El ingeniero Carlos Pesquera. (GFR Media)

Los lineamientos administrativos y de financiamiento que han sido puestos en su lugar para lograr el cometido por el que fue nombrado asesor ayer el exsecretario de Obras Públicas Carlos IgnacioPesquera son pocos.

La gobernadora Wanda Vázquez designó al excandidato a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista para asistirla en la implantación de mitigación de riesgo de daños causados por terremotos en instalaciones públicas.

Pesquera insistió en que su rol será el de gerente del programa y, aunque no ha firmado contrato, anticipa que el primero pudiera ser de $50,000 hasta el 30 de junio.

La firma de Pesquera, Capital Improvements Program Management, tiene un contrato vigente por $541,000 con el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) por Servicios de Inspección. Además, desde el inicio del 2019, obtuvo contratos gubernamentales ascendentes a poco menos de $3 millones con los municipios de Ponce, Orocovis, Toa Baja, Camuy y Las Marías.

En todos estos casos, las cifras son los topes por los que la compañía puede facturar y no representan, necesariamente, el total facturado, recalcó Pesquera.

El costo de los trabajos para el proyecto de mitigación sería distribuido entre las diferentes firmas de construcción la isla, pero el andamiaje administrativo para concederlos tampoco está listo, aunque él prefiere que sea a través de la Autoridad de Financiamiento de la Infraestructura (AFI).

“Voy a estar a cargo de la gerencia del programa para la mitigación de riesgos por daños causados por terremotos en facilidades públicas. Ese es el alcance amplio de la encomienda y, al mismo tiempo, estaré a apoyando a la gobernadora a nivel personal con temas relacionados de infraestructura. Pero la meta principal es poner en marcha un programa para reducir los riesgos en las facilidades públicas como consecuencia de los terremotos”, dijo Pesquera en entrevista con El Nuevo Día.

Al explicar más a fondo las mejoras a realizarse, y cuya primera fase será en escuelas públicas, Pesquera recalcó que las mejoras de mitigación lo que buscan es evitar la pérdida de vida humana y “minimizar” la posibilidad del colapso de estructuras.

“Daños siempre habrá, pero lo que se quiere es evitar la pérdida de vida humana”, destacó.

Uno de los principales retos del programa es definir los criterios a ser utilizados en las estructuras resilientes, es decir, las expectativas que se buscarán alcanzar con las mejoras estructurales a realizarse o la capacidad que tendrán las estructuras para soportar un sismo.

“Tenemos que llegar a un consenso profesional de cuál es el criterio que vamos a exigir en estas estructuras y cómo se van a comportar durante un sismo. Habrá diferentes puntos”, sostuvo Pesquera.

“Pero hay que enfocarnos en salvar vidas y evitar colapsos. Hay que establecer qué significa eso en términos prácticos para dar esa instrucción al diseñador para que coja esa estructura, la modele y me diga que con esto y esto otro que le hago cumple con el criterio que ya se definió. Ese es el criterio y tiene que ser estándar para todas las escuelas en Puerto Rico”. añadió.

Pesquera dijo que se aplicarán criterios y métricas que también se utilizan en países propensos a terremotos como Chile, Japón y el estado de California, en Estados Unidos.

Según el Colegio de Ingenieros de Puerto Rico, alrededor de 500 escuelas tienen un defecto que se conoce como una columna corta, que provoca que la estructura colapse con un terremoto de mayor intensidad. En síntesis, es la práctica de colocar una pared que impide que las columnas oscilen al momento de un temblor, lo que provoca que colapsen. La Autoridad de Edificios Públicos, AFI y la Oficina de Mejoramiento de Escuelas Públicas (OMEP) estarán encargadas de inspeccionar las 856 escuelas en uso. En el caso de OMEP, ha contratado a cinco firmas para realizar ese trabajo.

El martes, el Departamento de Educación detalló que 24 escuelas tenían daños en su infraestructura a causa del aumento en la actividad sísmica que ha afectado, mayormente, municipios de la zona sur. Tres días después, la agencia aún no ha actualizado esa cifra.

A preguntas, Pesquera indicó que el tema de las columnas cortas es una de sus principales prioridades y que quiere conocer qué medidas de mitigación se han utilizado en otros países para atender el problema. “Es posible que un problema como ese, tan conocido, tenga una solución bastante clara y definida”, dijo.

La agenda

Pesquera indicó que el verano será crucial para el programa.

“Los meses de junio y julio ofrecen una ventana de oportunidad. Lo que quisiera lograr en este verano es atender las facilidades más críticas y esas son las escuelas”, sostuvo. “Se trata de los casos en que puedes hacer mejoras con poca inversión, pero logras mucho…. las escuelas que requieran algo más, que no se pueda hacer en el verano, pues eso se tiene que programar con el DE porque tienes que hacer cambios en el funcionamiento escolar”, dijo.

Pesquera, de hecho, está coordinando las inspecciones que se están realizando actualmente en las escuelas. “Esa primera evaluación es documental y es posible que podamos tener una idea clara de dónde están las escuelas más vulnerables, pero hay que determinarlo y probarlo. Eso es lo que se va a hacer en los próximos dos meses, febrero y marzo, para tener una idea clara de cuales son las estructuras prioritarias para atender y el criterio que se va a utilizar al realizar las labores de rehabilitación y que sea uniforme”, dijo.

El costo

Este asunto es el más incierto del programa, aunque Pesquera insistió en que el dinero tiene que aparecer. Reconoció que el esfuerzo será costoso al tomar como posible punto de partida que las mejoras, solamente en las escuelas, podrían oscilar entre $1 millón y $5 millones por plantel.

Pesquera sí reconoció que el costo podría superar los $1,500 millones utilizados para el plan de mejoras del sistema de acueductos y alcantarillados ejecutado tras la venta de La Telefónica en la década del noventa.

“Puerto Rico ha llegado a la conclusión de que esto es prioritario y hay que buscar recursos, ya sean locales, sean los recursos guardados para pagar la deuda o fondos federales para atender esto con urgencia. Entiendo que el tema de los recursos es fundamental y significativo”, dijo.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó este martes que el gobierno de Puerto Rico utilice el dinero separado en la Reserva del Fondo de Emergencia para atender la emergencia ocasionada por el terremoto de 6.4 grados ocurrido en la madrugada del martes.

“Ese programa de AFI (de los noventa) nos da una idea de la magnitud y lo que un esfuerzo como este puede costar… cada estructura puede necesitar de $1 millón a $5 millones y el problema es que lo tienes que multiplicar por cada escuela. Es una cantidad significativa y ahí viene el compromiso que Puerto Rico tiene que demostrar con este asunto”, dijo Pesquera, quien aclaró que esa cifra no es para lograr que estructuras en pies cumplan con los códigos de construcción vigentes, sino para evitar la pérdida de vidas.


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