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Cirilo Tirado. (GFR Media)

La andanada de críticas contra la Oficina del Panel sobre Fiscal Especial Independiente (Opfei) arreció ayer cuando el senador popular Cirilo Tirado radicó un proyecto de ley para eliminar esta dependencia.

Tirado ha sido consistente, por años, en sus intenciones en eliminar la entidad, que ha sido blanco de todo tipo de ataques, particularmente desde el viernes, cuando tres de sus fiscales fracasaron en radicarle cargos criminales a la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez.

Vázquez acusó a la Opfei de fabricarle un caso por violaciones éticas y del Código Penal.

La pieza legislativa de Tirado identifica un mecanismo alterno para procesar criminalmente a funcionarios con la creación de lo que se conocería como un Procurador Contra Delitos a la Función Pública, adscrito al Departamento de Justicia.

Este funcionario, que devengaría un salario de procurador (alrededor de $75,000 anuales), sería nominado por el gobernador o gobernadora al seleccionar de una terna nutrida por las facultades de Derecho, la Academia Puertorriqueña de la Jurisprudencia y Legislación, el Colegio de Abogados y Abogadas y la Asociación de Abogados.

El nominado necesitaría los votos de tres cuartas partes, tanto del Senado como de la Cámara de Representantes, para ser confirmado.

El procurador o procuradora tendría que tener un mínimo de 15 años de experiencia en la profesión legal y su término será de 10 años.

“Insisto nuevamente en que el FEI tiene que ser eliminado porque ha caído en un sistema arcaico del lucro personal para las personas que trabajan en la oficina, como los fiscales y los mismos miembros del panel”, declaró Tirado en entrevista con El Nuevo Día.

El senador popular reconoció que no cree que la medida tenga mucho apoyo dentro de la mayoría penepé.

Recordó las posturas públicas del presidente del cuerpo legislativo, Thomas Rivera Schatz, a favor de la Opfei, creada en 1988 como una entidad separada del poder ejecutivo para procesar a funcionarios. Sobre ese tema, el líder senatorial dijo el lunes a la prensa que se ocupará “de otras cosas”.

Ante este escenario, Tirado le envió una carta al presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, instándolo a abrir un debate público sobre nuevas propuestas “más ágiles y efectivas”.

El gobernador Ricardo Rosselló también se ha expresado a favor de examinar el funcionamiento de la Opfei.

El presidente cameral dijo el lunes que radicará una resolución de investigación para evaluar el funcionamiento y la estructura de la Opfei, pero ayer no reaccionó a la carta de Tirado.

Las funciones del propuesto procurador serían evaluar e investigar todo caso bajo su jurisdicción referido al Departamento de Justicia y tendría que referir el resultado de su pesquisa con recomendaciones a un panel de tres exjueces seleccionados mediante un sorteo.

Tendrían jurisdicción sobre figuras como el gobernador, secretarios y subsecretarios de departamentos, jefes y subjefes de agencias, directores y subdirectores de corporaciones públicas, alcaldes y miembros de la Asamblea Legislativa, entre otros funcionarios.

Los exjueces deberán haber cesado funciones dentro de un periodo de cinco años.

El nuevo procurador realizaría investigaciones que emanen de información bajo juramento, informes parciales o finales de la Legislatura, informes de la Oficina del Contralor, informes de la Oficina de Ética Gubernamental y otras agencias de gobierno.

Le tocaría al panel de exjueces determinar si procede o no la radicación de cargos y decidir si serán presentados por el procurador, un fiscal del Departamento de Justicia o un procurador externo.

En el caso de imputaciones al titular del Departamento de Justicia, el querellante podrá someter la información directamente al panel de exjueces y, si el referido llega directamente al Departamento de Justicia o al procurador, deberá ser referida en cinco días laborables al panel.

En cuanto a la suspensión o destitución de alcaldes, el proyecto ordena la creación de un Consejo Evaluador de Suspensiones y Destituciones también integrado por exjueces.

El consejo entraría en funciones si se encontrara causa para arresto por delito grave, por delito contra la función pública o contra el erario o delito menos grave que implique depravación moral.


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