Los senadores de minoría se opusieron a la designación de Pierluisi como secretario de Estado y a que ocupara la gobernación. (Ramón “Tonito” Zayas)

La legitimidad de la juramentación de Pedro Pierluisi como gobernador ha quedado en manos del Tribunal Supremo, ente que acogió ayer un pleito radicado por el Senado para cuestionar la constitucionalidad de la ley que usó el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares para nombrar a su sucesor.

El máximo foro judicial estableció como plazo hasta hoy al mediodía para que, tanto el Senado como el gobierno -representado por el Departamento de Justicia- y Pierluisi como gobernador juramentado, presenten sus argumentos a favor o en contra de la constitucionalidad de la Ley 7 de 2005.

Esta ley enmendó legislación de 1952 para establecer la línea de sucesión en caso de una vacante en el puesto a la gobernación, y añadió un inciso que podría permitirle a un secretario de Estado sin confirmar ocupar la gobernación permanentemente. La pieza tiene visos de inconstitucionalidad, según expertos en Derecho Constitucional.

“Aunque es lamentable que este asunto tenga que dilucidarse en nuestros tribunales, espero que sea atendido con la mayor premura y diligencia por el bien del pueblo de Puerto Rico”, expresó Pierluisi en declaraciones escritas.

“El pueblo puede estar tranquilo que me ocuparé de que el gobierno siga cumpliendo su misión sin interrupción o dilación”, añadió.

Pierluisi fue nombrado secretario de Estado la semana pasada, durante el receso legislativo, y solo fue confirmado -en sesión extraordinaria- por la Cámara de Representantes. La Constitución establece que un nominado a ese cargo debe tener el aval de ambos cuerpos legislativos.

De acuerdo a la demanda presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, no requerir la confirmación de la Cámara alta “contraviene frontalmente, no solo la Ley 7 de 2005, sino la propia Constitución de Puerto Rico”.

“Dicha actuación usurpó de manera flagrante las prerrogativas constitucionales del Senado. Como corolario de ello, y en la alternativa que se considere correcta dicha interpretación, procedería, entonces, declarar la inconstitucionalidad de la Ley 7-2005”, añade el recurso.

Aparece Jenniffer González

La comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González, ayer también indicó que le toca al Tribunal Supremo decidir la controversia política.

González evitó contestar directamente si considera que Pierluisi usurpó el poder al juramentar a la gobernación.

“Esto va a ser un asunto que van a resolver los tribunales del país. Nada va a abonar que el liderato político genere más controversia sobre una controversia que no le brinda estabilidad a nadie”, contestó. “El alto foro tiene que resolver de manera inmediata para que se lleven a cabo los proceso como Dios manda”, añadió.

Si el Tribunal Supremo declara constitucional la cuestionada ley, Pierluisi podría permanecer en el cargo. De lo contrario, saldría de la línea de sucesión y la gobernación quedaría en manos de la secretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, quien ha expresado que no tiene interés en ocupar el cargo.

Aunque estos son los escenarios más probables, no necesariamente son las únicas opciones que tiene ante sí el máximo foro judicial.

Divisiones internas

La sesión extraordinaria se realizó con la presencia de 27 de los 29 senadores. Entre los ausentes estaba el portavoz de la mayoría, Carmelo Ríos, quien se encuentra fuera del país, informó su portavoz Marimar Alicea.

Previo a la sesión, se realizó un caucus de la mayoría novoprogresista. El Nuevo Día supo que, antes de ese encuentro, senadores como Evelyn Vázquez, Abel Nazario y Luis Daniel Muñiz hicieron expresiones entre ellos de malestar por la prolongada ausencia de Ríos. Estas conversaciones se dieron sin la presencia de Rivera Schatz, y no se planteó en el caucus removerlo como portavoz.

Según fuentes, Ríos, estrecho aliado de Pierluisi durante la primaria contra Rosselló Nevares, dijo a unas personas que favorecía la posición de Rivera Schatz contra el exmandatario, y a otras les indicó que favorece a Pierluisi.

Sin aval senatorial

Ayer, el Senado optó por no llevar a votación el nombramiento del ex comisionado residente como secretario de Estado, ni “ratificar” su incumbencia en la gobernación, como solicitó Pierluisi.

Tras una discusión senatorial de poco más de hora y media, durante la cual se expresaron senadores de mayoría y minoría, Rivera Schatz dejó claro que Pierluisi solo contaba con cinco votos de senadores y necesitaría 15 votos para ser confirmado.

Los votos a favor habrían sido de los senadores Zoé Laboy, Migdalia Padilla, Miguel Romero, Luis Daniel Muñiz y Henry Neumann.

“Cada cual aquí se expresó, cada cual dijo lo que entendió que debió decir… El Senado nunca prestó consentimiento a la designación de Pedro Pierluisi, su juramentación es nula, está actuando ilegalmente como gobernador. Es mi deber llevarlo al tribunal y es mi deber proteger al Senado, a la Constitución y al pueblo de Puerto Rico. Eso fue lo que juré y no voy a quebrantar ese juramento”, manifestó Rivera Schatz.

“Quiero ponerle fin a la inestabilidad y quiero que Puerto Rico tenga paz, pero de verdad. Quiero limpiar la casa, pero de verdad”, añadió el líder senatorial.

Expertos en Derecho han señalado que la votación en el Senado habría sido irrelevante, pues Pierluisi ya no ocupa el cargo de secretario de Estado desde que juramentó como gobernador el viernes.

La semana pasada, Pierluisi indicó que, si el Senado no avalaba su incumbencia, renunciaría.

“En vista de que el Senado no hizo votación alguna y de que la gran mayoría de los senadores no tuvieron la oportunidad de expresarse en cuanto a mi incumbencia, con la mayor deferencia al Tribunal Supremo de Puerto Rico, esperaré su decisión confiado en que prevalecerá lo mejor para Puerto Rico”, sostuvo ayer el juramentado gobernador.

Al dar por terminada la sesión extraordinaria, varios legisladores consideraron que el nombramiento había sido rechazado al no contar con el aval expreso del cuerpo legislativo. No obstante, el Reglamento del Senado establece que, si la Cámara alta no toma “acción definitiva” sobre un nombramiento incluido en la convocatoria de una sesión extraordinaria, este nombramiento continúa vigente hasta el fin de la próxima sesión ordinaria.

La delegación del Partido Popular Democrático (PPD) y el senador independiente, José Vargas Vidot, se opusieron a Pierluisi.

“Esas marchas y manifestaciones, esas expresiones dignas del pueblo puertorriqueño fueron para que un gobernador renunciara y para que no volviéramos a la práctica indigna de la corrupción permanente”, sostuvo Vargas Vidot.

El portavoz de la minoría popular, Eduardo Bhatia, criticó que el Senado no haya actuado la semana pasada en torno al nombramiento de Pierluisi. “La pregunta es si esta crisis que estamos viviendo en el día de hoy es una crisis por que sí, o es una crisis creada. Para mí, es una crisis creada”, sostuvo.

Por su parte, Laboy dijo que “un voto en contra de Pedro Pierluisi sería decir que él no puede estar en La Fortaleza. Eso no me toca a mí, le toca al tribunal determinarlo”.

Mientras, el independentista Juan Dalmau, quien considera que la Ley 7 es inconstitucional, opinó que el Tribunal Supremo podría interpretar que la confirmación de la Cámara es suficiente.

“Podría ser que un tribunal que quiera pasar la página o dar una lectura más amplia de las condiciones históricas únicas que vive Puerto Rico diga que el texto constitucional hay que interpretarlo como un endoso democrático y que con el endoso de una sola de las cámaras, en este caso la Cámara de Representantes que es la más representativa, con eso es suficiente”, sostuvo.

“Creo que sería una locura que no se ajusta, pero los tribunales suelen ser creativos. Tenemos que esperar a ver”, puntualizó.


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