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El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, no estuvo disponible ayer para explicar la demora en la presentación del Código de Incentivos. (semisquare-x3)
El secretario de Desarrollo Económico y Comercio, Manuel Laboy, no estuvo disponible ayer para explicar la demora en la presentación del Código de Incentivos. (Ramón “Tonito” Zayas)

El manejo de los incentivos industriales, según el nuevo plan fiscal certificado, provee para un recorte de $184 millones en los créditos contributivos y subvenciones en el año fiscal 2019, y mermas adicionales de $67 millones para el 2020.

En total, el 56% de la inversión en incentivos y subvenciones para el impulso empresarial se eliminarían en los próximos 25 meses, según el documento. Solo un puñado de beneficios contributivos serían fortalecidos en esta revisión, como el que impulsa la actividad turística y el que establece créditos para las inversiones en infraestructura para viviendas.

También, hay un impulso, aunque de solo un año, para los decretos especiales de la industria fílmica. Para el resto de los estatutos, el plan fiscal certificado promueve recortes o eliminaciones completas de la inversión pública.

Los detalles de las medidas que permitirán la ejecución de estos cambios se desconocen. El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) todavía no ha presentado el prometido borrador del Código de Incentivos ante la Legislatura, a pesar de que se presume que este proyecto de ley es indispensable para el cuadre de las finanzas del gobierno en el próximo año fiscal. La propuesta de la administración del gobernador Ricardo Rosselló Nevares es usar lo que el gobierno se ahorraría en incentivos para cubrir los ingresos que dejarían de llegar al bajarse los tributos con la reforma contributiva que desde hace un mes está bajo evaluación legislativa.

Ayer, el secretario del DDEC, Manuel Laboy, no estuvo disponible para contestar las preguntas de este diario sobre las más recientes demoras en la presentación del Código de Incentivos, iniciativa que originalmente se esperaba completar para finales del año pasado. Por su parte, el secretario de Asuntos Públicos de La Fortaleza, Ramón Rosario Cortés, explicó, con un tono de frustración, que el proceso de análisis ha tomado más tiempo de lo previsto, pues la eliminación o modificación de estos tratos preferenciales debe armonizarse con otros aspectos como, por ejemplo, la estructura de tributación asociada a la Ley 154 que estableció el llamado arbitrio a las empresas foráneas.

“Se hizo un estudio para determinar el famoso ROI (‘return on investment’) y ese es uno de los elementos cuando vayamos a destinar, por darte un ejemplo, en la recopilación que hicimos, cerca de $610 millones se van en estos incentivos. Eso hay que reducirlo a cerca de la mitad, $300 millones. Una de las cuestiones que se vana estar mirando para hacer esa asignación es precisamente el ROI de cada una de las inversiones para mantener aquellas que producen al pueblo de Puerto Rico”, dijo.

Rosario Cortés indicó que la efectividad de los incentivos fluctúa según los cambios de la economía, y que, por ello, se necesita diseñar un modelo que provea flexibilidad y permita “medir de forma constante cuáles son los incentivos que están dando resultado”.

“Hemos sido cuidadososen que lo que se presente, va a hacer al final del día que redunde en lo que queremos, que no trastoque el andamiaje que tenemos hoy, y que tengamos un mecanismo flexible para destinar el dinero donde le vamos a sacar provecho”, sostuvo.

Impacto en manufactura

Y en estos cambios, algunas consideraciones saltan a la vista. Por ejemplo, los incentivos que recibe la manufactura puertorriqueña se reducen en un 58% en el plan fiscal certificado. Aun así, se trata del sector de la economía que mantendría la mayor cantidad de consideraciones económicas de parte del gobierno al recibir el equivalente a $48.5 millones anuales en incentivos.

Por un lado, la manufactura en la isla cuenta por el 49% de las riquezas que se producen en Puerto Rico anualmente. Por otro lado, se trata de un sector económico cuya producción se reducirá en cerca de un 20% debido a las nuevas políticas contributivas legisladas por el Congreso estadounidense y convertidas en ley por el presidente Donald Trump a finales del año pasado.

En el pasado, el presidente de la Asociación de Industriales se ha expresado a favor de la elaboración del Código de Incentivos siguiendo una revisión de los costos y beneficios de los créditos, las subvenciones y los beneficios que, en general, provee el gobierno a distintas industrias. No obstante, el ejecutivo, que ayer no estuvo disponible para comentar sobre las propuestas contenidas en el Plan Fiscal certificado, se ha mostrado cauteloso con el producto final de la medida una vez completado el proceso legislativo.

Mientras, el expresidente del Colegio de Contadores Públicos Autorizados Kenneth Rivera afirmó que más allá del beneficio y el costo que implica cada incentivo, se deberían examinar consideraciones sociales en cada una de las medidas que contendría el código.

Beneficios sociales

Por ejemplo, si se legislan los cambios que aparecen en el plan fiscal, se estarían trastocando los incentivos agrícolas, que ayudan a la seguridad alimentaria, y el que reciben los hospitales, que abarata los costos de los servicios de salud.

“Yo no sé si esos asuntos sociales se han incluido como parte del análisis, pero debe ser algo a mirarse”, dijo Rivera.

En términos similares se expresó el economista Gustavo Vélez, al destacar que los incentivos agrícolas procuran la seguridad alimentaria.

“Ese problema de seguridad alimentaria se vio claro con (el huracán) María cuando no se podía sacar de los muelles la mercancía que había. Eso es algo que uno puede favorecer como política pública más allá del retorno de la inversión que tiene el incentivo. En sitios como Puerto Rico, donde la mano de obra no es tan barata como en otros lugares, esos incentivos son los que te permiten competir y mantener una producción local de alimentos”, sostuvo Vélez.

El plan fiscal certificado también propone la eliminación de los incentivos de energía renovable, manejo de desperdicios sólidos, las subvenciones a las empresas agropecuarias y los beneficios para aquellos que con sus propiedades participan en las servidumbres de conservación.

También, se reducen los beneficios que reciben las empresas turísticas, la industria fílmica y la construcción de vivienda asequible.

Se premia el rendimiento

Lo positivo de la revisión es que el enfoque es maximizar el rendimiento de las inversiones. Es decir, aquellos incentivos que producen mayor impacto en la economía serán los que prevalecerán sobre los que menos beneficios generan. Y muchos de estos incentivos no movieron significativamente la economía, explicó el economista Antonio Fernós Sagebién.

“La mayoría de esos créditos no generaron ni los empleos ni el ingreso que suponía generaran. El efecto multiplicador no se consumó”, dijo.

Por eso, Fernós Sagebién estima que la eliminación de estos incentivos no necesariamente implicará un deterioro significativo de la economía.

“No creo que haya muchos inversionistas esperando que estos créditos sigan existiendo para que se dé inversión adicional en el corto o mediano plazo y, en tal caso, el efecto sería negativo, pero totalmente marginal”, sostuvo Fernós Sagebién.

Aun así, probablemente una vez se anuncie exactamente qué sector de la economía perderá algún incentivo, se intensificará el cabildeo de los líderes del sector privado por los programas de beneficencia empresarial, explicó Rivera.

Esto ocurrirá particularmente en aquellos sectores que, de algún modo, dependen de los créditos contributivos que emite el gobierno.

El sistema de créditos

Normalmente, los créditos contributivos funcionan como una especie de vale que se acredita contra las contribuciones. El gobierno emite el crédito según la inversión que desea impulsar, ya sea vivienda u hoteles, entre otros proyectos. Ese crédito tiene el valor de una porción de la inversión hecha. Por ejemplo, un inversionista podría recibir un crédito de 50 centavos por cada dólar que invirtió en la construcción de casas.

El inversionista puede girar ese crédito contra las contribuciones que tiene que pagarle al gobierno o vender el crédito, con descuentos, a un contribuyente que busque recibir una rebaja en su obligación tributaria. De este modo, el gobierno deja de recibir una porción de lo que le corresponde en contribuciones mientras que el inversionista obtiene de vuelta, de parte del Estado, una porción de lo invertido.

La evaluación de estos incentivos es un tema que se venía arrastrando desde hace décadas y que provocaba que no llegaran cientos de millones de dólares al erario, explicó Vélez.

Específicamente, el gobierno habla de que evaluaron créditos que implican una inversión de $600 millones de fondos públicos. De estos, el gobierno de Rosselló Nevares habla de recortar unos $200 millones para sufragar una porción de la reforma contributiva que propone el gobierno.

Dicho cambio a la ley contributiva también es financiado por una mejor fiscalización por parte del Departamento de Hacienda y un aumento en lo que pagan algunos contribuyentes con la eliminación o limitación del acceso a deducciones.

Por disposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), la reforma contributiva no debe reducir la cantidad de ingresos que recibe el gobierno en un año fiscal.

La discusión está enmarcada también en el presupuesto que regirá las finanzas gubernamentales durante el próximo año fiscal que comienza en julio.

Dependiendo de lo que finalmente la Legislatura apruebe, como reforma contributiva, será la cantidad de créditos e incentivos que tendrán que reducirse, explicó Vélez.


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