Vázquez participó de la Primera Cumbre de Política Fiscal y que se celebró en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. (GFR Media)

En los próximos dos meses, la administración de la gobernadora Wanda Vázquez Garced tendrá que identificar sobrantes equivalentes a unos $70 millones para poder honrar el bono de Navidad que, por ley, tienen derecho a recibir los servidores públicos.

Sin embargo, mientras los jefes de agencias y corporaciones públicas discutían en el Centro de Convenciones de Puerto Rico las necesidades presupuestarias de cada dependencia, las limitaciones del plan fiscal y las exigencias para no sobrepasar los gastos programados, no se tenía una idea clara de dónde saldrá el dinero.

“Es un sobrante adicional que tenemos que generar”, manifestó Omar Marrero, principal oficial financiero del gobierno central durante una conferencia  de prensa junto a la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

El presupuesto actual, impuesto por la JSF en julio, provee para generar un sobrante de $2,600 millones. El uso de este dinero, sin embargo, está restricto. Por ejemplo, parte de este sobrante se guardará para pagar deficiencias presupuestarias en años futuros, según se proyecta en el plan fiscal vigente. Del mismo modo, se separan $175 millones para una reserva que asegure el pago de las pensiones de los jubilados del servicio público. También se han separado partidas para el fondo de emergencia ($130 millones) y para pagar la deuda pública del gobierno.

“Además está el compromiso de que cualquier sobrante adicional vaya a mitigar el recorte a las pensiones”, dijo Marrero. Con esto hacía alusión al acuerdo entre la JSF con el Comité Oficial de Retirados que provee para que los pensionados que reciben cheques mayores de $1,200 al mes sean objeto de ajustes a sus jubilaciones que no deberán sobrepasar el 8.5% de sus ingresos.

El presupuesto vigente impuesto por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), ente que por disposición congresional controla las finanzas del gobierno de Puerto Rico, no cuenta con un dinero reservado para el pago del bono de Navidad. Este es el segundo año que el organismo no presupuesta este beneficio marginal, bajo el argumento de que es un gasto que se puede recortar y que no va acorde con las mejores prácticas laborales en los Estados Unidos.

El economista José Alameda explicó que el problema con esta visión de la JSF es que concibe el bono como un beneficio discrecional y no como complemento del salario de los trabajadores puertorriqueños.

“El bono es parte del salario. Ya hay una dependencia del trabajador a esa compensación de la Navidad y el comercio también es dependiente porque siempre se espera algún tipo de aumento en ventas”, dijo Alameda.

El economista indicó que se estima que cerca del 95% del bono de Navidad entra a la economía mediante el consumo, principalmente de bienes duraderos.

“Esto tiene un efecto multiplicador en la economía... Creo que el problema es que a los que no han crecido bajo este sistema se les hace difícil entender este concepto”, dijo Alameda.

Sobrantes y necesidades

El gobierno no solo tiene que generar ahorros para pagar el bono de Navidad. La gobernadora reconoció que existen algunas necesidades particulares en algunas agencias. Indicó, por ejemplo, que ya han tomado medidas para atender las deficiencias presupuestarias en el Departamento de Educación, pero los ajustes hasta ahora son insuficientes para cubrir toda la necesidad de $123 millones por lo que siguen en la tarea de identificar partidas adicionales que se puedan reprogramar.

“El secretario de Educación ha hecho el ejercicio del presupuesto para identificar partidas para hacer ajustes y pedir los cambios a la JSF (para reprogramar fondos). Se han hecho peticiones, pero no es por la cantidad completa. Estamos mirando otras partidas para hacer otras peticiones”, dijo Vázquez Garced.

Del mismo modo, ante preguntas de la prensa, la mandataria dijo estar consciente de la necesidad de recursos en la Oficina de la Procuradora de las Mujeres, especialmente en la contratación de oficiales examinadores que revisan las quejas que recibe la dependencia.

“Sé que necesitan oficiales examinadores. La oficial examinadora es la que va a evaluar las quejas de las perjudicadas en la Oficina de la Procuradora. Es indispensable en el proceso de evaluación de la Oficina”, sostuvo Vázquez Garced, quien dirigió esa oficina hasta el 2016. Las expresiones de la funcionaria fueron durante una rueda de prensa sobre el evento llamado Primera Cumbre de Política Fiscal y que se celebró en el Centro de Convenciones de Puerto Rico. 

La cumbre contó con la participación de la mayoría del liderato administrativo en el gobierno. La meta general, dijo la mandataria, es que cada uno de los jefes de agencia conozca detalles sobre la realidad fiscal, los nuevos procesos que se están implantando, y la necesidad de mantenerse dentro de los límites de gasto sin poner en riesgo la prestación de servicios.

“Lo que hemos enfatizado es el cumplimiento del presupuesto. Desde el 1 de julio todos conocen el presupuesto asignado y cada partida… lo importante es que no se afecten los servicios que se ofrecen al pueblo. Aquellos que tengan alguna deficiencia que lo diga con tiempo para que, en unión al CFO (principal oficial financiero) se puedan presentar los planteamientos para que sean aprobados (por la JSF)”, sostuvo la gobernadora.


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