La reglamentación establece que quienes sean designados de oficio no podrán facturar por las primeras 30 horas de servicio y dependerán de un mecanismo de reembolso de gastos. (GFR Media)

El Colegio de Abogados y Abogadas (CAAPR) presentó una demanda ante la Corte de Distrito Federal para el Distrito de Puerto Rico impugnando la validez constitucional del Reglamento para la Asignación de Abogados y Abogadas de Oficio, que entre en vigor el 1 de enero.

“Esta acción busca prevenir la violación de los derechos civiles de los demandantes protegidos por la Constitución de los Estados Unidos de América y por la Constitución y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, particularmente el derecho a no ser privado de una libertad e intereses de propiedad sin debido proceso”, lee la demanda de 17 páginas.

El recurso de injunction, que fue aprobado por la Junta de Gobierno del Colegio, en cumplimiento con la Resolución de la Asamblea General 179 aprobada en septiembre pasado, se sustenta en la Ley Federal de Derechos Civiles y los derechos constitucionales. “Este reglamento promueve la servidumbre involuntaria de la abogacía y olvida que es el Estado el que se obliga a proveer servicios gratuitos de representación legal en determinados casos”, afirmó el licenciado Edgardo M. Román Espada, presidente del organismo.

Román Espada ha sostenido que el reglamento obligará a los abogados a ofrecer servicios de representación legal gratuita en casos de naturaleza civil y penal, mediante orden judicial. Además, ha señalado que el modelo aprobado va en detrimento de la abogacía, pues los letrados, como ha ocurrido en el pasado, no recibirán en tiempo justo el pago del reembolso por el exceso de 30 horas trabajadas en un año natural.

“La asignación de casos de oficio, a base de la discreción judicial, constituye un desplazamiento de la obligación del Estado a un pequeño grupo de ciudadanos sin una debida compensación y, por ello, un acto contrario a sus derechos constitucionales, puesto que les priva de su tiempo para ejercer la profesión y derivar ingresos, y les impone la obligación de asumir los costos del litigio sujeto a un indeterminado proceso de reembolso de un gobierno en quiebra”, subrayó el letrado.

“El reglamento adolece de serios defectos constitucionales: priva a los designados de su propiedad sin una compensación; es contrario al derecho de igual protección de las leyes, puesto que discrimina contra la abogacía de práctica privada a la que le aplica el reglamento, mientras excluye a un buen número de otros juristas; priva a la abogacía de la libertad de la práctica de la profesión; y propicia, mediante la discreción judicial, la asignación arbitraria de casos”, señaló.

La reglamentación establece que quienes sean designados de oficio no podrán facturar por las primeras 30 horas de servicio y dependerán de un mecanismo de reembolso de gastos. Sin embargo, no fija un periodo mandatorio para hacer los reembolsos, dijo Román Espada. El pago en exceso de las 30 horas iniciales y los gastos incurridos provendría de los ingresos recaudados por concepto de la cancelación de sellos de suspensión, cuya cifra es incierta y se desconoce si será suficiente para cubrir honorarios y gastos, agrego Román.

En entrevista con El Nuevo Día, la jueza Maritere Colón Domínguez, administradora auxiliar de los Tribunales, defendió el documento y sostuvo que la normativa viene a atender la sobrecarga en los casos de oficios, así como las fallas en el pago de los reembolsos. Sostuvo, además, que incluye una serie de causales de exención por el servicio de 30 horas pro-bono prestadas en el año fiscal previo a la solicitud.

Actualmente, la Rama Judicial asignaba los casos de oficio utilizando como base una lista de abogados activos que tenía cada región judicial en la que el abogado postulaba. En el país, hay 13,467 abogados activos menores de 70 años.

En lugar del esquema adoptado en el reglamento impugnado, el Colegio insiste en la asignación de casos de oficio por medio de un panel voluntario y compensado, con fondos definidos por asignación, que complemente los programas de servicios legales gratuitos existentes y aquellos que trabajan movidos por la filosofía ética del voluntariado.

“Confiamos que el proceso legal permita una ruta justa y legítima para la promoción de nuestras obligaciones éticas y sociales que son, a su vez, el compromiso histórico de nuestra institución”, indicó Román Espada.


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