La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez; el alcalde de Arecibo, Carlos Molina; y su homólogo en Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez, estuvieron entre los ejecutivos municipales presentes ayer en La Fortaleza. (GFR Media)

El impacto que pueda tener el paso del huracán Dorian por los estados de Florida y Georgia en la distribución de los fondos de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) en la isla añade un grado de preocupación e incertidumbre entre los alcaldes, que a dos años del impacto del huracán María siguen sin recibir ese dinero.

“Tenemos una situación con el huracán Dorian, un fenómeno catastrófico para toda la zona de la Florida. ¿Qué implicaciones tiene eso con los fondos de Puerto Rico? No sabemos, y ese ‘no sabemos’ se queda como un elemento de incertidumbre, y nuestros conciudadanos no pueden estar en incertidumbre”, reconoció el alcalde de Toa Baja, Bernardo “Betito” Márquez.

“Es importante trabajar de manera solidaria, porque estamos apenas en septiembre, y es el pico de la época de huracanes”, agregó.

Un grupo de alcaldes, tanto del Partido Nuevo Progresista (PNP) como del Partido Popular Democrático (PPD), se reunió ayer con la secretaria de la Gobernación, Zoé Laboy, para discutir el retraso en el desembolso de los cerca de $20,000 millones en fondos CDBG-DR asignados a la isla.

“La gobernadora (Wanda Vázquez Garced) lo dijo desde un principio, ella está buscando resultados. Sabemos que hay situaciones con los fondos federales, particularmente con los que tienen que ver con recuperación”, dijo Laboy al llegar a la Mansión Ejecutiva.

Como resultado de la reunión, se acordó mejorar los canales de comunicación entre los gobiernos municipales y el Departamento de la Vivienda, que administra el dinero, y analiza la viabilidad de que los municipios con más de 50,000 habitantes (catalogados como entitlement) reciban directamente parte de esos fondos, según permite la Ley 162 de 2018, que puso en manos de la agencia el manejo del dinero.

“Eso se va a discutir con Vivienda… Que esos fondos CDBG-DR puedan llegar a esos municipios que tengan las estructuras y que puedan manejar a nivel de consorcio algunos de esos proyectos”, expresó el alcalde de Caguas, William Miranda Torres.

Los fondos CDBG-DR buscan promover la reconstrucción y rehabilitación de viviendas afectadas por los huracanes Irma y María.

Según cifras del gobierno, en la isla, hay unas 30,000 familias con casas cubiertas por toldos azules. En Caguas, hay cerca de 250 familias viviendo en esas condiciones.

“Todavía no hemos tenido ni un solo centavo… En cuanto a los fondos de reconstrucción, yo no sé cuántos nos tocan ni a qué se le va a dar prioridad”, reconoció el alcalde de Arecibo, Carlos Molina, líder de la Federación de Alcaldes, que agrupa a los ejecutivos novoprogresistas.

A través de su portavoz de prensa, Leticia Jover, el secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, afirmó que han cumplido con todas las fechas y requisitos establecidos por el Departamento de Vivienda federal (HUD, en inglés).

“Nos encontramos esperando por la firma del ‘grant agreement’ (acuerdo), lo cual dará paso al desembolsodel segundo ‘tranche’ (porción) y el comienzo de algunos de los programas que contiene el plan de acción enmendado”, expresó Gil Enseñat.

El alcalde de San Lorenzo, José “Joe” Román Abreu, también presidente de la Asociación de Alcaldes, que reúne a los populares, recalcó la importancia de mejorar la comunicación con Vivienda para también aligerar el desembolso de los fondos CDBG dirigidos al desarrollo de infraestructura.

Los fondos CDBG asignados a municipios con menos de 50,000 habitantes eran administrados por la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM), pero su transferencia a la Oficina de Desarrollo Comunitario y Socioeconómico (ODSEC) y, posteriormente, a Vivienda ha retrasado su repartición.

“Al desmantelar OCAM y pasar a ODSEC, los documentos no están disponibles, y esto crea el que Vivienda tenga que estar solicitando estos documentos a los municipios cuando ya estaban sometidos”, señaló Román Abreu.

Alegó que, a esa situación, se suma el que haya un supuesto tranque entre HUD y Vivienda estatal que ha impedido que los fondos lleguen a los municipios.

“Los fondos están en Vivienda, pero, para que se puedan desembolsar, tiene que haber una autorización”, indicó, en referencia a la partida de CDBG de unos $25 millones que se distribuiría entre unos 40 pueblos.

Como parte de la discusión, también se abordó la importancia de enviarle un mensaje al Congreso de que el gobierno de la isla está trabajando las cosas correctamente tras la salida de Ricardo Roselló Nevares de la gobernación y los arrestos de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y la ex directora ejecutiva de la Administración de Seguros de Salud (ASES) Ángela Ávila.

La alcaldesa de Ponce, María “Mayita” Meléndez, indicó que la semana próxima viajaría a Washington D.C. en busca de refuerzos. “Obviamente, esto no puede seguir retrasándose, ya llevamos dos años“, puntualizó la alcaldesa.


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