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Varias áreas de Santurce, como la calle Loíza, experimentan la gentrificación, término que alude a un proceso de desplazamiento que afecta a la población original en el área céntrica de una ciudad. (Ramón “Tonito” Zayas)

Desde 2003, Héctor “Tito” Matos Otero, de 50 años, vive en la calle Loíza, en Santurce. A lo largo del tiempo, ha presenciado la transformación de la zona que ha tomado auge por el rápido surgimiento de nuevos restaurantes, barras y clubes nocturnos.

“La calle Loíza, históricamente, siempre fue un eje económico, siempre fue un área que tenía negocios. Pero había un balance entre los negocios de comida y el zapatero, el dentista, las ferreterías, las pequeñas farmacias”, destacó.

Además del nacimiento de nuevos comercios, ha observado el aumento en apartamentos para alquiler a corto plazo, específicamente los Airbnb, y el incremento en la renta de algunos vecinos.

“Cuando te suben la renta de cantazo, es imposible mantener una casa con una familia. Muchos de mis amigos se han tenido que ir”, lamentó.

La calle Loíza, al igual que otras zonas en San Juan, figura como un ejemplo del proceso de gentrificación, y, en la isla, la ciudad capital ha sido el municipio más afectado por el fenómeno, según expertos.

La planificadora Norma Peña explicó que el término gentrificación, una adaptación al español de la palabra en inglés “gentrification”, alude a un proceso de desplazamiento que afecta a la población original en el área céntrica de una ciudad.

“De donde viene el concepto es en la ciudad, usualmente en el centro, porque tiene más amenidades. Hay mejor infraestructura, mayor densidad y funcionalidad, que tiene un valor en el mercado”, afirmó Peña, directora interina de la Escuela de Planificación de la Universidad de Puerto Rico.

Según la planificadora, en las zonas de Río Piedras, Santurce y el Caño Martín Peña han ocurrido procesos de gentrificación.

Peña indicó que el fenómeno socioeconómico y político conlleva, primeramente, el éxodo de la población en la ciudad al suburbio, o a urbanizaciones.

Explicó que el vaciamiento de la zona se produce, en parte, por la dejadez del gobierno en gestiones de mantenimiento en el área, por lo que el centro de la ciudad comienza a perder valor socioeconómico.

“El gobierno deja de invertir dentro de la ciudad. Deja de mantener las aceras, deja de invertir en los hospitales, todo lo que le da valor a la ciudad. La gente se va y se vacía la ciudad”, manifestó.

No obstante, algunos individuos no logran salir del área durante el éxodo, principalmente por escasez económica. “El que se quedó atrapado en ese centro de la ciudad, que una vez fue muy vibrante, no pudo mudarse por las condiciones que sea y permanece allí 10, 20 años”, sostuvo.

El desplazamiento de la población original ocurre cuando personas se mudan del suburbio al centro de la ciudad nuevamente, cuando se genera una nueva valoración de la zona, en muchas ocasiones por la presencia de artistas. Esto provoca el aumento del valor de las propiedades en el área, por lo que incrementa el costo de renta.

“El proceso de gentrificación se da cuando se desplaza a unos grupos que no tienen los medios económicos para permanecer en ese lugar”, explicó Peña, quien añadió que el gobierno debe mantener viviendas a bajo costo en áreas que atraviesan el fenómeno para asegurar la diversidad poblacional.

La población en Río Piedras, señaló, es particularmente vulnerable al desplazamiento involuntario porque se compone principalmente de personas mayores, que dependen de la centralidad de la zona para satisfacer sus necesidades básicas.

No obstante, Peña aseguró que la comunidad es consciente de los procesos de gentrificación que podría enfrentar. “Río Piedras sabe que tiene la trama urbana y todas las condiciones para ser un buen lugar para vivir”, detalló.

El caso de Santurce

Para el geógrafo Carlos Severino, Santurce figura como el sector de San Juan que más claramente evidencia el proceso de gentrificación, el cual, dijo, se ha intensificado en la pasada década.

Santurce, señaló, era una zona densamente poblada durante el siglo pasado, pero el surgimiento de urbanizaciones y el crecimiento de los municipios cercanos de Bayamón y Carolina durante la década de 1960 provocaron el eventual éxodo de la población.

Para la década de 1990, indicó, era casi un “pueblo fantasma”. “En los años 90, con la reducción de la población, las principales avenidas perdieron sus comercios”, relató.

Añadió que, en este mismo periodo, inmigrantes de la República Dominicana comenzaron a repoblar la zona. “La población dominicana busca el espacio más económico y comienza un repoblamiento de algunas áreas en Santurce”, explicó.

Poco después, a partir del 2000, comienzan a mudarse al área personas de clase media y jóvenes profesionales. Desde el 2010, indicó, se ha acentuado el fenómeno por el “redescubrimiento” de la centralidad del área y por su oferta cultural.

Según Severino, el proceso comenzó con una gestión pública por la creación de la Ley Especial para la Rehabilitación de Santurce (Ley 148-1988) y, luego, continuó con inversiones del sector privado en proyectos como Ciudadela.

El geógrafo señaló que los sectores de Santurce que han sido más afectados por el proceso de gentrificación son las áreas circundantes a la avenida Juan Ponce de León, particularmente de la Parada 20 a la 23, y la zona de Machuchal, específicamente la calle Loíza.

Severino añadió que la proximidad de la calle Loíza a Condado y la oferta gastronómica disponible en el área han comenzado a atraer turistas, por lo que han aumentado los espacios de alquiler a corto plazo, particularmente los Airbnb.

“Se corre el riesgo de sustituir áreas residenciales con áreas hoteleras”, advirtió.

Desde la intersección de la calle Loíza con la avenida José de Diego, hasta la esquina de la calle Tapia, hay más de 150 alojamientos de Airbnb, según Peña.

“Hay una tendencia de comprar propiedades para convertirlas en Airbnb”, señaló el corredor de bienes raíces Carlos Torres, quien opinó que la zona podría convertirse en una extensión de Condado y Ocean Park.

“En los últimos cinco años, esta área ha sido un ‘boom’. Todo el mundo está saliendo de Condado, y está viniendo para acá”, expresó Isaac Cruz, de 52, quien reside en la calle Aponte desde hace más de 20 años.

Cuando Cruz comenzó a vivir en el área, la zona era tranquila y tenía un ambiente familiar. La casa blanca donde vivió cuando se mudó a la calle Aponte queda a solo pasos de su residencia actual. “Siempre me ha gustado esta área”, afirmó sonriente.

Con la llegada de los nuevos establecimientos, sin embargo, ha aumentado la congestión vehicular y la cantidad de carros estacionados en las calles que bloquean las entradas de las casas. Ante esta situación, dijo, algunos vecinos han decidido abandonar el área.

“No tengo problema con los negocios. Son buenos. Pero tienen que hacer un ‘parking’ mejor”, manifestó.

De acuerdo con Taína Moscoso, presidenta de la Asociación de Residentes Machuchal Revive, a la falta de estacionamiento a raíz del establecimiento de nuevos negocios, se suman los ruidos, la acumulación de basura, tuberías tapadas y problemas de seguridad.

Aseguró que estos inconvenientes para los residentes son consecuencias de la “desproporción” en la cantidad de restaurantes, barras y discotecas en la calle Loíza.

Moscoso relató que, cuando se mudó al área en 2010, había apenas un puñado de restaurantes y no había vida nocturna. Ahora, dice, hay de 80 a 100 negocios.

La residente recalcó que el estado tiene un rol crucial en velar por el bienestar de la comunidad, particularmente al momento de otorgar permisos para controlar la cantidad de comercios en la zona que, dijo, no cuenta con la infraestructura para albergar tantos establecimientos.

“Esto no es un asunto de reclamo hacia los comerciantes, sino hacia el estado y la cantidad de permisos que está dando”, expresó.

Moscoso advirtió, además, que el aumento en la renta de los residentes y los comerciantes ha obligado a algunos a abandonar el área.

Una política pública

Por su parte, María del C. Gordillo, presidenta de la Junta de Planificación, aseguró que la política pública del gobernador Ricardo Rosselló Nevares busca estimular el “redesarrollo” de áreas urbanas con el fin de que las ciudades puedan suplir las necesidades de la población, reduciendo el desparramamiento urbano.

“No obstante, este ejercicio está obligado a considerar las comunidades que ocupan estos espacios, por ello la necesidad de que estén envueltos desde las etapas más tempranas de los procesos de planificación”, indicó en declaraciones escritas.

Señaló, además, que el proceso de calificación, que regula el tamaño de construcción, densidad poblacional y la manera en que se puede utilizar los terrenos, “busca poner de manifiesto la política pública”.

“Por lo cual, en el proceso de formulación de política pública, sí son considerados asuntos de redesarrollo, la reglamentación en cuanto a calificación va sobre las estructuras o el terreno por que los usos, intensidades (densidades) y parámetros son de aplicación general”, aseveró.

Mientras, el sociólogo José Rodríguez-Gómez destacó que, más allá de formular política pública, es necesario fortalecer a los grupos sociales en riesgo para evitar que sean desplazados por un proceso de gentrificación.

“Puedes tener política pública que argumente el desarrollo de las comunidades, pero, si no hay fondos y si las personas están apáticas, lamentablemente, es probable que la política sea letra muerta”, sostuvo.

Rodríguez-Gómez recalcó sobre la importancia de apoderar a los residentes para que puedan gestionar los proyectos de desarrollo en sus comunidades y “hacerle frente al estado que quiere desplazarlos de ese lugar”.

“Lo importante es el deseo de las personas a echar hacia adelante su comunidad”, sostuvo.

En esa línea, la alcaldesa de San Juan, Carmen Yulín Cruz Soto, subrayó que, para disminuir la posibilidad de la gentrificación, la dirección de un gobierno debe ser dar más herramientas y participación a las comunidades para que sean militantes en defensa de sus derechos comunitarios.

“Mi administración se ha dedicado a trabajar tomando en cuenta las comunidades, promoviendo la organización de los residentes y dándole las herramientas para el desarrollo social y económico comunitario”, dijo.

Mencionó su incorporación a los esfuerzos de las comunidades del Caño Martín Peña, Cantera y Caimito, en su lucha por no ser desalojados.

“He trabajado desde el primer día para que se haga una realidad el dragado del Caño; se han concretado y están en ejecución medidas para el manejo de las inundaciones en el sector con el trabajo continuo en las alcantarillas y el seguimiento al buen funcionamiento de las bombas”, mencionó.

En cuanto a la calle Loíza, dijo que, debido a la proliferación de los negocios, trabaja con la comunidad para manejar en conjunto la cantidad de personas que transitan. Añadió que cedió el uso de la escuela Pedro Gerónimo Goyco para beneficio de los residentes.

“Lo que no ha pasado y no va a pasar en San Juan, mientras yo sea alcaldesa, es que se expropien sectores de comunidades de escasos recursos para dar paso a la construcción de grandes complejos de vivienda caros o de negocios”, afirmó.

“Todo lo contrario, hemos logrado estrecha colaboración con empresas de gran responsabilidad social y que se han integrado a la realidad comunitaria, como lo es Ciudadela, que está trabajando importantes proyectos para Santurce más allá de los residentes de Ciudadela”, acotó.

Defienden su tierra

Para Lyvia Rodríguez, directora ejecutiva del proyecto Enlace del Caño Martín Peña, el proyecto del Caño representa un ejemplo de las medidas que pueden tomar las comunidades para prevenir el proceso de gentrificación.

“Sabemos que, una vez se recupere el Caño, este lugar va a ser muy apetecible”, reconoció.

Con el fin de liderar el desarrollo de la tierra sin poner en riesgo de desplazamiento a los residentes, se creó el Fideicomiso de la Tierra del Caño Martín Peña, un instrumento de titularidad colectiva de unas 200 cuerdas de terreno.

Rodríguez explicó que cada vecino recibe una escritura que reconoce sus derechos sobre la tierra donde está ubicada su residencia.

Entre sus objetivos, el Fideicomiso de la Tierra busca mantener vivienda asequible para familias e individuos de escasos recursos económicos.

Rodríguez puntualizó, además, sobre la importancia de evitar el desplazamiento de las comunidades en el Caño durante procesos de rehabilitación en el área, como el dragado.

“Tenemos que asegurar que la recuperación de Puerto Rico sea justa y que no terminemos desplazando innecesariamente comunidades”, afirmó.

“En la calle Loíza vive gente”

En Machuchal, la antigua escuela Pedro Gerónimo Goyco es el centro para la comunidad y, tras un reciente acuerdo con el Municipio de San Juan, la nueva corporación Taller Comunidad La Goyco desarrollará una programación cultural y educativa en el espacio.

Matos Otero, quien preside la junta, espera que el proyecto le dé vida comunitaria a la zona y que sirva para preservar la historia del área.

“Haremos constar el valor cultural de la zona. Ese espacio va a ser nuestro”, afirmó.


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