Ayer, domingo, la JSF declinó la reconsideración de solicitud de extensión del término para procesar las peticiones de uso del fondo de emergencia sin una preautorización. (Jorge A. Ramírez Portela / Especial El Nuevo Día)

En un nuevo intento por evidenciar quién tiene la razón, el gobierno presentó hoy, lunes, documentos que, supuestamente, evidencian las sobre 50 peticiones que han sometido ante la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para atender la emergencia que atraviesan los residentes del suroeste del país a raíz de los sismos registrados en la zona.

Hemos sometido 12 planteamientos que totalizan 58 peticiones, que van desde los contratos de arrendamiento de instalaciones para reubicar escuelas hasta utensilios y productos básicos para garantizar la salubridad de los refugiados. Todos merecemos un trato digno. Se trata de la salud, de la alimentación y la educación de los afectados. En este momento estamos respondiendo a una emergencia y aunando esfuerzos para estabilizar la vida cotidiana de todos”, expresó la directora ejecutiva de OGP, Iris Santos Díaz, al publicar el desglose de las peticiones.

El domingo, a través de una carta enviada al director de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf), Omar Marrero, la directora ejecutiva de la JSF, Natalie Jaresko, rechazó que hayan detenido el uso de fondos públicos para atender la emergencia que atraviesan los municipios al suroeste de la isla y que hubieran recibido sobre 50 peticiones para la compra de suministros y la contratación de servicios para los damnificados, como alegó el sábado en conferencia de prensa la gobernadora Wanda Vázquez Garced.

Jaresko sostuvo que desde el 31 de enero solo habían recibido diez solicitudes para la compra y contratación de servicios. Ese día la JSF alertó al gobierno que toda petición tenía que ser autorizada por el ente federal.

Según la JSF, los gastos pendientes, aunque sigune siendo “críticos”, son planificables. Jaresko mencionó, por ejemplo, que en este renglón cae la compra de repelentes y fondos para la reubicación de las aulas de clases. “Las acusaciones de que la Junta de Supervisión ha introducido demasiada burocracia en un momento crítico son simplemente falsas”, subrayó Jaresko en la misiva con fecha del 9 de febrero.

De acuerdo a la tabla enviada por el gobierno hoy, entre el 31 de enero y el 6 de febrero han sometido 13 de órdenes de compra que agrupan 58 peticiones, ya que algunas de estas solicitudes son por más de un artículo. Por ejemplo, una de las órdenes para la compra de alimentos, que suma $20,376.43, es por 37 artículos, incluyendo habichuelas, café, papas majadas, aceite y tomates, entre otros productos.

Tanto Santos Díaz como el subdirector de Aafaf, Carlos M. Yamín Rivera, reiteraron la importancia de agilizar el proceso de las peticiones para garantizar una respuesta justa a las necesidades de los damnificados por terremotos.

Ayer, domingo, la JSF declinó la reconsideración de solicitud de extensión del término para procesar las peticiones de uso del fondo de emergencia sin una preautorización. “Exhortamos a la JSF a reconsiderar nuestra solicitud para acceder a la Reserva del Fondo de Emergencia…Necesitamos continuar atendiendo los daños ocasionados por los movimientos telúricos pues la emergencia continúa y no podemos detener los esfuerzos de recuperación”, sostuvo el subdirector de AAFAF.

Santos Díaz insistió que ante esta negativa las peticiones estuvieron detenidas. “Procesos burocráticos, como los que ha impuesto la JSF, retrasan la recuperación de nuestra isla. Insistimos en que la JSF debe atender este asunto con sensibilidad y con apertura para colaborar con el gobierno electo para seguir atendiendo las necesidades de nuestras hermanos y hermanas del sur de Puerto Rico”, sostuvo Yamín Rivera.


💬Ver 0 comentarios