevin Leando Díaz Guzmán, murió por una sobredosis

El 2 de diciembre de 2017 le trajo a Rosa Soto, una maestra de Educación Especial de Humacao, la noticia más temida.

Primero, la novia de su hijo le dijo que este había desaparecido. Después, vinieron los reportes noticiosos de una persona no identificada encontrada muerta en un residencial en Fajardo. Esos reportes trajeron la corazonada, ominosa, estremecedora, que llevó a la mujer a un cuartel de la Policía a preguntar, con el alma saliéndosele por la boca, por el difunto que nadie había podido identificar.

“Por los tatuajes que él tenía pudieron decirme que era mi hijo”, recuerda Soto.

Víctor Banchs, el hijo de Soto, tenía 27 años. Era músico y compositor en el mundo de la música urbana, donde lo conocían como Andy. Vivía con su novia. Llevaba tiempo enfrentando el monstruo de la adicción a drogas.

Había estado alejado de los estupefacientes hasta el huracán María, un par de meses antes de su muerte. Tenía problemas con la novia. Estaba sumergido en las profundidades de una depresión severa.

“Mi hijo no era un adicto de la calle. Era un muchacho común y corriente. Era músico y compositor. Él trabajaba. Simplemente, fue al caserío a buscar una dosis y dicen las personas que se desmayó. Trataron de darle los primeros auxilios, pero la droga que tenía en el cuerpo era más fuerte y lo mató”, dice Soto.

“Fue el único hijo que pude tener”, agrega la mujer.

A más de un año del deceso, la madre no tiene ningún reporte ni informe oficial de la causa de su muerte. Cree que fue una sobredosis de drogas porque eso le han dicho quienes lo vieron inyectarse la droga y morir instantáneamente. Esas personas también le dijeron que otros murieron de sobredosis en el mismo residencial en aquellos días.

Pero el Negociado de Ciencias Forenses no le ha entregado a la madre los resultados de los estudios toxicológicos que permitirían corroborar de qué murió su hijo, a pesar de que llama o visita semanalmente la sede de la institución, buscando respuestas. Para efectos legales, la muerte de Banchs está en la categoría de “pendiente de investigación”. En ningún reporte oficial aparece su muerte como asociada con sobredosis de drogas.

Su caso no es ni remotamente el único.

Personas que trabajan con adictos a drogas en distintos puntos de la isla, familiares de víctimas y hasta la jefa de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), Suzanne Roig, dicen que especialmente en los últimos dos años ha habido un aumento drástico de decesos por sobredosis de drogas en la isla. Pero debido a la profunda crisis operacional que vive Ciencias Forenses, que tarda a veces semanas en hacer autopsias y hasta años en los exámenes toxicológicos de los cadáveres, no es posible para nadie establecer, en este momento, la verdadera magnitud del problema.

Como resultado, Puerto Rico puede estar viviendo una crisis de muertes por sobredosis igual o más grave que la llevó al presidente estadounidense Donald Trump a decretar, en octubre del 2017, una emergencia de salud pública en ese país, donde ese año murieron 72,000 personas por sobredosis de opioides.

No tener la información de Ciencias Forenses “nos crea una limitación bien grande en poder atemperar los recursos y la atención del problema”, dijo la administradora de Assmca, quien en febrero de 2017 declaró una “alerta” por muertes de sobredosis, pero carece de la información para recomendar la declaración de una emergencia o una crisis.

El Nuevo Día informó, el miércoles en la mañana, a la portavoz del Departamento de Seguridad Pública (DSP), al que está adscrito Ciencias Forenses, que trabajaba un artículo sobre este tema, 36 horas antes de la fecha de entrega del artículo. El jueves en la noche, se le enviaron por correo electrónico once preguntas sobre lo planteado en este reportaje. Ningún portavoz del DSP ni de Ciencias Forenses respondió a las preguntas, ni volvió a comunicarse.

“Es como un holocausto"

Los indicios en la calle apuntan a que el problema de muertes por sobredosis ha alcanzado magnitudes insospechadas.

El senador José Vargas Vidot, quien sigue atendiendo adictos los fines de semana con la organización que fundó para esos fines hace décadas, Iniciativa Comunitaria, dijo que en cada una de las rondas que hace su grupo semanalmente se enteran y documentan de “tres a cuatro muertes y a veces hasta seis por semana”.

“Cuando te hablo de tres, cuatro o hasta seis muertes que yo personalmente las he visto, no es que me lo han dicho, es algo que me llama la atención porque yo nunca había visto eso en mi vida y yo llevo 30 años haciendo trabajo en las calles. Ni en los momentos en que había valles de adictos, como en (el residencial Jardines de) Berwind, en Río Piedras, donde podías encontrar hasta 200 o 300 personas metiéndose drogas a la misma vez, había esa cantidad de muertes”, dijo Vargas Vidot.

“El hospitalillo del (residencial) Vista Hermosa está vacío. Ya murieron los usuarios. Es como un holocausto”, manifestó.

Vargas Vidot está seguro de que el problema es mucho mayor de lo que reportan las autoridades. “El que llega a Forenses, que no tiene reclamos de ningún pariente, que murió en una esquina, no es la prioridad en una autopsia”, dijo el senador, quien asegura que mientras más se tarde la realización de una autopsia más difícil es determinar qué sustancias había consumido el difunto.

Rafael Torruella, quien dirige laorganización Intercambios Puerto Rico, que reparte jeringuillas limpias entre usuarios de drogas intravenosas en Luquillo, Fajardo, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Naguabo y Humacao, dijo que su grupo ha detectado aumentos de muertes por sobredosis “por brotes” en algunos de los sitios en que trabaja. “Los usuarios están bien preocupados”, sostuvo.

En San Sebastián, la población está alarmada porque se han producido entre cinco y seis muertes de usuarios a drogas en pocas semanas. El reverendo Víctor Viana, quien dirige la oficina de enlace comunitario y base de fe del municipio, dijo: “Es bien alarmante lo que está ocurriendo”.

Entre los años 2000 y 2015, Ciencias Forenses reportó 4,172 muertes por intoxicación con sustancias controladas. Desde allá hacia acá, las estadísticas son muy escasas, lo cual ha llamado la atención incluso de las autoridades federales, que están alarmadas por la cantidad de muertes en Puerto Rico que permanecen en la categoría de “bajo investigación”, la cual es cinco veces más alta que el promedio en Estados Unidos.

“En comparación con otros estados, el porcentaje de muertes pendientes de investigación en Puerto Rico es muy alto”, dijo Corey Slavitt, portavoz del Centro Nacional de Estadísticas de Salud de Estados Unidos.

Slavitt indicó que cada año, a nivel de Estados Unidos hay entre 4,000 y 6,000 muertes pendientes de determinar la causa. En el 2017, 806 de esas muertes correspondían a Puerto Rico, lo cual fue atribuido al paso del huracán María en septiembre de ese año.

“Para la mayoría de los estados, el porcentaje de muertes por investigar es muy pequeño, de menos de 0.5%. En Puerto Rico, en el 2017, es un poco más de 2.5%”, agregó Slavitt, quien precisó que no existe certeza de cuántas de esas muertes corresponden a sobredosis de drogas.

En el 2017, el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD) reportó 612 intervenciones con personas en sobredosis a las que pudo salvar. Hasta el 12 de octubre del 2018, ese número iba por 488.

Los números reportados por NMEAD son de los que son atendidos por servicios de ambulancia en toda la isla, que según los expertos son apenas una ínfima parte de los que se ven afectados por sobredosis.

La llegada del fentanilo

Los estudiosos de este problema atribuyen el aumento en las muertes a la presencia en la isla de fentanilo, un opioide sintético de gran potencia, fabricado mayormente en China, que es recetado legalmente para tratar dolores severos como los asociados con las etapas avanzadas del cáncer. Por su potencia, el fentanilo se está mezclando con heroína, cocaína y hasta marihuana para venderse ilegalmente en puntos de droga.

El fentanilo es entre 50 y 100 veces más potente que la heroína y la morfina. Hasta un gramo en exceso puede matar a una persona, lo cual es un enorme riesgo cuando se trata de mezclas hechas en laboratorios clandestinos, por personas que no tienen ninguna preparación en química ni en farmacología.

“Hay gente experimentando con fentanilo, pero no saben cuánto ponerle”, sostuvo Torruella, el líder de Intercambios Puerto Rico.

El grupo de Torruella hace rutinariamente pruebas a la parafernalia que usan los usuarios para inyectarse, con el propósito de documentar qué sustancia está consumiendo su clientela; hasta el 97% de los artefactos han dado positivo a fentanilo. “Pero ellos creen que están consumiendo heroína”, dijo Torruella.

“El que vende fentanilo no tiene idea de la potencia de lo que está vendiendo”, agregó, por su parte, el senador Vargas Vidot.

El director de la Administración para el Control de Drogas (DEA, en inglés) en Puerto Rico, A.J. Collazo, dijo a El Nuevo Día que la droga se detectó por primera vez en Puerto Rico en el 2017, en cargamentos procedentes de la República Dominicana.

Pero Ciencias Forenses registró las primeras muertes en el 2015: cuatro. En el 2016, fueron ocho; en el 2017, subieron a 60; y en el 2018, iban por 40 hasta que, en marzo, la máquina que tiene Ciencias Forenses para detectar la sustancia se averió, sin que pudiera ser reparada en el resto del año.

Reparar la máquina costaba $500,000 que la agencia no tenía, dijo a medios de comunicación, en octubre del año pasado, el secretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera.

El miedo mayor

La primera vez que Elba Guzmán, una profesora de Consejería de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Arecibo, oyó la palabra fentanilo fue el 3 de agosto de 2017. Ese día, había ido corriendo al Hospital Dr. Susoni de Arecibo, porque le dijeron que allí se encontraba su único hijo, Kevin Leandro Díaz Guzmán, de 27 años, de quien no sabía desde el día antes.

Al llegar, el joven estaba muerto, en el asiento del pasajero de un carro, en el área de emergencias.

“Después de que uno tiene hijos, uno siempre vive con un miedo y con esa tensión de que a mis hijos no le pase nada. Ese es el peor temor, el miedo más grande que uno tiene. Y el miedo mayor que yo tenía, pasó”, cuenta Guzmán.

“Cuando a uno le pasa eso, uno queda en estado de shock, porque el cuerpo se protege. Puedo decir que estuve en estado de shock por más de tres meses”, agrega.

Díaz Guzmán tenía un bachillerato en Artes Gráficas y estudiaba una maestría en Gestión Cultural en la UPR en Río Piedras. La madre sabía que tenía problemas con el alcohol hacía algún tiempo, pero lo estaba manejando y hasta poco antes de su muerte desconocía que también usaba drogas.

Todo fue demasiado rápido.

Un día, llegó a su casa cabeceando, lo cual ella interpretó como un síntoma de uso de heroína. Cuando el hijo se durmió, le rebuscó la ropa y le encontró, entre otras cosas, un polvillo blanco. Ella creyó que era cocaína, pero él ledijo que eran “pastillas molidas”. Ella de inmediato lo encaminó a buscar ayuda. Lo obligó a ir a un siquiatra y el muchacho fue, pero, según la madre, “no se sinceró”.

Cinco semanas después, estaba muerto. “Éramos él y yo solos. Yo soy hija única también. Él es hijo único. Él era mi ‘partner in crime’. Mi mamá decía: ‘Ustedes no parecen madre e hijo, parecen hermanos’. Me hace mucha falta. Mucha falta”, dice Guzmán.

Un año después de la muerte, y después de una larga lucha que incluyó la intervención del personal de ayuda al ciudadano de la oficina de la comisionada residente Jenniffer González, Ciencias Forenses por fin le entregó a Guzmán los resultados de las pruebas toxicológicas realizadas al cuerpo de su hijo: al momento de morir, en su sistema había alcohol, alprazolam (un fármaco contra la ansiedad mejor conocido por su nombre comercial de Xanax), el opioide conocido como Oxycontin, cocaína y fentanilo.

“La cantidad de fentanilo era suficiente para matarlo”, dijo Guzmán, que recordó entonces la conversación que había tenido con uno de los agentes en la escena de muerte de su hijo, quien le dijo que el fentanilo estaba causando estragos en puntos de drogas en Arecibo.

“El llanto y el grito que yo tuve mientras leía (el informe sobre la muerte) era más o menos tan desgarrador como el que yo tuve cuando mi hijo murió. Era volver a revivir la experiencia. Todos los demás órganos de mi hijo estaban completamente saludables. Por un error de juicio murió un niño que tenía tanto talento, tanto futuro, tantos sueños y tantas ilusiones”, agregó la mujer.

Guzmán se ha convertido en una activista contra las muertes por sobredosis, recabando información, haciendo contacto con otras madres que han pasado por lo mismo y tratando de crear conciencia para que se atienda este problema. “No se están contando los que están muriendo de esto”, asegura.

La larga agonía que ha vivido Guzmán está apenas empezando para Evelyn Velázquez, bibliotecaria de la UPR en Humacao, cuyo hijo, Sergio Guerra Velázquez, de 26 años, murió de una sobredosis el pasado 28 de septiembre.

El joven, que había empezado la universidad dos veces, pero la dejaba por sus problemas con las drogas, estuvo un año en el centro cristiano Hogar Nueva Vida, por órdenes de la corte. Apenas dos semanas después de salir, murió en un hospitalillo.

“Fue un shock”

“Llevaba dos semanas nada más fuera del hogar. Pensaba que del hogar venía con unas armas nuevas, con un entendimiento nuevo. Estaba haciendo unos planes con su novia. El domingo anterior, había ido a la iglesia. Había entregado su alma al Señor. De verdad que fue un shock porque había estado haciendo todas esas cosas. Pero después pienso que él se estaba preparando para partir”, dijo Velázquez.

Por la tardanza de Ciencias Forenses, el deceso del hijo de Velázquez no aparece tampoco en ninguna estadística por sobredosis. No la llamado nadie de Ciencias Forenses, ni de la Policía y ni siquiera del Hogar Nueva Vida. “Esinsólito”, dice la mujer.

El senador Vargas Vidot tiene presentado un proyecto, que no ha sido aprobado, para intentar manejar esta situación. La medida propone una campaña de prevención de muertes por sobredosis, incluyendo en los hospitalillos; adiestrar a policías, rescatistas, bomberos y otros ciudadanos no profesionales de la salud en el manejo de sobredosis y, más importante, que se permita la distribución de naloxone, un antagonista del opiáceo mercadeado bajo lamarca Narcam, que, aplicado en el momento en que la persona experimenta una sobredosis, puede salvarle la vida.

Vargas Vidot dice que el proyecto no le costaría al gobierno, pues Assmca ya tiene el dinero mediante las asignaciones federales como consecuencia de la declaración de emergencia de salud pública decretada por el presidente Trump. Roig confirmó que ya tiene naloxone y que apoya el proyecto.

“Con el Narcam, te podemos salvar la vida”, dijo Roig.


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