Los viequenses y culebrenses se sienten atrapados en medio de su crisis de transportación.

Un día antes de que la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) inaugurara en octubre -en presencia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares- el terminal de lanchas de Ceiba, la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) había determinado que la instalación no cumplía con las disposiciones de la Ley de Agua Limpia (Clean Water Act).

La EPA inspeccionó por primera vez el terminal de Ceiba en septiembre pasado, y produjo el primer informe de hallazgos el 9 de octubre, justo un día antes de que el gobernador abordara la nave Schooldic Explorer, de la empresa Puerto Rico Fast Ferries, para trasladarse a Vieques como parte del viaje inaugural.

La inauguración ocurrió luego que los servicios de transporte marítimo fueran movidos de Fajardo a Ceiba y se contratara a la compañía para que los proveyera.

Cinco meses han transcurrido desde la apertura del terminal sin que el gobierno haya cumplido con la orden de la EPA.

Por el momento, la ATM y la empresa que realiza las obras en el terminal, SQR Arquitects and Engineers, incumplen con las regulaciones y órdenes de la agencia federal, pues continúan la construcción y las operaciones sin los correspondientes permisos.

Esa acción los expone a multas, pleitos civiles y criminales y hasta la posible pérdida de fondos federales, advirtió ayer la directora de la EPA en Puerto Rico, Carmen Guerrero.

“Están incumpliendo con la reglamentación federal porque -al día de hoy- no tienen permiso. Incumplen con la reglamentación del Clean Water Act (Ley de Agua Limpia). (El terminal) se construyó antes de tener los permisos y, entonces, cualquier movimiento de terreno, hay conexiones pluviales que descargaban a la bahía, y esos sedimentos pudieran llegar a la bahía si hubo un evento de lluvia”, explicó Guerrero.

No obstante, Guerrero señaló que el incumplimiento con la EPA no provocaría el cierre del terminal.

La funcionaria federal destacó que la bahía cercana al terminal de lanchas es uno de los lugares más importantes donde habitan manatíes y existe un sistema de praderas de hierba marina para las tortugas.

Además del incumplimiento federal,tampoco se sabe con certeza si el terminal de lanchas cuenta con los permisos estatales que se requerían para su construcción en los terrenos de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba.

Al cierre de esta edición, la ATM no había suministrado a El Nuevo Día copia de los permisos, a pesar de que la petición fue realizada hace más de tres meses.

Ayer, poco después que este medio, en su versión digital, revelara el incumplimiento de la ATM con la normativa federal, la directora ejecutiva de la corporación pública, Mara Pérez, sostuvo una reunión en la sede de la EPA, en Guaynabo, para discutir la situación.

“Entiendo que sí”, se limitó a decir la funcionaria cuando este medio la abordó a su salida del encuentro y le preguntó si la construcción del terminal contaba con los permisos de rigor de la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPE).

Pérez no proveyó copia de los permisos ni pudo precisar la fecha de su emisión.

Sin embargo, una fuente de este diario dijo por separado que la OGPE supuestamente dio el permiso de construcción después que la EPA emitió la orden que hacía constar el incumplimiento con la reglamentación federal.

Ayer, ni la OGPE, ni la Junta de Calidad Ambiental (JCA) ni la Junta de Planificación proveyeron información sobre los permisos o endosos que hayan concedido para la construcción del terminal de lanchas.

Solo el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) indicó que no ha emitido permiso alguno porque, en la instalación, no hay “construcción en el fondo marino”. Es decir, no hay construcción que impacte el suelo marino en donde la agencia tendría “jurisdicción primaria”.

Las obras en el terminal de Ceiba requerían obtener un permiso de construcción de la OGPE, y luego esa agencia debía haber emitido un permiso de uso antes de que se ponga a funcionar la instalación.

Llueven las denuncias

El traslado del terminal de lanchas de Fajardo a Ceiba ha provocado múltiples denuncias de culebrenses y viequenses por considerar inadecuadas e incompletas las nuevas instalaciones. El lugar no cuenta con una sala de espera para los pasajeros, y lo que tiene es una amplia carpa plástica.

Al caminar desde la boletería al área de espera, los pasajeros se mojan cuando llueve. Si no hay lluvia, es notable el polvorín que levanta el viento, particularmente en el estacionamiento.

Solo hay baños portátiles en el área de espera. El estacionamiento está sin pavimentar y cuando llueve, se crea una enorme acumulación de agua que, en febrero, provocó que una anciana de 84 años se cayera, recibiera múltiples golpes y hasta perdiera cuatro dientes.

Cerca la Semana Santa

A menos de un mes para la Semana Santa, temporada en la que miles de turistas locales e internacionales usan el terminal para viajar a las islas municipio, la directora de la ATM aseguró que esta situación no tendría “ningún tipo de implicación en el servicio”, pese a que los trabajos de construcción están detenidos desde noviembre.

“No estamos trabajando nada de construcción”, repitió Pérez en dos ocasiones cuando se le preguntó si la ATM cancelaría el contrato con la empresa SQR Arquitects and Engineers.

Los esfuerzos ayer por conseguir a un portavoz de la empresa SQR Arquitects and Engineers no rindieron frutos.

Las sanciones

Guerrero, entretanto, advirtió que la ATM y la empresa se exponen a “penalidades civiles y criminales”, según la Sección 309 de la Ley de Agua Limpia, que reglamenta las actividades de construcción, las descargas de agua de lluvia y las escorrentías en los proyectos de construcción.

También la ATM y la empresa violentan la Sección 301(a) del estatuto federal, revelan las órdenes de la EPA emitidas el 19 de diciembre pasado, según confirmó El Nuevo Día.

Los documentos exigen a la ATM y a la empresa de construcción que cumplan con la orden administrativa de la EPA y con el permiso general de construcción para escorrentía de lluvias en los trabajos que se conducen en el terminal.

“El incumplir con una orden también puede llevar a que las partes no puedan participar ni recibir contratos, subvenciones y préstamos federales”, apuntó Guerrero, quien destacó que investigaron la construcción luego de recibir un referido en septiembre sobre este particular.

Al momento, la EPA ha realizado tres visitas al terminal de lanchas. La inspección más reciente de la agencia fue en febrero, luego que el gobierno federal permaneciera cerrado por más de un mes.

“En las órdenes, la EPA establece que podría iniciar una acción legal en corte por violaciones a las mismas, incluyendo penalidades civiles de hasta $53,484 por cada día de violación o reparación de daños y medidas cautelares”, agregó Guerrero.

La primera inspección de la EPA reveló que el suelo está expuesto a la precipitación y sin estabilización, que no hay controles para establecer perímetros, manejar la erosión y los sedimentos. También, figura entre los hallazgos del informe mantener expuestos los desperdicios de la construcción sin que se tomaran medidas que prevengan la contaminación. La EPA encontró además dos entradas de alcantarillado pluvial que descargaban al mar.

Durante la segunda inspección realizada en noviembre, continuaban los desperdicios de construcción expuestos sin medidas contra la contaminación, según la orden de incumplimiento de la EPA y se añade que había drones con 55 galones de productos derivados del petróleo colocados directamente sobre la tierra sin que mediara una superficie. Igualmente, la EPA encontró que no había controles para la sedimentación en la salida del terminal.

Hasta el momento, la ATM y el contratista tomaron algunas medidas de control, dijo el ingeniero José A. Rivera, líder de grupo sobre la Ley de Agua Limpia de la EPA para Puerto e Islas Vírgenes y quien da seguimiento a las órdenes emitidas.

“El documento más reciente lo radicaron ayer (lunes). Es un plan de trabajo. Lo estamos evaluando para determinar si está completo o si faltan algunas otras medidas de control de erosión y sedimentación. Esperamos discutir ese documento lo antes posible”, destacó el funcionario federal.

Tras la reunión de ayer de Pérez en la sede de la EPA, la ATM debe suplementar ese plan de trabajo.

Trabajos detenidos

Rivera destacó que, desde noviembre del año pasado, la ATM detuvo los trabajos de construcción en el terminal porque “la orden no les autoriza a descargar agua de escorrentías. Por tanto, la actividad de construcción que ellos habían tenido por su propia cuenta la habían detenido y, al presente, estamos conversando qué actividades van a ser requeridas para cumplir con la orden y, segundo, cuál es el proceso para solicitud de permiso”.

Esto plantea otro reto para la ATM en la medida en que se acerca la Semana Santa. Hace una semana, Pérez había dicho que, de cara a esa semana, se harían trabajos en el estacionamiento y el alumbrado.

En las órdenes, la EPA exige que se implementen inmediatamente medidas en lo que obtienen el permiso o la agencia podría comenzar una acción legal. Esas medidas, dijo Guerrero, incluyen no descargar aguas al mar, estabilizar áreas que se hayan despejado, nivelado o excavado. En esas áreas, se debe detener toda actividad. También se debe prevenir y controlar la contaminación, el polvo y la sedimentación.

“Establecer controles de perímetros, erosión y sedimentación, y las mejores prácticas de manejo”, establece la orden de la EPA.

Guerrero precisó que desde que la ATM estaba bajo la dirección de Juan Maldonado, se les ha orientado.

Desde el año pasado, Maldonado, en varias entrevistas con este diario, indicó que la ATM contaba con el permiso de uso emitido por la OGPE, pero nunca proveyó los documentos. Respecto ala EPA, dijo que habían sometido un plan y nos “dieron un término para establecer medidas adicionales. Son unos asuntos que continuamos trabajando día a día”. Nunca sostuvo que incumplían con la EPA.

Las órdenes fueron dirigidas a Nelson Rosario, director de operaciones de la empresa SQR Arquitects and Engineers, y a Maldonado, entonces director de la ATM.


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