Washington - El requerimiento que hacen las normas estadounidenses para obligar a las autoridades de Puerto Rico, bajo el financiamiento de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés), a buscar el producto primero en Estados Unidos antes de comprar equipos de protección para trabajadores de salud en el extranjero, limita la capacidad de la isla para luchar en contra del coronavirus, afirmó hoy la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz.
“En momentos en que hay una crisis mundial y escasean los equipos médicos por la pandemia de COVID-19, FEMA vuelve a la carga contra los puertorriqueños y dice, que todo el mundo (en los estados) puede comprar los productos médicos donde los consiga, u recibir reembolso- todos excepto Puerto Rico. Como si la vida de los puertorriqueños valiese menos”, sostuvo la alcaldesa Cruz, precandidata a gobernadora por el Partido Popular Democrático (PPD).
Como ocurre con Washington D.C., Islas Vírgenes estadounidenses y al parecer otros territorios, si el gobierno de Puerto Rico quiere comprar el producto con un reembolso de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA), tiene que demostrar que primero buscó los equipos, como máscaras y guantes, en estados de Estados Unidos.
Esa condición no aplica a los estados de Estados Unidos.
La comisionada residente en Washington, Jenniffer González, ha pedido al Congreso incluir lenguaje en el proyecto de estímulo económico que ahora está bajo negociación, para eliminar ese requisito que impone la ley Stafford, a base del estatuto Buy American Act, y así el gobierno de Puerto Rico tener la opción de comprar primero el producto fuera de Estados Unidos sin afectar el reembolso de FEMA.
“Una vez más, beneficios críticos para la supervivencia de los puertorriqueños se supeditan a excepciones negociadas a través de procesos altamente burocráticos. Medidas que excluyen a Puerto Rico de beneficios otorgados a los 50 estados constituyen una muestra crasa del discrimen en contra de los ciudadanos americanos que residen en Puerto Rico. Si nuestros trabajadores de la salud no tienen acceso inmediato a equipo de protección personal (PPE por sus siglas en inglés) la guerra que libramos en Puerto Rico contra lo que el propio presidente Trump ha llamado el “enemigo invisible” indudablemente resultará en muertes de puertorriqueños”, señaló, por su parte, la profesora Zayira Jordán Conde, candidata del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) a comisionada residente en Washington.
Jordán Conde mantuvo que “el efecto de esta medida es la dilación en procurar equipo que protege a nuestro personal de la salud de contagio”, en momentos en que se prevé que “la curva de contagio se agudizará en los próximos días y ya estos suministros escasean”.
“La medida que permita a los puertorriqueños obtener este equipo no admite dilación alguna. Esperar a procesos burocráticos de desconocida duración resultará en fatalidades. Ya los puertorriqueños estamos marcados por el deficiente manejo de FEMA durante los huracanes Irma y María y nos vemos precisados a alzar la voz antes de que tengamos que contar miles de muertes por la negligencia e inacción de los gobiernos federal y estatal una vez más”, agregó Jordán Conde.
La alcaldesa de San Juan, por su parte, dijo que durante la emergencia causada por el huracán María, “el gobierno federal no nos permitió comprar postes ni generadores en lugares donde Estados Unidos compraba, solo para tenernos cautivos en su mercado”.
Anoche, la comisionada González dijo que el administrador de FEMA, Peter Gaynor, le notificó que los abogados de FEMA buscarán la manera de corregir esta situación, que según ella se basa en una incorporación en la ley Stafford del estatuto “Buy American Act”. La alternativa sería una enmienda a la ley Stafford.
“Dada la escala global del esfuerzo para detener esta amenaza, es imperativo que todas las jurisdicciones de Estados Unidos estén exentas de las disposiciones del "Buy American" dentro de la Ley Stafford. Por la presente solicito que las entidades que reciban o usen fondos federales en Puerto Rico, con el propósito de combatir la emergencia de salud pública COVID-19, se liberen de inmediato y por completo de las disposiciones de "Buy American" de la Ley Stafford (42 USC 5206)”, indicó la comisionada González en una carta a Gaynor.
La comisionada indicó que también escribió al presidente del Comité de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, el demócrata Peter DeFazio, y al líder de la minoría en esa comisión, el republicano Sam Graves, para pedir atender esta situación.
“Buy America no se aplica a la Ley Stafford, a excepción de Washington, D.C. y Puerto Rico. Si no puede comprarlo en el mercado abierto, haga una solicitud a través del sistema FEMA. Las solicitudes de asistencia a nivel local y de condado deben ir a los estados, desde los estados a las oficinas regionales de FEMA, y luego desde esas oficinas aquí en D.C., donde el Centro de Coordinación de Respuesta Nacional está abierto y funcionando”, dijo Gaynor, en una sesión informativa el sábado en la Casa Blanca.
