El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) tampoco tiene jurisdicción para intervenir en las compras "online" de este producto. (EFE)

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) no tiene el personal técnico, ni a su juicio la facultad, para reglamentar, establecer multas y fiscalizar la prohibición sobre la venta de cigarrillos electrónicos con sabor, como propone una medida legislativa que pretende vedar este producto en Puerto Rico.

Además, esta agencia gubernamental tampoco tiene jurisdicción para intervenir en las compras "online" de este producto que puedan surgir con esta prohibición.

Al menos así lo dio a conocer en la mañana de hoy la licenciada María Fernanda Vélez, asesora legal del DACO, durante una vista pública del Proyecto de la Cámara 2245 que prohibiría la venta de este producto, cuyo uso es objeto de investigación del gobierno federal por el reporte en Estados Unidos de 13 muertes asociadas a su uso.

Según Vélez, le corresponde al Departamento de Salud y a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca) la responsabilidad del contenido de rótulos que comercios que venden estos productos deben colocar en lugares visibles advirtiendo del riesgo a la salud de los cigarrillos electrónicos y aclarando que no se venderán a menores de 18 años.

"Hace falta más información a la gente", dijo Vélez durante la vista que se extendió durante casi tres horas.

Agregó que el Departamento de Hacienda y la Policía de Puerto Rico, mientras tanto, tienen, a su vez, la responsabilidad de fiscalizar y multar a los comercios que incumplan con estas disposiciones.

En representación de la secretaria interina del DACO, Carmen Salgado, Vélez también levantó la preocupación de como la prohibición de este producto podría levantar cuestionamientos sobre su constitucionalidad.

Por su parte, Antonio Caces, director de la División de Prevención y Enfermedades Crónicas del Departamento de Salud, recordó que el secretario de Salud, Rafael Rodríguez Mercado, firmó el mes pasado una orden administrativa ordenándole a todos los profesionales de salud del país a reportar los casos sospechosos de lesiones pulmonares relacionados al uso de cigarrillos electrónicos y el vapeo.

Recordó, además, que se está trabajando una orden ejecutiva que prohibiría la venta de cigarrillos electrónicos con sabores durante seis meses en Puerto Rico, mientras transcurre la investigación federal sobre estos productos.

"En los cigarrillos electrónicos y el "vaping" no necesariamente vas a tener la misma absorción de nicotina. Como no es medible puedes absorber más nicotina de la que quieres y puedes crear una adicción más alta", resaltó Caces.

Aunque comentó que hasta la fecha no se ha reportado una muerte en Puerto Rico por el uso de este producto, cuestionó si hay que esperar a que surja la primera muerte para actuar en torno a su venta y prohibición.

"He recibido llamadas de padres que han tenido que llevar a sus hijos a Salas de Emergencias (por el uso de cigarrillos electrónicos), pero no lo dicen (en el hospital) porque son menores de edad", dijo, por su parte, Suzanne Roig Fuertes, administradora de la Assmca.

La funcionaria resaltó que la nicotina es "sumamente adictiva" y puede afectar el desarrollo del cerebro en adolescentes y jóvenes adultos. Agregó que un estudio que realizan anualmente entre jóvenes ha encontrado que la edad general entre jóvenes de nivel superior que se han iniciado en el uso del tabaco es a los 14 años y que muchos admitieron del fácil acceso al tabaco en colmados y gasolineras del país.

"Assmca siempre va a estar promoviendo que no se fume, no importa la edad ni la condición", dijo Roig Fuertes.

Por su parte, Ernix Yace Chinea, portavoz de Vapeadores Aliados de Puerto Rico, indicó que los productos de vapeo que, según dijo, se venden en unos 40 a 50 comercios en el país, advierten en su empaque que no deben usarse por embarazadas ni menores de edad.

"Esta prohibición sería devastadora (porque) creará nuevos fumadores, empoderará al mercado negro y pone en riesgo el sustento de pequeños negocios y sus empleados. Esto es lo que queremos evitar en Puerto Rico", dijo Yace Chinea.

Según comentó, las lesiones relacionadas a estos productos han surgido en "productos del bajo mundo que se hacen pasar por productos legítimos, sea de dispensario o cigarrillo electrónico", dijo.

Por su parte, la representante Yashira Lebrón Rodríguez, quien preside la Comisión cameral de Asuntos del Consumidor, cuestionó la aparente falta de fiscalización de agencias gubernamentales sobre estos productos, más aún cuando se ha estado debatiendo su posible relación a la salud, especialmente sobre menores de edad.

El representante Manuel Natal cuestionó a su vez la intervención del estado en una conducta que el mismo adulto puede decidir si usar o no.

El representante Pedro Santiago Guzmán, autor de la medida, sugirió durante la vista la posibilidad de incluir a Salud, Hacienda, Assmca y la Policía como entes, junto a Daco, de fiscalizar el uso de este producto e imponer su prohibición, de avalarse la medida.

Mientras, el representante Javier Aponte Dalmau catalogó las prohibiciones en general como "históricamente fatales".

"Lo que ustedes (las agencias de gobierno relacionadas a este asunto) tienen es un problema de jurisdicción", resaltó al advertir que no se le deben imponer prohibiciones a mayores de 21 años.

Lebrón Rodríguez comentó que se le pidió a Hacienda los ingresos por concepto de arbitrios de estos productos y cuál sería el impacto fiscal de su prohibición.

Según se informó, el Departamento de Seguridad Pública, el Departamento de Justicia y Hacienda se excusaron de la vista y se les pidió su insumo por escrito a la medida.


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