En una vista del Senado, un grupo de conductores expresó sus reclamos de seguridad con la compañía de transporte.

Tres choferes de la empresa Uber relataron esta mañana una larga lista de deficiencias en las operaciones de la empresa que, según ellos, les perjudica en diferentes áreas, incluyendo su seguridad.

Durante una vista senatorial en la que se evaluó el proyecto del senador Miguel Laureano que busca prohibir el pago con efectivo en este servicio, el consenso entre los choferes citados fue que la empresa no respeta a sus conductores, la atención que reciben en las oficinas de la compañía es ineficiente, son penalizados por rechazar viajes y no se ha cumplido con una serie de beneficios prometidos, como descuentos por gastos en gasolineras y por mantenimiento de sus vehículos.

“Nada de eso aplica a Puerto Rico”, dijo la chofer Xiomara Delgado, a promesas de descuentos por gasolina y cuidado del vehículo.

Delgado denunció que durante el fin de semana del 10 y 11 de agosto, teléfonos de choferes de la compañía fueron hackeados, lo que provocó el atraso en el pago de nómina.

“Cuando voy a utilizar la opción de ‘Help’ en la aplicación para reportar esta actividad extraña, no me pudieron contestar”, dijo al explicar que la empresa Uber no cumple con una serie de servicios a los choferes por considerar a Puerto Rico una jurisdicción de América Latina y no de Estados Unidos. “Puerto Rico está en un limbo”, dijo.

Cuando Delgado fue a la sede de la empresa en el edificio Cobian’s Plaza, de Santurce, le recomendaron que cambiara su teléfono.

En días recientes se anunció que tres choferes de Uber, víctimas de carjackings, estarían presentes en la vista, pero ninguno acudió a la audiencia.

Delgado contó que Uber ha descontinuado una serie de medidas de seguridad, como enviar un mensaje al celular si la unidad no se mueve en dos minutos. Se quejó sobre la práctica de la empresa de desconectar a choferes si rechazan viajes, planteó que la opción del botón en la aplicación para llamar al Sistema de Emergencias 9-1-1 no es práctica y denunció que otra opción que le permite compartir sus viajes con allegados no funciona.

“No vemos ni la foto del cliente ni sabemos a dónde se dirige la persona, ni la cantidad de pasajeros hasta que los tenemos montados. No sé ni el nombre ni si se trata de un viaje con pago de efectivo. El cliente puede ver mi perfil desde antes de montarse. Deberían ser más proactivos, no reactivos”, indicó y señaló que también hay mucho desconocimiento sobre la cobertura de la póliza que ofrece la compañía.

Otro chofer, Santiago Aldrich López, acusó a Uber de colocar en riesgo la vida de los choferes.

“La opción de aceptar o no aceptar cash sería tan fácil como apretar un botón”, sostuvo.

“Sé que se mueve mucho el efectivo”, dijo al recordar que del 20% al 30% de los viajes en Uber se pagan de esa manera. “Impactaría bastante nuestro bolsillo, pero si no se hace de esa manera hay que obligar a la empresa a hacer algo proactivo, no después de que ocurre”, dijo.

Según estadísticas de la Policía, un total de 13 conductores de Uber han sido víctimas de carjacking en lo que va de año. La empresa minimiza la cifra argumentando que representa el 4% de todos los carjackings en Puerto Rico, aunque la compañía sólo tiene presencia en 25 pueblos.

Aldrich López, vecino de Caguas y quien utiliza a Uber como su único sustento, también tuvo quejas por el trato en las oficinas centrales. “En Cobian’s Plaza siempre hay peros, no hay explicaciones concretas”, dijo.

Manuel Cuba es chofer de Uber hace tres años y dijo que tan pronto se enteró que la empresa comenzaría a aceptar pagos en efectivo en agosto del 2017 supo que los robos y carjackings contra trabajadores como él aumentarían.

De hecho, contó que fue víctima de un episodio de terror al entrar a un residencial público, donde individuos enmascarados lo recibieron con armas largas.

“Se pararon frente al vehículo preguntándome a dónde venía, a quién iba a buscar”, contó el hombro. “Me alumbraron con un ‘flashlight… estaban armados con rifles y me asusté. Me hicieron abrir el baúl, verificaron si tenía un arma”.

Según Cuba, le escribió a Uber para dejarles saber lo ocurrido.

“Ellos no entendían eso”, dijo. “A raíz de eso comencé a cancelar viajes en lugares peligrosos y me desconectan de la plataforma. Cuando exponía esas preocupaciones en las  oficinas de Uber, no me resolvían”, agregó al hombre al describir las comunicaciones de la empresa como “amenazantes”.

Se defiende Uber

En una ponencia leída por Asdrúbal Vargas Vázquez, a cargo de política pública de Uber para Centroamérica y el Caribe, el ejecutivo repasó las medidas de seguridad que, a juicio de la empresa, les hacen justicia a los conductores. Destacó el botón de seguridad para hacer llamadas al Sistema 9-1-1 y cómo ese botón también permite que se pueda trazar el viaje del conductor. Insistieron también en otras medidas a ser implantadas, como el que el chofer conozca la antigüedad del usuario en la plataforma y su destino final.

“Esta medida fue probada con muy buenos resultados en países como Brasil y el equipo de operaciones está trabajando arduamente para poder habilitarla muy pronto en Puerto Rico”, dijo Vargas Vázquez, quien sostuvo que la compañía también realizó mesas redondas con conductores.

Una de las alternativas que propusieron los choferes para salvaguardar su seguridad fue ordenar a los usuarios a presentar algún tipo de identificación a ser registrada cuando abordan el vehículo. Sin embargo, en la vista pública, Laureano trajo a colación como otra funcionaria de Uber, Thelma Britton, le dijo que esa opción sería eliminada en Brasil porque no funcionó.

“No estamos cerrados a la posibilidad, pero tenemos que entender que eso significa un compromiso de las autoridades a hacer públicos sus bases de datos de los ciudadanos”, dijo el Vargas Vázquez.

El ejecutivo, de otra parte, insistió en la necesidad de aceptar efectivo.

“Es por ello que, respetuosamente, sostenemos que es necesario otro enfoque de política pública para atender el problema de seguridad en Puerto Rico, razón por la cual nos ponemos a la disposición para contribuir con nuestra experiencia y aportar al esfuerzo que ustedes están haciendo para promover soluciones”, dijo Vargas Vázquez, cuyo lenguaje fue mucho menos tajante que el plasmado en una ponencia, también distribuida a la prensa y firmada por Ian P. Carvajal, representante legal de Uber en Puerto Rico.

En el documento, Carvajal sostiene que si “el cash es el problema” su uso debe ser prohibido a otras modalidades de transporte. Expresó que la eliminación del efectivo supuestamente violaría la Ley 42-2015 que requiere que todo establecimiento provea al menos dos alternativas pago, que hacerlo por internet o pago directo “dependen de un nivel de sofisticación tecnológica” y dijo que esta prohibición implicaría violaciones a la Constitución de Estados Unidos y la de Puerto Rico al privarle a la empresa el debido de proceso de ley limitándole la opción de aceptar efectivo.

El abogado dijo también que a Uber se le privaría de gozar del derecho constitucional de igual protección de las leyes.

Vargas Vázquez sí reconoció que los choferes en Puerto Rico necesitan “más herramientas para tomar una decisión correcta de aceptar un viaje en particular”.

“Tenemos que hacer mucho más con la plataforma para transmitir las ideas (a los choferes)”, dijo.

El Negociado de Transporte y Otros Servicios Públicos (NTSP), que tiene jurisdicción directa sobre redes de transporte como Uber, se expresó a favor de prohibir uso de efectivo, pero dejó la puerta abierta para que esa prohibición no entre en efecto si la empresa cumple con ciertas condiciones.

La comisionada asociada Iris Guilloty dijo que el instrumento que tiene la empresa para validar la identidad de un usuario, que resulta ser la red social Facebook, “no es un método confiable”, por lo que favorecen la prohibición del efectivo.

De hecho, el NTSP planteó que las Empresas de Red de Transporte (ERT) en Estados Unidos no aceptan pagos en efectivo.

“Entendemos que es una solución inmediata, positiva que podrá reducir el número de incidentes violentos con conductores ERT”, dijo.

Pero, acto seguido, la funcionaria aclaró que la prohibición que se busca podría ser revertida.

“Si logramos identificar al usuario y (los choferes) se sienten cómodos, quizás no tenemos que prohibir como tal el efectivo, pero eso es una sugerencia”, dijo Guilloty.

Sobre las denuncias de los conductores la funcionaria indicó a El Nuevo Día que “estoy tomando notas de los planteamientos, que son importantes, son serios y tenemos buena comunicación con la Comisión”

“Podemos tomar unas medidas para asegurarnos de que haya mejor comunicación y quizás exigirle a la empresa un foro más confiable para recibir comentarios”, añadió.

El Negociado propuso como enmienda a la medida que se le brinde información al chofer información sobre el cliente y su destino y el que estos “socios conductores” puedan rechazar o aceptar viajes sin ser penalizados.  

De igual forma se hicieron enmiendas a su reglamento del NTSP para tratar de atender el problema de seguridad, como la prohibición, que entró en efecto el 30 de agosto, a la colocación de avisos, tarjetas, cartelones, rótulos o cualquier materia que no sea transparentes en el parabrisas delantero, parabrisas laterales, o ventanas laterales o traseras para anunciarse como conductor de Uber.

“Esto, como preámbulo a la aprobación de la segunda fase del Código de Reglamentos del NTSP, el cual incluye una prohibición total de cualquier tipo de rotulación que aluda a alguna ERT”, dijo Guiloty.

Mientras, Laureano reiteró en que insistirá en prohibir el uso de efectivo.’

“Voy a insistir con la prohibición del efectivo”, dijo. “No voy a permitir el riesgo del efectivo. Es la punta de lanza del problema”, dijo al reconocer que esa prohibición, por si sola, va a frenar la racha de carjackings contra conductores de Uber. Reconoció, por ejemplo, que estos robos de vehículo a mano armada se ejecutan también para obtener una unidad que puede ser cometida para otros delitos.

El senador independentista Juan Dalmau Ramírez, de hecho, describió a los choferes Uber como “ATM ambulantes”.

Laureano insistió en que Uber tiene la tecnología para hacer los cambios y permitirles a los usuarios pagar haciendo débitos directores de sus cuentas de ahorro.

Por su parte, Dalmau Ramírez describió las medidas de seguridad tomadas por Uber como un intento de dar la “apariencia de seguridad”.

“El uso del efectivo es el síntoma de un problema mayor que se ha traído sobre el tapete. Esta empresa tiene una noción perversa de cómo hacer negocios en Puerto Rico.  Preparan los contratos de adhesión y los prepara una parte y los choferes los aceptan o no o aceptan. Son socios choferes, con nombre bonito.  O cumplen con su reglamento y punto o no se ganan la vida”, dijo el senador independentista.

“Y no hay debido proceso sin son disciplinados”, agregó.

“Como es un negocio fundamentado en una necesidad, en un país con una crisis económica… o se aclimatan o se aclimatan. Es una manera de hacer negocios que ha producido lo que hemos visto”, finalizó.


💬Ver 0 comentarios