El CPI denunció que algunos campos de los documentos entregados, como los de los nombres de las personas fallecidas, fueron removidos”. (GFR Media)

El Centro de Periodismo Investigativo (CPI) volvió a demandar al Registro Demográfico para que cumpla con la orden judicial de entregar información relacionada a las muertes en Puerto Rico.

La entidad informó que recurrió hoy al tribunal con una petición de mandamus por acceso a la información ya que el Registro Demográfico no le ha entregado la base de datos sobre las causas de muerte en la Isla de forma completa, según la solicitó hace cinco semanas.

La demanda radicada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala de San Juan, es dirigida contra Wanda Llovet Díaz, directora del Registro Demográfico de Puerto Rico, y el Estado Libre Asociado. Responde a investigaciones que lleva a cabo el CPI sobre las muertes en la Isla.

“Parece mentira que en un momento como este, y con la urgencia que tiene la gente de tener algún grado de confianza y certeza sobre cómo se está manejando el tema de las muertes por el COVID-19, se le falle nuevamente al país", indicó dijo Carla Minet, directora ejecutiva del Centro, en comunicado de prensa.

"La solicitud de la base de datos completa y los certificados de defunción es idéntica a la que el CPI hizo tras el huracán María y por la cual, como se sabe, el Tribunal de Primera Instancia ordenó su entrega completa en el 2018. Ya en el 2009 el CPI también había demandado por este mismo documento, a la misma funcionaria, y había logrado obtenerlo. Instamos a la directora del Registro Demográfico a que entregue esta información sin omitir ningún campo, lo antes posible”, agregó.

Según el comunicado, la periodista Laura Moscoso, en representación del CPI, inició la gestión para obtener los datos de fallecidos el pasado 23 de marzo en una comunicación dirigida a Llovet Díaz, Concepción Quiñones De Longo, entonces secretaria interina de Salud, y a oficiales de prensa del Departamento de Salud y La Fortaleza.

Moscoso solicitó la base de datos de mortalidad en Puerto Rico de los años 2007 al 2020.

Tras examinar un disco digital entregado por Salud, el 6 de abril Moscoso volvió a contactar a los oficiales del Gobierno para informar que la base de datos que entregaron estaba incompleto, “ya que algunos campos, como el del nombre de la persona fallecida, fueron removidos de la misma”.

Así que slicitó que se entregara el documento en su totalidad, además de pedir los certificados de defunción emitidos desde el 1 de enero de 2020 hasta la actualidad.

Sin embargo, los funcionarios públicos concernidos, incluyendo a Llovet Díaz y al nuevo secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, respondió a los mensajes de seguimiento, indica la demanda.

“La información solicitada por el CPI no está protegida de forma alguna por confidencialidad o privilegio alguno, y tampoco está cobijada bajo alguna de las excepciones al derecho de acceso a la información”, señala el recurso legal.

Añade que, aunque el Gobierno invocara alguna confidencialidad o privilegio sobre la información solicitada, “el interés público para acceder a la información solicitada supera cualquier reclamo que pretenda limitar el acceso a la información de la ciudadanía en torno a este asunto”.


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