(semisquare-x3)
El municipio de Las Marías es uno de los que menos población tiene, con apenas unos 8,874 habitantes, según los estimados del Negociado del Censo de 2017. (GFR Media)

Una persona que viva en Orocovis y quiera reclamar algún asunto ante el Departamento de Educación, puede que tenga que llegar a las oficinas de la agencia en Bayamón. Si necesita un certificado de buena conducta, deberá acudir a Aibonito y, si tiene que tramitar algún asunto asociado al Programa de Asistencia Nutricional, es posible que tenga que conducir hasta Ponce.

Cada agencia tiene a Orocovis como parte de una región distinta en su distribución de oficinas.

Actualmente, las entidades gubernamentales definen sus regiones según el criterio que mejor satisface sus necesidades. Por ejemplo, hace casi 20 años, la Policía reformó sus áreas para que coincidieran con las regiones judiciales. De este modo, los agentes de una región no tenían que estar presentando casos en dos o hasta tres tribunales distintos.

La variedad de divisiones territoriales es amplia. La Autoridad de Acueductos y Alcantarillados divide sus trabajos en cinco regiones operacionales (Norte, Sur, Oeste, Este y Metro), mientras que el Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres utiliza 11 zonas para poder operar (Aguadilla, Mayagüez, Arecibo, Ponce, Vega Baja, Comerío, San Juan, Guayama, Caguas, Humacao y Ceiba).

Se trata del mismo principio que debería regir cualquier tipo de reformulación de los gobiernos municipales, como urgió el miércoles el gobernador Ricardo Rosselló Nevares, ante los retos fiscales que enfrentan tanto los ayuntamientos como el gobierno central. Dicho de otro modo, las tareas que se deleguen a las regiones o condados deben definir los limítrofes que se impongan.

Rosselló Nevares advirtió, el miércoles, que los municipios quedarían inoperantes dentro de cinco años si no se cambia el sistema bajo el cual funcionan. Sobre la mesa están tres alternativas: la creación de condados o regiones, la consolidación de gobiernos municipales o la fundación de consorcios intermunicipales.

“Para qué y qué es lo que se persigue con la creación de condados y con estas divisiones nuevas que se crearían. Mientras no tengamos eso definido no hay forma de darle forma a esto. Si es para recoger la basura y celebrar las fiestas patronales puedes tener 78 municipios, pero si quieres que a nivel municipal se haga otra cosa, tienes que plantearte qué es lo que se delegará a los municipios y qué es lo que dejará de hacer el Estado para entonces ver qué forma regional es la que más conviene”, explicó el catedrático jubilado en administración pública, Mario Negrón Portillo.

“Aquí cada agencia tiene su manera de dividir el país en regiones. Cada cual tiene su criterio… Lo que se tiene que definir es para qué serán los condados. ¿Es para administrar la salud, las carreteras o el recogido de la basura? Por ahí es que se empieza”, dijo, por su parte, la demógrafa Judith Rodríguez.

La motivación 

La motivación, hasta ahora, es puramente fiscal. Según la última versión del plan fiscal de octubre de 2018, los municipios operan con déficits que, consolidados, rondan los $260 millones anuales. Estas insuficiencias fiscales ocurren pese a que los ayuntamientos todavía reciben al año unos $220 millones en subsidios del gobierno central. Se espera que las deficiencias presupuestarias se dupliquen, dado que el plan fiscal certificado propone la eliminación de las aportaciones estatales a los pueblos para 2024.

El propio plan fiscal establece que la consolidación de servicios municipales y una reforma al impuesto sobre la propiedad, que financia a los ayuntamientos, ayudarían a mitigar las insuficiencias presupuestarias. El documento cita un análisis de la firma Estudios Técnicos que estima que, con la consolidación de servicios, los gastos de los municipios podrían reducirse entre $150 millones y $450 millones.

Según el planificador Gabriel Rodríguez, los problemas fiscales no pueden ser los únicos factores que considerar en este tipo de discusión. Indicó que los gobiernos municipales parten de una perspectiva de cercanía al pueblo y de unos principios democráticos que deben mantenerse en todo momento.

“El criterio debería ser la eficiencia y eso debe ser cumplir con el objetivo gubernamental al menor costo posible. Si no cumples con el objetivo del servicio, no eres eficiente”, dijo Rodríguez.

Pero esos objetivos todavía no están definidos. Rosselló Nevares solamente ha mencionado que su propuesta implica crear de cinco a siete condados, que los municipios no se eliminarían del todo y que la propuesta generaría ahorros en el orden de los $600 millones y $1,000 millones. Otras opciones para la reorganización municipal son la fusión de ayuntamientos y la creación de consorcios intermunicipales.

El viernes, el gobernador dijo que continúan trabajando en la iniciativa para enviarla a la Legislatura antes que termine la actual sesión legislativa el próximo 30 de junio. Ya el presidente del Senado, Thomás Rivera Schatz, ha adelantado que no apoyará medida alguna que implique la eliminación de ayuntamientos.

Los líderes de las organizaciones de alcaldes populares y novoprogresista han reaccionado defendiendo públicamente las estructuras municipales actuales y el poder político de los alcaldes.

Las opciones de cambio

Según Negrón Portillo, existe una amplia gama de funciones que pueden llevarse a cabo a través de los gobiernos locales. En algunas jurisdicciones, por ejemplo, las entidades regionales o municipales están encargadas de asuntos como la educación, los parques, la salud ambiental, el recogido de basura, el cobro de impuestos y los permisos, entre muchos otros asuntos.

De hecho, parte de la idea con la creación de la Ley de Municipios Autónomos en 1991 era ir transfiriendo facultades del gobierno estatal a los ayuntamientos. Esta transferencia, aunque se alcanzó en algunas jurisdicciones en temas como la ordenación territorial y el proceso de permisos, entre otros, nunca se completó, en parte, por la incapacidad de algunos ayuntamientos en mantener las estructuras que permitirían ejecutar esas funciones, y porque el gobierno estatal ha rehusado delegar su poder.

“Cuando se hablaba de delegar funciones a los municipios con la reforma de 1991, se partía de la premisa que el Estado dejaría de hacer unas cosas para que el municipio las hiciera. Eso no se cumplió y lo que terminó es que tenías al municipio y al gobierno central haciendo lo mismo. Eso pasaba porque nadie quiere ceder su poder. Si delegas funciones, pierdes poder y con eso ya no hay prebenda, ya no hay contratos, ni amigos, y pierden el control. Si hago lo que me dé la gana pues puedo hacer todo lo que quiera, pero, si delego, pues pierdo hasta el poder electoral”, analizó Negrón Portillo.

Otra consideración debe ser la movilidad de las personas y la base tributaria o económica que proveerían la estabilidad fiscal a los municipios o regiones. Por ejemplo, uno de los problemas actuales que los ayuntamientos enfrentan es la disparidad económica entre los pueblos donde se concentran las manufactureras y los comercios y los municipios que les sirven como suburbios o “dormitorios”. Los primeros suelen ser, por mucho, más ricos que los segundos, en parte, porque la gran mayoría de las viviendas en la isla tienen una exención contributiva. Esto se traduce en diferencias sustanciales en la gama de servicios que se ofrecen desde los ayuntamientos.

A esto se le añade las diferencias demográficas. Por ejemplo, los ayuntamientos de Culebra, Vieques, Las Marías y Maricao sirven a poblaciones de menos de 10,000 personas. Por otro lado, en seis pueblos (Toa Baja, San Juan, Carolina, Caguas, Guaynabo y Bayamón) se concentra el 30% de la población puertorriqueña, explicó Rodríguez.

Un total de 51 ayuntamientos en Puerto Rico (65%) tiene entre 10,000 habitantes y 39,999. “Ese sería el universo principal para reorganizar. Probablemente, una buena parte de ellos no tiene la base económica que los sostenga. No puedes tener pueblos tan pequeños y sin actividad económica que no puedan sostenerse ni puedes tener unos tan grandes que se cree otra burocracia como la que tiene el gobierno central”, expresó la demógrafa.

“La movilidad es un factorimportantísimo. Esto es dónde la gente trabaja, dónde la gente vive, cuál es el polo económico que atrae a esas personas”, precisó Rodríguez.

Ese factor de movilidad fue uno de los que mayor peso tuvo en el análisis del Comité de Descentralización y Regiones Autónomas. Este grupo, en 2014, elaboró un informe en el que se recomendó el uso del mapa de áreas funcionales de la Junta de Planificación como modelo para la creación de gobiernos regionales o condados. Este mapa establece unas delimitaciones tomando en consideración asuntos geográficos, económicos, demográficos y gubernamentales, entre otros asuntos.


💬Ver 0 comentarios