Erik Rolón Suárez, secretario del Departamento de Corrección y Rehabilitación. (GFR Media)

Frente a un déficit de alrededor de 1,200 oficiales correccionales, el Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR) iniciará próximamente una academia de estos profesionales con la intención de que 250 puedan desempeñarse, ya como cadetes, para diciembre, dijo esta mañana el titular de la agencia, Erik Rolón Suárez.

A preguntas de la prensa tras participar en una vista pública de la Comisión de Seguridad Pública del Senado, Rolón Suárez indicó que, si bien el DCR recibió, por disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), $75.4 millones menos en su presupuesto que lo solicitado, sí autorizó a la dependencia a utilizar el 100% de sus ingresos propios, que para este año fiscal deben alcanzar $26 millones. Es con ese dinero que se pagará la primera academia y otra, sin fecha, para graduar a otros 250 oficiales.

Esos ingresos propios son generados mayormente por el alquiler de espacios vacíos en las instalaciones correccionales a las autoridades federales.

Los primeros cadetes comenzarán con un sueldo mensual de $1,315, que aumentaría a entre $1,500 y $1,600 mensuales una vez se conviertan en oficiales. La falta de una nueva academia ha significado para el DCR violaciones al pleito Morales Feliciano, reconoció el titular de la agencia.

A preguntas del presidente de la comisión, el novoprogresista Henry Neumann, Rolón Suárez dijo que la escalara salarial no se ha revisado “en varios años”, pero aclaró que la tarea ahora le toca a la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), que se encuentra confeccionando planes de retribución para las diferentes dependencias gubernamentales.

“¿Habló de un aumento salarial con la JSF?”, le preguntó Neumann.

“Fue una reunión dura, de austeridad, que es la visión de la JSF”, dijo Rolón Suárez al hablar de un encuentro con la directora ejecutiva del ente fiscal, Natalie Jaresko, la semana pasada. “Traté de concentrarme en lo que entiendo es prioridad, que es reclutamiento y el uso de fondos para compra de equipo…  el presidente de la unión (en la reunión con Jaresko) trajo el reclamo del ajuste salarial, pero si no tengo el reclutamiento, pedir un aumento… me parece que no es el momento idóneo”, dijo.

Según Rolón Suárez, con más personal puede reducir las horas extra y eso le permitiría solicitarle a la JSF que autorice un aumento salarial.

De una plantilla de sobre 6,000 empleados en el DCR, hay 3,996 oficiales de custodia, incluyendo los que ocupan rangos más altos. El 27% de los oficiales de custodia recibe algún de ayuda sicológica.

También a preguntas de la prensa, pero inicialmente ante los senadores en la vista, Rolón Suárez afirmó que el programa de traslado de confinados a cárceles en Estados Unidos está “en pausa”.

“Se luchó, entendimos que era una forma eficiente para manejar los recursos del Estado… pero la JSF tuvo sus reparos y esa iniciativa quedó en pausa hasta que demostremos que hemos cerrado todas las prisiones que hemos podido”, dijo al detallar una de las principales herramientas de ahorros en la dependencia. De hecho, se han cerrado ocho instituciones.

“Una vez se convenzan de que no puedo cerrar más prisiones, van a ver con mejores ojos el traslado de confinados fuera de Puerto Rico”, dijo al advertir que cerrar otra institución causaría problemas de hacinamiento.

En múltiples ocasiones, Rolón Suárez aludió a cómo él “heredó” de otras administraciones, los problemas que enfrenta el DCR, al tomar las riendas en enero de 2017. Así ocurrió cuando el senador penepé por Ponce, Nelson Cruz Santiago, el increpó por qué hace seis años los elevadores en la institución de Las Cucharas conocida popularmente como el Monstruo Verde están dañados, lo que significa que los reos son movidos, amarrados de manos y pies, por las escaleras.

Rolón Suárez, quien lleva más de dos años al mando del DCR, reconoció que el mantenimiento de la cárcel está en manos de la agencia.

“Es uno de los problemas que heredé en el Departamento. En el caso de Ponce Máxima, se dio el contrato en abril y tenemos una certificación del contratista de que las piezas llegan en septiembre. Para firmar ese contrato tenía que buscar los fondos”, dijo Rolón Suárez.

“Es un problema que hemos atendido desde el inicio. Que toma tiempo, lamentablemente las cosas en el gobierno toman tiempo”, insistió.

Rolón Suárez se desempeñó entre febrero y julio como subsecretario de la gobernación. Sin embargo, rechazó que esa dualidad de responsabilidades lo hubiera alejado del DCR.

“Siempre he estado ahí cuando han salido los proyectos y las iniciativas. Muchas de las cosas que resolvimos en estos días se debieron a una compra de equipo que se hizo en junio y fue gracias a un planteamiento que sometimos en noviembre y la JSF tardó ocho meses en aprobar. Se probó ya que, siendo secretario de la Gobernación, trabajé con el mismo compromiso por el DCR”, dijo.

“Hubo muchos resultados mientas estuve en el doble rol”, insistió.

Durante su interrogatorio, Cruz Santiago trajo a colación otro problema de antaño en el DCR: la facilidad en que los confiados pueden obtener teléfonos celulares y hacer llamadas sin que ningún sistema tecnológico bloquee las señales. Rolón Suárez dijo que no fue hasta hace semana y media que se adjudicó una subasta para lanzar una especie de plan piloto en algunas instituciones.

“Ya hay una compañía seleccionada y vamos a comenzar con una primera fase en dos a tres instalaciones”, dijo.

El primer interrogatorio de Neumann estuvo centrado en las circunstancias que dieron paso a la muerte del oficial correccional Pedro Joel Rodríguez Mateo, agredido en la cabeza el 31 de julio a manos del confinado Luis Sostre Piccinnini en el complejo correccional Las Cucharas. Neumann, de hecho, relacionó directamente una directriz de seguridad impartida a oficiales correccionales con la muerte del oficial correccional, la primera fatalidad entre este personal en 40 años.

La muerte de Rodríguez Mateo está bajo investigación y, el pasado lunes, Rolón Suárez recibió un informe al respecto. Sostre Piccinnini fue encontrado muerto el 5 de agosto en el complejo carcelario de Guayama, días después de que le encontraran heroína en su cuerpo.

“¿Hubo un relajamiento en las medidas de seguridad y pudieron haber dado lugar al asesinato?”, pregunto Neumann.

Rolón Suárez contestó que familiares de confinados en las zonas de máxima seguridad de Las Cucharas habían planteado que no era necesario mantener a los confinados amarrados de manos y pies durante los periodos de visita. El titular de la agencia dijo que se hizo una revisión de los reglamentos y los protocolos y se encontró que en ningún sitio se consignaba esa necesidad de que estuvieran totalmente restringidos.

“Se hizo un memorando aclarando que, si el confinado está en máxima seguridad, el uso de las restricciones no podía ser de forma irrestricta… y que la jefatura podía tomar las medidas que entendieran”, contó Rolón Suárez.

“Hay una relación, sin entrar detalles de la investigación, bastante directa con el resultado final”, le dijo Neumann.

“Se emitió una declaración de que en ningún momento se prohibió el uso de restricciones. Se aclaró que los Superintendentes y los Comandantes pueden ordenar el uso de restricciones siempre y cuando se lleve de manera objetiva y fundamentada”, le contestó el titular del DCR.

“Difiero completamente. Si tengo una muerte dentro de un grupo de trabajo mío, tomo todas las medidas necesarias para que eso no vuelva a ocurrir. Si no he tenido problemas por 40 años, de repente por una nueva práctica ocurre un asesinato, establezco en el reglamento las medidas que tenga que establecer para que eso no vuelva a ocurrir”, le contestó Neumann.

Durante la vista de esta mañana trascendió que las unidades de Arrestos Especiales y Operaciones Tácticas han sido desmanteladas y también surgió que el DCR cuenta con 34 oficiales correccionales repartidos entre task forces federales, el Albergue de Testigos del Departamento de Justicia, el Negociado de Investigaciones Especiales y dando seguridad dentro de Justicia.

El senador independentista Juan Dalmau Ramírez le planteó a Rolón Suárez que la información que ha recibido por parte de oficiales correccionales es que no tienen un problema con él, sino con personas “debajo de usted” en la línea de supervisión. El comentario de Dalmau Ramírez generó una reacción afirmativa de varios oficiales correccionales en el público.

“No hay línea de mando, ni eficiente ni presente y eso promueve que ocurran situaciones como esta. Si no tiene a una persona a quien exigirle y ejerza el nivel del mando… se quiebra la línea de mando y ocurren tragedias”, sostuvo Dalmau Ramírez.

La postura de la unión

En una ponencia leída por representantes de Servidos Públicos Unidos (SPU), que representa a los empleados del DCR, se recordó cómo en las pasadas semanas oficiales correccionales se han manifestado para reclamar mejores condiciones de trabajo que provean una seguridad razonable y se corrijan fallas como falta de vehículos para dar rondas en los perímetros de las instituciones, escasez de equipo como chalecos, gas, radios, problemas con la iluminación y portones dañados, al igual que cámaras, ascensores, acondicionadores de aire y baños.

En su ponencia, el DCR detalló que, con ingresos propios, se pudo comprar durante el pasado año fiscal un total de 2,600 armas de fuego, 40 guaguas tipo van, 12 guaguas marca Durango, radios de comunicación y nueve perros.

Denunciaron, por ejemplo, que se permita la entrada de artículos por parte de familiares de confinados, cuando los mismos pueden ser adquiridos en las comisarías. Esa práctica, según la SPU, sobrecarga el proceso de inspección en la entrada. También denunciaron “prácticas peligrosas” como permitir que confinados se recreen en condiciones “contrarias a las normas institucionales y que aumentan el riego de agresiones”.

La unión también denunció la práctica, por falta de personal, de requerirle a los oficiales correccionales trabajar tiempo extra o realizando dos puestos, como puede ser trabajar en la entrada y en la armería al mismo tiempo.


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