La Fortaleza admite que no posee un inventario de las estructuras públicas que estaban en desuso previo al año 2017.

La gobernadora Wanda Vázquez Garced ordenó esta mañana que el subcomité que evalúa propuestas para las escuelas en desuso comience a contar, uno a uno, cada uno de los planteles propiedad del gobierno que desde antes del 2017 permanecen vacíos.

La determinación de la mandataria responde a que ni la Autoridad de Edificios Públicos, ni los departamentos de Educación (DE) y de Transportación y Obras Públicas (DTOP) tienen idea de cuántos planteles en desuso existen en Puerto Rico, sus condiciones o su valor en el mercado de bienes raíces, admitió María Palau, asesora de infraestructura de La Fortaleza.

“Ante la preocupación de la gobernadora de que estos planteles no se conviertan en estorbos, se ha solicitado que se levante un inventario de los planteles en desuso previo al inicio de este cuatrienio”, dijo Palau al salir de una reunión con la gobernadora.

Se supone que cualquier inmueble del gobierno en desuso pase a manos del DTOP, agencia que, en teoría, debería encargarse de su administración. Carlos Contreras, jefe del DTOP, sin embargo, reconoció esta mañana que no tienen ni idea de cuántos planteles escolares en desuso tiene el gobierno. Indicó que solo han mantenido la información sobre aquellas instalaciones educativas que se cerraron en este cuatrienio.

Según Palau, entre el 2017 y el 2018 se cerraron unas 418 escuelas públicas, de las cuales 365 fueron declaradas en desuso. El gobierno ha recibido propuestas para el 75% (275) de estos planteles públicos. Se han recomendado arrendamientos de $1 al año para 164 de estas instalaciones -en 48 de los casos no se ha completado el trámite legal- y se han cerrado nueve transacciones de compraventa.

Palau indicó que las ventas se hacen bajo tasación y que han cobrado $6.6 millones por estos inmuebles. Muchas de estas propiedades, sin embargo, han sido vandalizadas y han sufrido mucho deterioro desde que fueron clausuradas, lo que tiene el potencial de bajar el precio de venta de los inmuebles, muchos de los cuales fueron construidos con la emisión de deuda pública. La iniciativa del gobierno para disponer de los planteles en desuso tiene como finalidad allegar fondos al erario, reconoció la funcionaria.

Contreras alegó que desconocen cuántas escuelas sin usar existen debido a que el DE y la AEP, entes que administran las escuelas en uso, no completaron los tramites necesarios, dejando las estructuras en una especie de limbo administrativo.

Las propuestas que ha recibido el gobierno para darle uso a estos planteles implican, entre otras cosas, la apertura de refugios de animales, la creación de centros de terapias, el desarrollo de actividades extracurriculares para jóvenes, la reubicación de escuelas privadas, y el desarrollo iniciativas comunitarias, precisó Palau.

La funcionaria indicó que el inventario que solicitó Vázquez Garced tiene mucha premura por lo que esperan recopilar la información con prontitud. Palau no indicó qué agencia o qué funcionario falló en la administración y mantenimiento de las escuelas cerradas.


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