El presupuesto que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sometió ante la Asamblea Legislativa para el próximo año fiscal contiene una partida de $175 millones para los gastos legales y de asesoría financiera asociada a la litigación de los casos de quiebra del gobierno de Puerto Rico.
Se trata de una cifra similar a la que gastó la ciudad de Detroit, en Michigan, durante todo su proceso de 17 meses de quiebra y reestructuración de deudas, las cuales ascendían a $20,000 millones. Es decir, los contribuyentes puertorriqueños, a través del gobierno y la JSF, habrán gastado en solo un año todo lo que Detroit invirtió a lo largo de su proceso de bancarrota.
Estos $175 millones, hasta cierto punto, se podrían ver como un alivio a las finanzas públicas, pues para el año fiscal vigente, se separaron $257 millones en honorarios legales y asesoría financiera.
En total, estos dos años de litigios habrán costado unos $411 millones en abogados y asesores financieros.
La inversión de $175 millones para el año fiscal 2020 también equivale a cerca del 10% de los recaudos anuales por contribución sobre ingresos, el 13% del Impuesto sobre las Ventas y Uso (IVU) y un poco menos de lo que reciben las autoridades por el arbitrio sobre las cervezas en todo un año.
Una suma como esa proveería para la compra de 6,019 patrullas Dodge Charger, cubriría 13,888 pensiones por un año y permitiría la adquisición de 437 camiones bomba, entre muchas otras necesidades del gobierno.
La expectativa, según el plan fiscal vigente, es que para el 2024 la quiebra del gobierno puertorriqueño habrá implicado $1,500 millones en desembolsos. Esto incluye los gastos de la JSF, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el Comité de Acreedores No Asegurados (UCC), entre otros organismos asociados a los litigios.
El 78% de estos gastos corresponden a las operaciones y las asesorías que recibe la JSF. Estos estimados, contenidos en la más reciente versión del plan fiscal del gobierno central, surgen de las facturas que el gobierno recibió en el proceso de quiebra durante los años fiscales 2018 y 2019, precisa el propio documento.
La JSF, sin embargo, entiende que estos gastos no están fuera de lo ordinario si se toma en cuenta el monto de la deuda puertorriqueña de $64,000 millones.
El cálculo de la Junta es que Puerto Rico gasta en servicios legales y financieros asociados a la ley federal Promesa lo equivalente al 1.68% de la deuda pública.
Este indicador, alega el ente que controla las finanzas públicas, está dentro del rango que se ha pagado en otras reestructuraciones, como, por ejemplo, las que sobrellevaron las empresas American Airlines, Energy Future Holdings y la propia ciudad de Detroit.
Ese porcentaje de 1.68%, sin embargo, sería más alto si se tomara en consideración, además de los gastos de la JSF, los de la Aafaf y otros entes costeados por los contribuyentes puertorriqueños.
Del mismo modo,el indicador no toma en consideración que solo cinco entidades emisoras de deudas de Puerto Rico están bajo el proceso de bancarrota territorial que se litiga ante la jueza federal Laura Taylor Swain.
Swain actualmente sirve como filtro para determinar la validez de la facturación de los abogados que participan en los litigios. Para esas tareas, designó al abogado Brady Williamson, de la firma Godfrey & Kahn, como oficial examinador encargado de revisar las facturas.
Williamson encontró, para inicios del 2018, duplicidad en los esfuerzos legales de los abogados de Promesa, asunto que tiene el potencial de inflar los honorarios que pagan los contribuyentes puertorriqueños. Del mismo modo, se alertó que, a las audiencias, estaban asistiendo demasiados abogados para las labores que se estaban convocando en sala. También se estaban solicitando reembolsos por gastos de alojamiento y transportación en exceso a las tarifas que, de ordinario, cobran los proveedores de servicio, entre otros asuntos.
Esto provocó que la jueza llamara la atención de los abogados y solicitara moderación en la facturación de honorarios. Swain también impuso restricciones. Por ejemplo, se estableció que los bufetes solo podrán facturar los honorarios de hasta dos abogados por cada reunión de trabajo o audiencia en corte. El exjuez de quiebras federal Gerardo Carlo recordó que, hasta ahora, ni la JSF ni la Aafaf hancuestionado en corte las facturas de los abogados y de los asesores financieros.
“El único que ha objetado es el oficial examinador y el tribunal, pero ninguna de las partes se ha puesto de frente a cuestionar el asunto”, dijo Carlo.
Ayer, ni la Aafaf ni la Oficina del Principal Oficial Financiero del gobierno emitieron expresiones públicas sobre esta asignación de fondos.
El portavoz de la JSF, Edward Zayas, indicó que los gastos presupuestados están atados mayormente a la litigación de los pleitos de bancarrota y destacó que se está trabajando para terminar con esos casos judiciales lo antes posible.
“Este dinero seguirá asignándose mientras el gobierno esté bajo el Título III (parte de la ley Promesa que establece el proceso de bancarrota para los territorios estadounidenses), pero se está trabajando arduamente para sacar a Puerto Rico lo antes posible y sacar al gobierno de estos gastos”, expresó Zayas.
Carlo explicó que es muy difícil establecer si este nivel de gasto es adecuado o excesivo ante las complejidades inherentes al caso. El togado recordó que las litigaciones bajo el Título III de Promesa constituyen el caso de quiebra más grande en la historia del mercado de bonos municipales de EE.UU. y giran en torno a un estatuto nuevo que está siendo retado constantemente en corte.
Recalcó que todo el proceso es pagado por los contribuyentes puertorriqueños. Hasta la mediación encaminada a través del tribunal estadounidense es financiada por la JSF, ente que a su vez saca sus fondos de los contribuyentes dePuerto Rico.
“No hay forma de comparar porque este no es un caso normal. Tienes una ley nueva que nunca se ha probado y se ha tenido que litigar largo y tendido, y tienes los conflictos entre el gobierno y la Junta y los distintos grupos de acreedores… es un caso enorme”, sostuvo Carlo.
Se supone que la Legislatura esté actualmente en el proceso de análisis del documento presupuestario que contiene esta asignación. La evaluación del presupuesto enviado por la JSF a la Legislatura arrancó con una controversia, pues es $570 millones menor que el recomendado por el gobernador Ricardo Rosselló Nevares.
Para este lunes, la Legislatura deberá someter ante la JSF su versión del documento para su evaluación. El organismo fiscal aceptará o rechazará la versión legislativa para el viernes próximo. El gobernador, en tanto, ofrecerá su mensaje de presupuesto este domingo.
La directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, ha indicado que el presupuesto puede ser objeto de cambios siempre y cuando se siga lo establecido en el plan fiscal.
Si la versión legislativa está en incumplimiento, los senadores y representantes tendrán siete días para modificarla y someter ante la JSF una nueva. Para el 28 de junio, el proceso debe haber terminado con la aprobación del presupuesto que regirá los ingresos y gastos del Fondo General para el año fiscal, que comienza el 1 de julio.
