Pedro Pierluisi señaló ayer que el Senado ya no puede evaluar su nombramiento como secretario de Estado, pero destacó que tiene “todo el derecho de expresarse” sobre su incumbencia en la gobernación. (Ramón “Tonito” Zayas)

Ante las dudas que rodean la llegada de Pedro Pierluisi a la gobernación, todo apunta a que será el Tribunal Supremo -y no el Senado- el que dilucide si debe permanecer en La Fortaleza.

Demanda interpuesta en el T... by El Nuevo Día on Scribd

El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, dio anoche el primer paso en esa dirección al presentar ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan un recurso de sentencia declaratoria e injunction preliminar y permanente para que Pierluisi deje de inmediato de ocupar el cargo y ejercer las funciones de gobernador.

El líder senatorial reclama, entre otras cosas, que se declare nula la juramentación de Pierluisi del pasado viernes y que se establezca que, para que un secretario de Estado pueda ocupar la gobernación ante una vacante absoluta, necesita ser confirmado por ambas cámaras legislativas.

Rivera Schatz solicitó que se cite una vista de injunction “a la mayor brevedad posible” para dirimir la controversia.

“El Senado de Puerto Rico -quien se ha visto afectado de manera irreparable en sus prerrogativas constitucionales de consejo y consentimiento- no tiene otro remedio en ley para evitar que este continúe ejerciendo dichas funciones sin que el Senado hubiera ejercido previamente dicha facultad constitucional”, indica la demanda presentada por Rivera Schatz a nombre del Senado.

“No albergamos duda de que la parte demandante tiene altas probabilidades de prevalecer en este pleito, ante las actuaciones nulas que conllevaron la juramentación y ocupación del puesto de gobernador por parte del licenciado Pierluisi”, añade.

En el pleito, figuran como demandados el gobierno de Puerto Rico, por conducto de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez, y Pierluisi en su capacidad de gobernador juramentado.

Aunque Pierluisi dijo ayer que el Senado tiene derecho a “expresarse” sobre su incumbencia en la mansión ejecutiva, más temprano en el día cuestionó la capacidad legal de ese cuerpo legislativo para votar sobre su permanencia en el cargo.

A diferencia del viernes -durante su primera comparecencia pública tras juramentar como gobernador- Pierluisi no precisó ayer si renunciaría al puesto si no recibe el aval senatorial. En aquel entonces, indicó que, si ese fuera el caso, dejaría que Vázquez asumiera la gobernación por ser la próxima en la línea de sucesión.

“Quiero dejar claro que no he dado ningún reversazo a la postura que expresé anteriormente. En el día de hoy (ayer), fui consistente en mis expresiones sobre la posición que ocupo. Debido a que ya juramenté al cargo de gobernador, en este momento no existe secretario del Departamento de Estado que esté sujeto al consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico”, afirmó en declaraciones escritas.

“Sin embargo, igual que dije el pasado viernes, este cuerpo legislativo tiene todo el derecho de expresarse sobre mi incumbencia”, añadió, en el parte de prensa emitido después de las 6:00 p.m.

Cancelan la comisión total

El Senado se había convocado para hoy, a las 11:00 a.m., en Comisión Total para evaluar el nombramiento de Pierluisi a la secretaría de Estado. No obstante, esa audiencia fue cancelada anoche, según consta en una comunicación del secretario del Senado, Manuel Torres. Pierluisi había adelantado que no acudiría.

En cambio, la sesión extraordinaria, citada a las 3:00 p.m., para atender la designación se mantenía anoche en pie.

Si el Senado me ratifica, seré gobernador hasta el 2020. Si el Senado no me ratifica, seré gobernador hasta el próximo miércoles”, dijo Pierluisi el viernes desde el Palacio de Santa Catalina. La sesión luego fue adelantada para hoy, lunes.

Ayer, sin embargo, en una improvisada rueda de prensa, sus expresiones fueron otras cuando se le preguntó si abandonaría el cargo de no ser confirmado.

¿Se reafirma usted en que, de no favorecerle la votación en el Senado, se retiraría del cargo como dijo el viernes?, preguntó El Nuevo Día cuando el gobernador juramentado llegó a la mansión ejecutiva poco después de la 1:00 p.m.

“Es que veremos si se da tal votación porque, como acabo de decir, realmente al yo ser gobernador no hay una base legal para llevar a cabo una votación”, respondió Pierluisi.

“Realmente es una vista para ellos mismos, porque, como he dicho en varias ocasiones, no procede una confirmación del gobernador. Lo que hubiera procedido era una confirmación del secretario de Estado, pero esa silla en propiedad ya no está ocupada”, dijo Pierluisi.

Reconoció que hay un debate legal sobre si procedía su juramentación al cargo que dejó vacante el viernes, a las 5:00 p.m., el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Pierluisi asumió la gobernación utilizando como base legal la Ley 7 del 1952, según enmendada en el 2005, que establece que no será necesario que el secretario de Estado sea confirmado por ambas cámaras legislativas para asumir la gobernación de manera permanente.

El ex comisionado residente argumenta que, al ser nombrado en receso como secretario de Estado y advenir la vacante de gobernador, le correspondía juramentar al cargo. No obstante, algunos juristas entienden que la Legislatura no estaba en receso, pues ya Rosselló Nevares había convocado una sesión extraordinaria.

Anticipa díaen corte

Pierluisi insistió en que, como las leyes se presumen constitucionales, en referencia a la Ley 7 que contiene la enmienda del 2005, lo “justo”, “razonable” y “prudente” es que los tribunales decidan si la juramentación procede o no. Dijo que espera que, en el proceso, medie la necesidad de darle estabilidad a Puerto Rico

“Yo lo que le pido a todos, incluyendo, sí, a los tribunales en Puerto Rico, incluyendo a nuestro más alto tribunal (el Supremo), que si esta controversia llega ante la Rama Judicial… que todos pensemos en Puerto Rico primero, que todos recordemos que lo queremos es un gobierno seguro, un gobierno estable, un gobierno en buenas manos”, señaló.

La alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz, adelantó desde el viernes que retaría la juramentación de Pierluisi hoy por la vía judicial.

Sin los votos

El Nuevo Día supo ayer que Pierluisi no tiene los votos necesarios para su confirmación en el Senado. De la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP), solo cuatro legisladores han manifestado que están dispuestos a darle su voto.

“No veo cómo puede tener los votos. Han puesto banco de llamadas ciudadanas a hacer presión y enviado mensajes de texto, pero yo no veo un cambio”, dijo una fuente consultada.

A diferencia de la Cámara, sostuvo la misma fuente, la influencia de un alcalde no es tan poderosa en el Senado. “En la Cámara, tú no recibir el apoyo de un alcalde puede ser vida o muerte, y esa influencia afecta mucho su forma de votar”, reconoció.

Pero, del lado de Rivera Schatz, también hay presiones. El Nuevo Día supo que el líder senatorial amenaza con cancelar contratos y quitar comisiones a los senadores que voten a favor de Pierluisi.

En un sondeo informal realizado la semana pasada por este medio, la senadora penepé Migdalia Padilla y su correligionario Nelson Cruz habían confirmado que votarían en contra de Pierluisi. Mientras, los senadores Carlos Rodríguez Mateo, Miguel Romero y la senadora Zoé Laboy habían expresado la necesidad de escuchar al nominado antes de tomar una determinación.

El Reglamento del Senado no establece un número específico para la confirmación de un nominado, sino que dice es “la mayoría de los senadores siempre que haya quórum”.

O sea, de estar los 30 senadores presentes, Pierluisi necesitaría 16 votos a su favor. De haber 29, ya que la senadora Margarita Nolasco renunció a su escaño legislativo para ocupar la dirección de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA), el nominado necesitaría 15 endosos.

“Pero, sean 15 o 16 votos, la ruta es bien empinada”, dijo la fuente.

Las renuncias, según el Código Político, son efectivas transcurridos 15 días.

Sin “nada” que considerar

Entre la delegación del Partido Popular Democrático (PPD), la mayoría entiende que el Senado no tiene nada ante su consideración hoy, pues las circunstancias por las cuales fueron convocados a una sesión extraordinaria dejaron de existir cuando Pierluisi juramentó a la gobernación.

“Mañana (hoy), no hay nada que el Senado pueda validar pues no hay secretario de Estado. Por culpa de los juegos políticos inmaduros, malas mañas y estrategias deshonestas del presidente del Partido Nuevo Progresista, Thomas Rivera Schatz, el Senado perdió la oportunidad de atender el nombramiento de Pedro Pierluisi en el momento que le tocaba”, afirmó el portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia.

“El resultado de la inacción en el Senado es la incertidumbre que prevalece en Puerto Rico sobre la legitimidad de su alegado ‘gobernador’”, añadió en declaraciones escritas.

Bhatia había indicado el viernes que evaluaba junto a un grupo de abogados la posibilidad de acudir ante el Tribunal Supremo a impugnar la juramentación de Pierluisi a la gobernación, y ayer dijo que tienen el “recurso legal listo, pero su contenido y los hechos cambiarán en función de lo que pase” hoy en la Cámara Alta.

La senadora popular Rossana López estimó que, si el Senado procede con la votación sobre el nombramiento de Pierluisi, ese proceso sería nulo.

“No hay nada por lo cual votar. Hay que abrir la sesión y cerrarla porque, para lo que fuimos convocados, la posición ya no existe”, sostuvo la legisladora.

El portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, Juan Dalmau, coincidió en que la Cámara alta no puede considerar el nombramiento, pero dijo que votaría en contra si presentan alguna resolución para que el cuerpo legislativo exprese si avala o no la permanencia de Pierluisi en la mansión ejecutiva.

“Aquí, lo que ha ocurrido, más que un proceso de sucesión constitucional, es el anticipo de una primaria partidista. Pierluisi juramentó como gobernador para cerrarle el paso a Thomas Rivera Schatz”, opinó Dalmau.

No fue posible obtener ayer comentarios del senador independiente, José Vargas Vidot, quien temprano la semana pasada había manifestado su rechazo a que Pierluisi fuera el sustituto de Rosselló Nevares.

Alcaldes no intervienen

Cuestionados sobre la legalidad del proceso seguido por Pierluisi para asumir la gobernación, un puñado de alcaldes del PNP dejaron ayer en manos de los juristas cualquier controversia futura.

“No voy a entrar en eso. Vinimos aquí citados a una reunión de trabajo con el gobernador y te tengo que decir que salimos satisfechos”, dijo el presidente de la Federación de Alcaldes, Carlos Molina, al concluir el encuentro celebrado en La Fortaleza.

La federación agrupa a los ejecutivos municipales del PNP. La Asociación de Alcaldes, que reúne a los populares, dijo que se reunirían con Pierluisi al concluir el proceso en el Senado.

Molina, también alcalde de Arecibo aseguró, además, que como parte de la reunión, Pierluisi no les solicitó que ejercieran presión sobre los senadores para promover su figura. “Esto fue una reunión estrictamente de trabajo”, afirmó.

En la reunión, participaron 14 de los 33 alcaldes de PNP, aunque solo siete bajaron al intercambio con la prensa.

El alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, no eludió el tema y opinó que el proceso senatorial pautado para hoy no procede porque ya Pierluisi “juramentó como gobernador de acuerdo a la Constitución y a la ley (7 del 2005)”.

“Si él es gobernador, no hace sentido que vaya a una vista de confirmación para un secretario de Estado... Lo que hizo él (juramentar para gobernador) no necesita ratificación”, expresó.

Entre los temas abordados en la reunión de los alcaldes, estuvo la Ley 29-2019, que exime a los municipios del pago de la aportación al plan médico del gobierno y el sistema de retiro PayGo. No obstante, Molina no especificó cómo logrará su validez ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF).

“Sabemos que si la Ley 29 no se pone en vigor, prácticamente por la Junta, causaría un gran impacto a muchos municipios y esa era una de las grandes preocupaciones”, dijo el alcalde de Cataño, Félix Delgado, quien reconoció la intervención de Senado en todo el proceso.

El grupo de alcaldes anticipó que será necesario para los alcaldes volver a reunirse con la JSF para abogar por la Ley 29.

Sobre los vínculos de Pierluisi con el ente federal, Molina dijo que esa relación “puede ser mejor” para lograr acuerdos para beneficiar al país.

Además del intercambio con los alcaldes, Pierluisi se reunió ayer con parte del componente fiscal. En el cónclave, participó el nuevo director de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3), Ottmar Chávez; el secretario de Hacienda, Francisco Parés Alicea; y la directora de la oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Iris “Chiqui” Santos.


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