Rafael Rojo, presidente de Bonistas del Patio. (semisquare-x3)
Rafael Rojo, presidente de Bonistas del Patio. (Juan Luis Martínez)

La organización Bonistas del Patio abogó este lunes en favor del plan de ajuste de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante, señalando que el plan ofrece una solución “justa y razonable” para los acreedores.

El plan representa un avance positivo en la recuperación a largo plazo de la economía de Puerto Rico porque allanará el camino para futuros acuerdos de restructuración para otras deudas gubernamentales y alentar la inversión económica en la isla”, indicó en declaraciones escritas, Rafael Rojo, presidente de la junta de directores de la organización que alega representar unos 60,000 bonistas residentes en la isla.

Si se confirma el plan, los tenedores de bonos de Cofina, comenzarán a recibir nuevamente pagos regulares del servicio de la deuda, a razón de una recuperación de 93% para los bonos principales y 56%, los (bonos) subordinados, en un período de tiempo relativamente corto, que quizás será tan pronto como a principios de 2019”, agregó el empresario al señalar que el acuerdo es mejor que continuar con la incertidumbre que supone un litigio acerca de la validez de esa deuda como un instrumento asegurado, cuya fuente de repago el Impuesto a la Venta y Uso (IVU).

En tanto, el director ejecutivo de la organización y otrora presidente del Banco Gubernamental de Fomento (BGF), Jorge Irizarry, el plan de ajuste pondría fin al período de especulación que han experimentado los bonos Cofina, cuando se trafican en el mercado secundario.

Las declaraciones de la organización surgen en momentos en que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) debe presentar un informe del estatus del proceso de consulta del plan de ajuste de Cofina durante la audiencia general de este mes. De igual forma, el llamado a respaldar el plan se produ ce luego de que el ente fiscal presentara al tribunal una moción para objetar miles de reclamaciones de bonistas de Cofina. Estas fueron radicadas en el tribunal como parte del proceso de reclamaciones que se requiere en procesos de bancarrota.

Desde la perspectiva de la JSF, entidad que según la ley federal Promesa, actúa en nombre de Cofina como deudor, tales reclamaciones deben rechazarse porque estas supondrían una doble reclamación, habida cuenta que algunos bonistas estarían ya representados en reclamaciones agrupadas radicadas por casas de inversioneso el síndico de la deuda de la entidad.

Los méritos del plan

De acuerdo con la organización, a la fecha, la incertidumbre asociada con el proceso judicial en torno a Cofina solo ha resultado en pérdidas para los bonistas locales, uno de los grupos que más deuda poseen de ese emisor.

Aunque no se indicó de dónde procede el dato, la organización explicó que el año pasado, los bonistas locales de Cofina vendieron casi $1,000 millones en tales instrumentos, reduciendo la tenencia local a unos $3,800 millones.

Para la organización, otro elemento que merece respaldar el pacto, es que la legislación que se aprobó a favor de la reestructuración de la deuda de Cofina, establece que la nueva deuda estará “garantizada por un nuevo gravamen legal sobre los fondos del IVU” y Cofina contará con una nueva junta directiva “independiente” del gobierno.

La JSF y el gobierno buscan el aval de los acreedores mientras economistas y expertos creen que el gobierno no podrá honrar el plan de ajuste de la deuda de Cofina. Ello, porque en el plan fiscal se consideran superávit presupuestarios, es decir, sobrantes luego de que el gobierno cubre sus gastos, que descansa en proyecciones económicas demasiado optimistas.


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