La organización Comedores Sociales, uno de los demandantes, indicó que los alimentos que recibió del gobierno no fueron suficientes para ayudar a las familias que lo requieren. (Teresa Canino)

Los demandantes en el pleito para exigir que el gobierno abra los comedores escolares argumentaron hoy que el Departamento de Educación sí tiene la responsabilidad de proveer alimentos a los estudiantes de escuelas públicas, contrario a lo que el Ejecutivo argumentó en una moción para solicitar la desestimación del pleito.

Al oponerse a la desestimación solicitada por el gobierno, las familias y organizaciones sin fines de lucro que reclaman por la apertura de todos los comedores señalaron que la directriz de la gobernadora Wanda Vázquez Garced del miércoles pasado para reabrir unos 80 comedores no es suficiente para atender el hambre que amenaza a miles de personas a 49 días de decretarse el toque de queda para manejar la pandemia de coronavirus.

“No hay manera en que se pueda alegar en este caso que el hambre que sufre un gran sector de nuestra población no constituye un daño irreparable conforme a nuestro sistema de derecho. Alegar lo contrario no es solo insensible sino inhumano e irresponsable de parte de las autoridades gubernamentales a cargo de velar por el suplido de alimentos a la población”, lee la moción presentada hoy por los demandantes.

La representación legal de los demandantes argumentó que la moción de desestimación del Estado genera “indignación” y evidencia una “falta de sensibilidad”.

A finales de marzo, Educación anunció la donación de alimentos adquiridos por la Autoridad Escolar de Alimentos a organizaciones sin fines de lucro para que fueran estas las que se encargaran de distribuirlos a las familias necesitadas. Tras reclamos de diversos sectores por la reapertura de los comedores escolares, incluyendo la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, informó que estos no se reabrirían ya que podrían convertirse en un foco de contagios para sus empleados.

“La repartición de alimentos a través de organizaciones no gubernamentales no es suficiente para satisfacer la necesidad de alimentos que tiene el país. No existe en Puerto Rico suficientes organizaciones no gubernamentales con la capacidad de poder suplir alimentos a toda la población en necesidad de forma sistemática y consistente”, señalaron los demandantes.

En una moción de desestimación presentada el viernes, el Departamento de Justicia -en representación de Educación- argumentó que no proceden ninguno de los remedios solicitados por los demandantes porque no existe un deber ministerial del gobierno de proveer alimentación a los estudiantes, no se demostró un daño real e irreparable que la falta de alimentos haya causado y que las organizaciones sin fines de lucro que radicaron el recurso legal carecen de legitimación activar para demandar.

El gobierno sostuvo que no hay leyes locales ni federales que establezcan una obligación del Departamento de Educación a proveer comidas a sus estudiantes mientras las escuelas estén cerradas.

“La política pública del Congreso de los Estados Unidos es alentar el consumo de productos agrícolas nutritivos, ayudando a los Estados a través de subvenciones para proporcionar un suministro adecuado de alimentos y otras instalaciones para el establecimiento, mantenimiento, operación, y expansión de programas de almuerzos escolares sin fines de lucro. Dicho planteamiento aspiracional no crea obligación legal del cual se pueda desprender un deber ministerial por parte de los demandados”, argumentó Justicia, tras enumerar las leyes federales bajo las cuales Educación recibe fondos para adquirir alimentos.

Asimismo, Justicia argumentó que la demanda se tornó académica luego que Vázquez Garced autorizara el 29 de abril la reapertura de algunos comedores en coordinación con los alcaldes.

“El Estado sí tiene una obligación de salvaguardar la seguridad de sus recursos; y evitar que una pandemia altamente patógena y con una fuerte letalidad, como la que estamos experimentando en estos momentos, precipiten el colapso de los sistemas de salud y el orden público”, indicó el Estado. “Ciertamente, hay que tomar en cuenta que es necesario la creación cuidadosa de un andamiaje bien estudiado para operar un comedor en tiempos de pandemia, pues es la vida misma la que está en juego”, añadió.

Pero para los demandantes, las acciones recientes del gobierno no son suficientes. Por un lado, la administración de Vázquez Garced ha detallado que solo abrirá un comedor escolar por municipio, aunque en algunos pueblos de mayor población se abrirán dos. Del mismo modo, el terremoto de magnitud 5.4 reportado el sábado en la mañana ha generado una necesidad completamente nueva en municipios de sur de la isla, señalaron.

“Cabe señalar, que antes y ahora con el plan improvisado que ha sometido la parte promovida con el único fin de que se entienda resuelta la controversia, apesar de múltiples reclamos de diversos sectores de la sociedad puertorriqueña, incluso desde esferas gubernamentales, el Departamento de Educación se ha negado a la apertura en cantidad suficiente de los comedores escolares para poder satisfacer la demanda de alimentos. También se ha negado a proveer un plan adicional e incluir el suministro de alimentos a la población adulta del país”, argumentó la parte demandante.


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