El juez federal Gustavo Gelpí ordenó que el municipio de San Juan y la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) presenten sus posturas en cuanto a la posible transferencia a la sala de la jueza Laura Taylor Swain del pleito que presentó el ayuntamiento capitalino retando la validez de su designación como entidad cubierta bajo la Ley Promesa.
De ordinario, la Ley Promesa sostiene que todos los casos asociados a este estatuto deben consolidarse bajo el juez que presida sobre pleitos de bancarrota territorial, en este caso, la jueza Swain. Esto, sin embargo, no necesariamente aplica a algunas disputas, especialmente de índole constitucional, como ocurre con la demanda presentada por el municipio.
Durante una audiencia celebrada hoy en la corte federal en el Viejo San Juan, Gelpí estableció hasta el 1 de julio para que las partes presenten sus argumentos a favor o en contra de la transferencia del caso, ya sea total y parcial, a la sala de Swain. Concedió también hasta el 10 de julio para cualquier réplica del municipio o la JSF en el pleito.
Del mismo modo, Gelpí indicó que notificará al Departamento de Justicia estadounidense sobre la existencia del pleito de modo que esta agencia decida si interviene o no en la demanda que, entre otras cosas, cuestiona la validez de los nombramientos de los miembros de la JSF y plantea que el organismo fiscal es, en esencia, una agencia del gobierno federal. Se supone que el Departamento de Justicia estadounidense tenga un plazo de 60 días para determinar si interviene o no en el pleito.
El abogado de la Junta, Guy Brenner, de la firma Proskauer Rose, sostuvo en sala que este caso debe ser pospuesto hasta que se determine si el Departamento de Justicia intervendrá en la controversia y hasta que termine con la apelación de la decisión del Primer Circuito de Apelaciones en Boston declarando los nombramientos de los miembros de la JSF como inconstitucionales debido a que no fueron confirmados por el Senado estadounidense como exige la cláusula de nombramientos constitución de EE.UU.
Gelpí, sin embargo, determinó que se podía avanzar en la adjudicación del pedido de la propia Junta de transferir el caso a la sala de la jueza Swain. El juez también indicó que una vez estos alegatos y réplicas estén en sus manos, la Junta podría someter la moción de desestimación tal y como anticiparon que harían durante la audiencia.
La alegación principal de la capital es que la determinación de la Junta designar a los 78 ayuntamientos como entes cubiertos bajo la Ley Promesa, es invalida porque no siguió un criterio objetivo y cuestiona qué el mecanismo legal que se debería seguir para apelar esa designación, el cual variaría dependiendo si el organismo que controla las finanzas de Puerto Rico es considerado un ente federal o estatal.
Por un lado, el Circuito de Apelaciones de Boston determinó recientemente que los miembros de la Junta son funcionarios federales principales sujetos a la confirmación del Senado estadounidense. Eso podría hacer que, por extensión, la Junta sea considerada como un ente federal. Este pleito análogo está actualmente ante la consideración del Tribunal Supremo estadounidense.
La propia Ley Promesa establece de manera explícita que la Junta es un ente estatal. Esto sería cónsono con las recientes decisiones del Tribunal Supremo de EE.UU. reafirmando los poderes plenarios del Congreso de EE.UU. sobre Puerto Rico.
