La determinación del gobierno federal de congelar unos $390 millones asignados a la isla para escuelas primarias y secundarias deja en un limbo las estrategias que intenta desarrollar el Departamento de Educación local para fortalecer la educación a distancia y para atender las necesidades socioemocionales de los estudiantes, indicó el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez.
El secretario, no obstante, sostuvo que espera que la decisión sea dejada sin efecto al argumentar que no tiene “fundamento”. De hecho, Hernández Pérez adujo desconocer las razones detrás de la acción del Departamento de Educación federal ya que no han recibido una comunicación escrita que lo informe de manera oficial.
“Nos sorprendió enormemente”, expresó el funcionario. “Aquí estamos en la mejor disposición de que ellos nos aclaren cuál es el alcance de su determinar y que lo puedan hacer por escrito”, añadió.
El Departamento de Educación federal determinó que los $349 millones asignados al Departamento de Educación local y los $47.8 millones para proyectos educativos asignados a la Oficina de la Gobernadora a través de la ley de estímulo económico federal -conocida como la ley Cares- para invertir en las escuelas primarias y secundarias no serán liberados hasta que entre en juego el ente externo que supervisará el uso de fondos federales de la agencia educativa.
“Nosotros desconocemos realmente qué fundamentos hay para establecer la aplicación del síndico a los fondos de emergencia. Somos la única jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica que no cuenta con el apoyo económico que atender la emergencia de forma inmediata”, insistió el funcionario.
El secretario detalló Educación prevé utilizar los $349 millones fortalecer la educación a distancia, establecer proyectos para atender el rezago académico en estudiantes causado por la interrupción de las clases presenciales, y proveer servicios para atender la salud mental de los alumnos. Asimismo, una parte podría ser destinado a las escuelas chárter y a escuelas privadas.
“En medio de las circunstancias de salud pública, mientras algunas jurisdicciones ya tienen acceso a fondos para la desinfección, para fortalecer la propuesta de los comedores, para ampliar los servicios, el Departamento de Educación nolo puede hacer”, expresó.
En verano pasado, Educación federal ordenó a la agencia local contratar un ente externo (“third-party fiduciary agent”) que se encargue de vigilar el uso del dinero que anualmente se asigna a Puerto Rico. La directriz llegó tras el arresto de la exsecretaria de Educación Julia Keleher y varios contratistas por un presunto esquema de fraude, así como varios señalamientos sobre el uso de fondos destinados a la recuperación tras el paso del huracán María.
En negociaciones
El secretario de Educación indicó que aún continúan las negociaciones con la firma de consultoría Álvarez & Marsal (A&M) para que asuma el rol.
“El proceso es complejo. Ya la parte más relevante es que el Departamento de Educación tiene que asumir un costo de esta contratación del ‘third-party fiduciary’. El Departamento de Educación federal nos ha indicado que el ‘third-party fiduciary’ podría costar $45 millones. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad fiduciaria lograr que haya una negociación de ese contrato atado a las condiciones especiales establecidas por el Departamento de Educación federal, pero que, sobre todo, tenga como prioridad el interés de nuestros estudiantes”, sostuvo Hernández Pérez.
Los costos podrían financiarse con una combinación de fondos estatales y federales, explicó el titular de Educación.
Hernández Pérez indicó que estas condiciones de Educación federal no afectan el acceso a los $3.3 millones asignados por la ley Cares a la agencia local para sus instituciones postsecundarias. La mitad de este dinero fue destinado a proveer ayudas económicas a los estudiantes necesitados.
El secretario detalló que hace “varias” semanas que firmó el acuerdo que requirió el gobierno federal para tener acceso a los fondos de la ley Cares. La agencia además elabora un plan que detalla los usos que darán a los $349 millones, plan que no es requerido por Educación federal pero que lo confeccionan siguiendo el modelo que utilizan para desglosar los proyectos que desarrollarán con los fondos federales Restart asignados para la recuperación tras el paso del huracán María, aseguró Hernández Pérez.
Uno de los señalamientos que recibió la agencia local fue la lentitud en el uso de los fondos Restart. El secretario reconoció que cuando asumió el cargo en abril del año pasado, la agencia apenas había identificado usos para un 14% de la asignación autorizada por el Congreso, cifra que ya ha aumentado a 75%.
La congresista Nydia Velázquez argumentó, por su parte, que frenar estos fondos es contrario a la intención del Congreso.
“Los niños de Puerto Rico no puede quedarse atrás”, indicó en redes sociales, al adelantar que su oficina dará seguimiento al asunto.
