La Comisión le solicitó al DCR la cantidad de casos positivos y negativos, así como en espera de resultados, de toda la población correccional, incluyendo a confinados, oficiales de custodia y otro personal. (GFR Media)

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El secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Eduardo Rivera Juanatey, aseguró que responderá todos los requerimientos de información de la Comisión de Derechos Civiles, en relación con la respuesta de la agencia al COVID-19 en las cárceles del país.

“En ningún momento, hemos rechazado (responder) ni existe la necesidad de ir a un tribunal para entregar la información”, afirmó Rivera en entrevista con El Nuevo Día, al responder a los señalamientos de la Comisión.

El director de la Comisión, Ever Padilla Ruiz, no descartó, el miércoles, acudir a los tribunales si el secretario de Corrección “insiste en negarle información sobre los procesos que ha seguido la agencia para garantizar la salud de los confinados en momentos que Puerto Rico enfrenta la pandemia por COVID-19”.

Pero el titular de Corrección aseguró que, a inicios de esta semana, fue cuando recibió un correo electrónico con los requerimientos de Padilla.

Según un comunicado de la Comisión, el organismo le envió, el martes, al DCR las peticiones de información o "habeas data", solicitando el número de pruebas de COVID-19 realizadas hasta el momento.

Además, se le solicitó al DCR la cantidad de casos positivos y negativos, así como en espera de resultados, de toda la población correccional, incluyendo a confinados, oficialesde custodia y otro personal.

“Aunque desde el inicio de la pandemia, específicamente desde el 17 de marzo, hemos intentado mantener comunicación con el secretario y/o su equipo de trabajo, no hemos recibido respuesta alguna”, aseguró Padilla Ruiz.

El documento legal también solicita las directrices emitidas sobre la continuidad de servicios médicos y de salud para personas privadas de libertad con enfermedades crónicas. La Comisión le concedió al DCR un término sin prórroga de diez días para someter la contestación. Ese periodo vence el viernes próximo.

“Me parecen expresiones desafortunadas y a destiempo. Mi equipo de trabajo sí ha mantenido comunicación en todas y cada una de las instancias en que la Comisión ha requerido información desde el día uno”, respondió el secretario, al tiempo que mencionó con fechas varias de las instancias en que su agencia respondió a requerimientos de información.

“El 10 de abril y el 16 de abril la secretaria asociada de mi Departamento le dirigió correos electrónicos atendiendo una situación que él (Padilla) solicitó sobre un confinado específico. El 8 de abril, una de mis ayudantes especiales le trabajó una solicitud de traslado de un confinado que vino por medio de una abogada de la Comisión, quien se mostró incluso –tengo el email– sumamente agradecida por la gestión del Departamento”, relató.

Buscan respuesta a denuncias de familiares

La Comisión de Derechos Civiles –que de ordinario recibe querellas que provienen de los confinados y sus familiares– también solicitó las estadísticas sobre atención de los servicios médicos ofrecidos mediante “sick calls” durante el toque de queda ordenado por la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Asimismo, incluyó otros requerimientos como el inventario de órdenes de compra y el récord de la distribución de material desinfectante, mascarillas y guantes por institución, las querellas administrativas radicadas desde el 15 de marzo de 2020 hasta el presente y las medidas para mantener las comunicaciones de los familiares con los confinados.

“Nos sigue llegando información con relación a las intervenciones que hace el personal de Corrección que no se limita a los oficiales de custodia, también población civil, empleados de los distintos programas, que no tienen suficientes medidas de protección personal como son guantes, desinfectante de manos y las máscaras para hacer las intervenciones y las inspecciones dentro de las celdas”, explicó el licenciado.

Sobre los productos de prevención, el secretario respondió que “en un principio, como llegó tan poco (material), se fue repartiendo y se iba muy rápido, pero de manera proactiva hicimos una serie de órdenes de compra y al día de hoy no hay escasez para nada ni de mascarillas, ni de guantes ni de desinfectantes en ninguna de las instituciones del país”. Rivera argumentó que tiene una persona en su equipo destacada en atender los señalamientos de los familiares de los confinados. “Se les está dando semanalmente a los confinados productos desinfectantes”, añadió Rivera.

Preocupación por los confinados con condiciones médicas

El 26 de abril, de otra parte, el licenciado Diego Alcalá Laboy, quien es abogado criminalista y experto en reformas de justicia criminal, publicó un informe con recomendaciones para el DCR ante el COVID-19 en las cárceles, basado principalmente en denuncias públicas y un cuestionario dirigido a familiares de personas privadas de libertad que se publicó a través de Facebook, y fue respondido por 501 personas.

En el cuestionario, familiares de confinados señalaron problemas de higiene y desprotección en los centros de detención en la isla. El documento apunta que, ante la falta de información disponible relacionada a los riesgos de salud en la población correccional, los resultados del cuestionario y las denuncias identificadas, “nos permiten hacer una aproximación más cercana a las situaciones presentes en el sistema correccional”.

Aunque el cuestionario no pretende ser una muestra representativa de toda la población penal, del grupo participante se desprende que 69% de los confinados tienen al menos una de las condiciones médicas identificadas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) como de alto riesgo ante el COVID-19. Asimismo, un 25% de ellos sufre más de una de las condiciones de alto riesgo ante el novel virus.

“Estamos preocupados por la salud...porque padece de asma crónica, más tiene problemas en un pulmón. Él tuvo juicio para salir bajo palabra, pero por unas clases de psicología que no le han brindado no pudo [salir]”, denunció un familiar en el cuestionario, sobre la situación de un confinado.

La licenciada Maritza Luna, presidenta de la Comisión de Personas Privadas de Libertad del Colegio de Abogados y Abogadas, sostuvo que los individuos con condiciones de alto riesgo deben ser removidas de las cárceles de forma preventiva o Corrección debe probar que están tomando las medidas necesarias para atenderlos adecuadamente. Señaló que urge más información por parte de Corrección.

Por ejemplo, aunque en el portal cibernético de Corrección están disponibles los documentos sobre protocolos, “no se sabe si eso lo están implementando, entonces la falta de comunicación de lo que se está haciendo y de lo que está pasando en la agencia… no se sabe qué es lo que realmente está ocurriendo”, sostuvo.

De igual modo, además de maximizar la administración de pruebas de COVID-19 en las cárceles, el informe concluye que “debe nombrarse un comisionado especial independiente, para velar por el cumplimiento del plan de prevención y mitigación”. También hace un llamado de urgencia a la transparencia, sobre todo con los propios confinados y sus familiares.

“Debe mantenerse informada a la población privada de libertad, a los familiares de éstos y a la población en general sobre los resultados de las pruebas y las medidas que se están adoptando para prevenir y mitigar el contagio”, plantea el documento.


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