La gobernadora Wanda Vázquez. (GFR Media)

Cuatro de las aseguradoras municipales, que por décadas apoyaron al gobierno garantizando sus emisiones de bonos, le salieron al paso a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) al señalar que el nuevo acuerdo con los bonistas del gobierno central es un escollo a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico.

En una declaración conjunta, Ambac Financial Group (NYSE: AMBC), Assured Guaranty Ltd.(NYSE:AGO) y sus subsidiarias, National Public Finance Guarantee, filial de MBIA Inc. (NYSE: MBI) y Financial Guaranty Insurance Company (FGIC) indicaron que se opondrán al nuevo acuerdo suscrito por la JSF y rechazaron que el mismo evite un litigio prolongado, como ayer aseguró la directora ejecutiva del organismo fiscal, Natalie Jaresko.

Incluso, las aseguradoras hicieron un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez Garced y a la Legislatura a que no respalden el acuerdo, pues este dejará a la isla inmersa en un litigio y con toda probabilidad, quedará excluida del capital que necesita para desarrollar su infraestructura en los años venideros.

Las aseguradoras que suscriben la declaración tienen unos $12,200 millones de exposición a Puerto Rico y aunque ahora se oponen al nuevo acuerdo, antes favorecieron la reestructuración de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina).

Según la declaración, el RSA pactado con ciertos bonistas de Obligaciones Generales (GOs en inglés) y con tenedores de la deuda de la Autoridad de Edificios Públicos (PBA, en inglés) es el producto de “un proceso deficiente”, en el cual la JSF no les incluyó. Esto, a pesar de que las aseguradoras municipales han provisto apoyo financiero a Puerto Rico por largo tiempo.

“Más aún, el RSA falla en respetar los derechos de los acreedores establecidos en ley, prioridades y gravámenes en violación de (la ley federal) Promesa y en particular, descarta abiertamente, protecciones constitucionales básicas, requisitos del plan fiscal y obligaciones tanto hacia los GOs como a los bonos de ingresos especiales”, indicaron las aseguradoras municipales.

“Los principales arquitectos y beneficiarios del RSA son fondos de cobertura de riesgo, que arrebataron los bonos (de la isla) de las manos de bonistas individuales y entidades que han apoyado a Puerto Rico de durante largo tiempo (muchos de estos, retirados en Puerto Rico), pagando centavos de dólar”, indicaron las aseguradoras.

Dos miembros de la JSF votaron en contra del pacto

El pasado domingo, la JSF anunció que llegó a un acuerdo con tenedores de unos $8,000 millones en bonos de GOs y PBA, lo que permitiría radicar un nuevo plan de ajuste para el gobierno central. Los tenedores acordaron recibir entre 72% y 75% del principal que prestaron a Puerto Rico, a cambio de que la JSF reconozca la validez de sus acreencias (antes identificadas como nulas) y les conceda en primer derecho de cobro en relación a otros acreedores.

Este lunes, en una rueda de prensa, se le preguntó a Jaresko acerca del proceso de votación del acuerdo que llevaron a cabo los directivos de la JSF. La ejecutiva indicó que el acuerdo se aprobó por mayoría y que el organismo fiscal no detallaba los votos de sus integrantes.

Empero, el profesor experto en bancarrota e integrante de la JSF, David Skeel, indicó en su cuenta de Twitter que decidió votar en contra del nuevo acuerdo porque en este quedaban varios “cabos sueltos”.

El Nuevo Día supo que la experta en Finanzas Públicas y ahora principal figura en la transformación del sistema eléctrico de California, Ana Matosantos, también votó en contra del acuerdo.


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