José Román, alcalde de San Lorenzo. (GFR Media)

José “Joe” Román, presidente de la Asociación de Alcaldes, indicó este jueves que si la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) pretende recuperar el dinero que dejaron de pagar los municipios con la anulación de la Ley 29, debe exigirle el pago al gobierno central y no los ayuntamientos.

Román explicó que el reclamo de cobro de la JSF debe ser al gobierno central que fue el ente demandado en el Tribunal Federal lo que provocó que se declarara nula la legislación, que eximía a los pueblos de aportar al plan de salud y retiro.

“Nosotros no somos parte de la demanda. A quien la Junta demanda es al gobierno de Puerto Rico. Por ende, quien tiene que responder sobre la Ley 29 es el gobierno de Puerto Rico. Si el gobierno de Puerto Rico quisiera cobrarle a los gobiernos municipales, tendría que ir al tribunal para solicitar así el que se le pague ese dinero que le corresponde a los gobiernos municipales”, dijo Román en conferencia de prensa junto a otros alcaldes asociados.

Además, el alcalde argumentó que cada municipio ya pagó el retiro de sus empleados y en cuanto a la aportación al plan de salud del gobierno, dijo que se trató de una imposición.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, emplazó a la gobernadora Wanda Vázquez Garced a que haga cumplir su palabra de que ayudaría a los municipios. Recordó, además, que los municipios no deben sus respectivas deudas, sino que sus préstamos no solo están al día sino que están prepagados por un año.

Destacó que el fallo de nulidad establecido por la jueza federal Laura Taylor Swain, “no le pide a nadie que pague nada. La Junta de Supervisión Fiscal, en un acto caprichoso, abusador y prepotente le dice a los municipios y el CRIM (Centro de Recaudación de Ingresos Municipales) tienen que pagar el dinero que el gobierno les dio para cumplir con sus obligaciones”.

Aquí el que debe es el gobierno central. La gobernadora tiene que cumplir su palabra. A ver si es capaz de hacer algo bien. Ella dijo que le iba a resolver este problema a los municipios. Ahora que ponga su dinero en su palabra”, apuntó la alcaldesa quien es miembro de la Junta de Gobierno del CRIM.

Luego de que se declarara nula la Ley 29, la JSF exigió a la Junta de Gobierno del CRIM pagar $198 millones que los municipios dejaron de pagar. El ente a cargo de las finanzas de la isla precisa que el dinero provenga de los $132 millones en transferencias del Estado a los municipios, lo que dejaría un balance de $66 millones.

Esos $66 millones serían pagados con otras fuentes de ingresos, también especificadas por la JSF.

Los alcaldes asociados dejaron claro que no están de acuerdo con lo que llamaron medidas “impuestas” por la JSF.

“Eso lo estableció (Natalie) Jaresko. Eso no lo establecimos nosotros”, destacó Cruz.

Román emplazó a la gobernadora a reunirse con los alcaldes “para hablar un mismo idioma”.


💬Ver 0 comentarios