Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. (Ramón “Tonito” Zayas)

El presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, Juan Oscar Morales, decidió que no celebrará vistas adicionales, públicas o privadas, sobre el escándalo de venta de pruebas de coronavirus al gobierno, acción que libra a la empresa 313 LLC de rendir cuentas sobre la controversial transacción de $3.6 millones que concretó con el Departamento de Salud.

313 LLC ha estado menos en el ojo público que Apex General Contractors, cuyos directivos en medio de la mortal pandemia celebraron el trato de $38 millones que consiguieron con el gobierno, también para la venta de pruebas rápidas para detectar el COVID-19. Pero el acuerdo de 313 LLC, aunque de menor cuantía, genera dudas.

La empresa 313 LLC fue fundada en el 2018 por personas vinculadas al Partido Nuevo Progresista (PNP) como una firma dedicada principalmente a la tecnología y la informática. Pero el pasado 18 de marzo, con el COVID-19 comenzando a arreciar en Puerto Rico, cambió sus propósitos corporativos al área de productos médicos y en menos de una semana después había hecho ventas por $3.6 millones a Salud.

Contrario a Apex, 313 LLC recibió como adelanto el 100% del monto de la compra. La empresa vendió a Salud la prueba llamada Nova Test a $36 y $45. Una investigación de El Nuevo Día reveló que esas pruebas se consiguen directo del fabricante chino AtlasLink por menos de $3, sin necesidad de intermediarios. 313 LLC dice que las obtuvo de la empresa mexicana Zogen Genética Molecular, que afirmó en una declaración publicada en su país que nunca ha hecho ninguna venta a 313 LLC.

Según dijo Morales, si bien personal de 313 LLC o su representación legal no presentó documentos sobre transacciones y mensajes internos relacionados a sus compras con el gobierno, la Comisión de Salud sí ha recibido documentos suficientes para llegar a una conclusión, que no adelantó.

Los tengo. Tengo evidencia. No te puedo decir lo que tengo, pero tengo órdenes de compra, emails y vamos a evaluar qué pasó con eso”, dijo Morales.

Ricardo Vázquez, uno de los socios fundadores de 313 LLC, que representó a la empresa en las negociaciones con el gobierno, estaba citado el lunes ante la Comisión, pero no se presentó, argumentando que colabora con las pesquisas “de otras entidades” sobre este asunto, según dijo Morales. El mismo argumento de que está cooperando lo dio Robert Rodríguez, dueño de Apex, pero se presentó a la vista. Fue interrogado en privado, aunque básicamente todo el testimonio se filtró.

El lunes, Morales dijo que pensaba citar a Vázquez so pena de desacato, pero ahora cambió de opinión.

Ya llevamos 11 vistas y hemos tenido más de 15 testimonios. La Comisión ya está en posición y tiene la evidencia para emitir un informe final”, dijo Moral al insistir en el plazo estimado de “varias semanas” para radicar el documento.

El representante recalcó que entiende que no es necesario citar a Vázquez a declarar.

“No es necesario”, contestó al indicar que su abogado tampoco lo ha hecho. “Cuando nos sentamos ayer evaluamos si era necesario citarlo. Evaluamos la orden de compra irregular y determinamos que no era necesario citarlo y que con los documentos que teníamos podíamos concluir cómo se dio el proceso de la orden de compra. Así se consignará en el documento final”, sostuvo Morales.

“A base de lo que tenemos, es suficiente”, insistió Morales.

Sin embargo, Morales ausculta citar a una reunión privada a Alex López Echegaray, asesor de La Fortaleza en asuntos legislativos, y a Willie Vega, empleado del Senado con quien Rodríguez López se comunicó con la intención de tener acceso al presidente de ese cuerpo, Thomas Rivera Schatz. También evalúa citar a un encuentro privado a algunos de los testigos que comparecieron ante la comisión legislativa.


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