En el centro el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal, Joseé Carrión. (GFR Media)

Los términos del acuerdo que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha pactado con la Coalición de Deuda Legítima (CDL) y otros inversionistas son un indicio de que, a largo plazo, la situación económica de la isla no es alentadora y si ese es el caso, tampoco será factible pagar a los bonistas, indicó el economista Daniel Santamaría.

Aunque la gobernadora Wanda Vázquez Garced y la Legislatura han dicho que no darán paso al plan de ajuste (POA) que impulsa la JSF, el organismo fiscal ha dicho al tribunal que está dispuesto a lograr la aprobación de dicho pago solicitando “la interferencia en los poderes de gobierno y legislativos” de Puerto Rico, señaló por su parte, el abogado y analista de política pública, Sergio Marxuach.

Ambas premisas quedaron establecidas ayer en el foro “¿Saliendo de la quiebra?”, coordinado por los departamentos de Ciencia Política y Economía de la Universidad de Puerto Rico (UPR) en Río Piedras y donde la economista Eileen Segarra, indicó que en la coyuntura actual, la única alternativa que tiene la sociedad es aprovechar el ciclo electoral para participar activamente de la discusión de temas económicos y exigir compromisos concretos.

“Los niveles de deuda en un país sí importan. Cada situación de deuda es distinta y son historias particulares porque son vidas que se afectan”, dijo Santamaría al plantear que si la reestructuración de la deuda pública no se hace correctamente, ello acentuará los problemas que ya experimenta Puerto Rico como la migración y el deterioro de los servicios públicos.

De acuerdo con Santamaría, economista para la organización Espacios Abiertos (EA), la JSF ha llegado a un nuevo acuerdo con la CDL y otros grupos de bonistas y se propone enmendar el POA radicado en septiembre pasado, utilizando como zapata un conjunto de supuestos y proyecciones que simplemente no se justifican.

“La llegada de un desastre natural no va a poner la economía mejor”, sostuvo Santamaría haciendo referencia a las proyecciones que la JSF ha utilizado en sus planes fiscales y a su vez, son la referencia para determinar cuánto recibirán los acreedores.

Estimados defectuosos, acuerdos insostenibles

De acuerdo con el economista, luego de seis planes fiscales, la JSF ha modificado varias de sus previsiones, pero sigue partiendo de premisas muy optimistas.

En síntesis, según Santamaría, la JSF ha planteado que la economía crecería más de lo que, en realidad, ha pasado desde la temporada ciclónica del 2017. El organismo fiscal también ha incluido en sus números, partidas de fondos federales para la recuperación que no han llegado a Puerto Rico y sobre todo, el organismo fiscal ha minimizado el impacto de los recortes presupuestarios que ha requerido al gobierno.

“La austeridad no ha funcionado en ningún lugar, la evidencia es abrumadora”, dijo Santamaría.

Según el análisis de sostenibilidad de deuda efectuado por expertos en deuda soberana como el actual ministro de Finanzas de Argentina, Martín Guzmán, mientras los estimados de la JSF señalan que por cada dólar de recorte, la economía local perdería $1.34, la experiencia en otros procesos de ajuste fiscal apunta a que el impacto adverso de estas medidas es mucho más severo, en el orden de $3.54.

El análisis de sostenibilidad comisionado por EA apunta a que la deuda pública de Puerto Rico debe recortarse entre 80% y 90%. El acuerdo pactado por la JSF recorta la deuda constitucional en alrededor de 27%.

En contraste y como resultado de supuestos defectuosos, agregó el economista, la JSF se ha comprometido a pagar a los bonistas un dinero que, a la larga, el gobierno territorial no tendrá.

“El problema es que fraguas acuerdos como el de Cofina, con proyecciones optimistas y eso va a afectar el resto de las reestructuraciones”, indicó Santamaría.

A manera de ejemplo, Santamaría recordó que el pacto de Cofina -la deuda pagadera con el Impuesto a la Venta y Uso (IVU)- se zanjó cuando se decía en los planes fiscales que la economía crecería en 7.8%. El Indice de Actividad Económica (IAE) de Puerto Rico apunta a que la economía crecería alrededor de 1.5%.

Los bonistas aseguran su parte

Según Santamaría, un ángulo positivo del pacto reciente entre la JSF y ciertos bonistas de GOs, es que la deuda se pagaría en menos tiempo, es decir, en 20 años, en lugar de 30.

Pero de acuerdo con el economista, los bonistas aceptan un recorte agregado de 27% porque ahora recibirán más efectivo y cobrarán menos intereses porque el gobierno les pagará con una combinación de bonos constitucionales y subordinados Cofina, estos últimos con más garantías de recobro que los bonos de Obligación General (GOs).

“Los bonistas se están protegiendo porque ven con dudas (el largo plazo)”, dijo Santamaría al plantear que Puerto Rico continúa sin atender lo apremiante. Es decir, identificar cuál será su tesis de desarrollo para que la economía crezca de manera sostenida y pueda cumplir con los acreedores.

Ortopedia política o en el tribunal

Mientras los números no justifican los términos económicos del acuerdo, la JSF no descarta forzar su implementación, indicó Marxuach.

De acuerdo con el director de Política Pública del Centro para una Nueva Economía (CNE), sin lugar a dudas, a la hora de que se apruebe un plan de pago para Puerto Rico, la ley federal Promesa requiere que el tribunal se asegure de que la legislatura lo hará factible. Ello está establecido en la sección 314 de Promesa.

Según Marxuach, esa sección de la ley federal permite que la JSF pueda llegar a un acuerdo con algún grupo de acreedores como lo ha hecho a la fecha.

Aparte del acuerdo con ciertos bonistas de GOs, incluyendo algunos fondos que se oponían a la JSF, el organismo fiscal ha conseguido más adeptos a su plan. Esto, al lograr un acuerdo con Servidores Públicos Unidos (SPU) para restituir las aportaciones de los trabajadores a su plan de retiro y también pactó con el Comité Oficial de Retirados (COR), el recorte que se hará a las pensiones.

“La sección 314 tiene una provisión de ‘cram down’, si de las 39 clases (en el plan), una está de acuerdo, utilizo eso martillo para imponer los recortes a todos los demás”, explicó Marxuach.

Marxuach sostuvo que a lo largo del curso de los casos de Título III, el tribunal ha establecido claramente en dos ocasiones que la JSF no tiene poder de legislación.

El problema que tiene Puerto Rico, dijo Marxuach, es que -al aprobarse Promesa- se estableció que los dos criterios que el tribunal utilizará para confirmar un plan de ajuste serán su razonabilidad en relación al plan fiscal y si actúa “en el mejor interés de los acreedores”, dos estándares que no se definen con precisión.

Así las cosas y a pesar de la oposición del gobierno, la JSF puede continuar con su estrategia para aprobar el plan y así lo ha establecido en el tribunal, utilizando la sección 305 de Promesa. En esa sección se establece que incluso, el tribunal no podrá tomar una decisión que interfiera con los poderes del deudor, es decir, con los poderes de la JSF.

Citando la declaración informativa que la JSF radicó tras anunciar el acuerdo, Marxuach destacó que en ese documento se establece que si la legislatura no aprueba las leyes necesarias, la JSF “buscará un remedio judicial en lugar de ello”, según la sección 305 de Promesa.

Esa acción, dice la declaración informativa en su página 325, permitiría a la corte de Título III “interferir con los poderes de gobierno y políticos en un plan de ajuste o con el consentimiento de la JSF y propiciar la emisión de nuevos bonos”.

“Si no logran torcer suficientes brazos en el Capitolio de aquí al 30 de junio (cuando terminaría la sesión legislativa), podríamos caer en esta sección (305)”, dijo Marxuach.

Hora de que la gente se active en el proceso electoral

La radiografía financiera y legal del acuerdo provista por Santamaría y Marxuach, según la economista Segarra, requiere que la ciudadanía tome un rol activo particularmente en el proceso electoral que se avecina.

“Esto se veía venir… si hubiésemos admitido que estábamos insolventes, la situación habría sido precaria, pero tal vez, en menor grado”, dijo Segarra haciendo referencia a los últimos malabares de la administración de Alejandro García Padilla antes del impago.

Según la académica, la falta de crecimiento de económico combinada con las medidas de austeridad perpetúan un círculo vicioso mientras se lidia con una solución provista desde el Congreso estadounidense “costosa” al erario de Puerto Rico.

“(Promesa) es el resultado de un proceso político partidista, donde los partidos de Puerto Rico y de Estados Unidos metieron la mano”, dijo Segarra. “La composición de la junta es fruto de ese proceso”.

De acuerdo con Segarra, los recortes alcanzados en la negociación no son suficientes mientras los recortes y la congelación de beneficios en pensiones por parte de la JSF tendrá un efecto adverso en la economía de la isla.

“Hay una reducción en los pagos, pero a todas luces, no es un acuerdo que pueda ser factible a largo plazo”, dijo Segarra al agregar que los tenedores de deuda ilegítima terminan beneficiándose del acuerdo.

“El año electoral puede surtir efecto. En este período pre-eleccionario, como sociedad, hay que tomar parte en esta discusión. Hay que definir servicios esenciales y determinar como país qué es importante para nosotros”, dijo Segarra. “Si queremos salir de esta, es hora de organizarnos”.


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