El gobierno compró por $38 millones un cargamento de pruebas rápidas que no llegó en la fecha prometida. (GFR Media)

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El empresario naviero Aaron Vick reafirmó hoy que no firmó ni autorizó el uso de su rúbrica como suplidor en el contrato mediante el cual el gobierno de Puerto Rico intentó comprarle un millón de pruebas rápidas de detección de coronavirus a la empresa de construcción Apex General Contractors el pasado 26 de marzo.

Igualmente, Vick sostuvo que desconocía que la “junta directiva” de Apex General Contractors le designó como su representante aun cuando asegura que no tiene ni ha tenido vínculos con esa corporación y advirtió que explora las vías legales a seguir por el uso no autorizado de su nombre y firma para “responsabilizar a las partes que trafican con la especulación”.

En declaraciones escritas enviadas a El Nuevo Día, Vick expuso que cerca de las 2:30 p.m. del pasado 26 de marzo Juan Maldonado de Jesús, abogado de Apex, le solicitó copia de su firma digital “en relación con lo que creía era una consulta genuina para apoyo logístico” y que él le envió la imagen a través del teléfono celular.

Vick es el jefe de operaciones de Fortress Maritime, una empresa que tuvo relación contractual con la Autoridad de Transporte Marítimo (ATM) que hasta febrero de 2019 fue dirigida por Maldonado de Jesús.

Poco después de la hora mencionada por Vick del 26 de marzo su firma aparecía registrada en el contrato por $38 millones que el Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead) otorgaba a Apex, una pequeña compañía de construcción e instalaciones de acondicionadores de aire que, por primera vez, entraba al negocio de la venta de productos médicos.

En el contrato, Apex -que recibió un adelanto de $19 millones- se comprometía a traer desde Australia un millón de pruebas de detección rápida de COVID-19 a tiempo para el 31 de marzo. El contrato le fue cancelado un par de días después de que no pudiera cumplir con la fecha de entrega. Trascendió que la cuenta de la empresa en el Oriental Bank le fue cancelada cuando recibió el depósito de $19 millones.

No sabía que mi firma se usaría en ningún documento relacionado con la compra de suministros de pruebas de COVID-19 hasta que los medios lo informaron, después de que se canceló el contrato el 6 de abril de 2020”, dijo Vick. “Desconocía por completo la existencia de Apex General Contractors hasta después del uso no autorizado y fraudulento de mi nombre y firma”, alegó el empresario.

Apex fue representada por Maldonado de Jesús en todo el proceso de compra. Aunque la firma registrada en el contrato y el nombre de contacto presentado en la factura es el de Vick, el teléfono de contacto no era el suyo sino el de el exdirector de la ATM. Era con este exfuncionario que el personal de Salud y el de la Nmead se comunicaban.

Ni Maldonado de Jesús ni Robert Rodríguez, director de Apex, han explicado por qué ellos no firmaban los documentos relacionados a esta transacción.

Ayer, Rodríguez no contestó a este diario cuando le solicitó su reacción a las declaraciones de Vick. Mientras que Mayra López Mulero, abogada de Maldonado de Jesús, tampoco quiso emitir comentarios más allá de que cuenta con evidencia “que usará en el foro adecuado en el momento oportuno”.

Las expresiones de Vick ocurren luego que El Nuevo Día le pidió que aclarara si eran falsas las declaraciones que había prestado a este diario semanas antes en las que se desvinculó de Apex y sostuvo que no firmó ni autorizó el uso de su firma en un contrato para la venta de un millón de pruebas rápidas al gobierno.

Ayer, el diario digital Noticel publicó un reportaje que trata de validar las gestiones seguidas por Apex y en el que se aseguró que Vick autorizó el uso de su firma para la venta por $38 millones y que fue él quien proveyó su firma digital para sellar ese pacto.

Vick alegó que la comunicación que mantuvo con Maldonado de Jesús fue presentada de manera que condujera “a una percepción distorsionada de la realidad” y que pasa por alto los hechos importantes.

El gobierno completó una transferencia inicial de $ 19 millones de dólares sin un solo testigo para validar a las partes en la transacción”, cuestionó el empresario naviero. “¿Cómo es que una resolución corporativa que me autorice a representar a Apex General Contractors (un documento que no sabía que existía) requiere un notario, pero la transferencia de $ 19 millones de dólares se puede hacer con solo una foto de una firma, sin testigos, identificación o incluso un mínimo de documentación?”, añadió.

Vick también rechazó la legitimidad de una resolución corporativa en la que Rodríguez lo designaba como representante de Apex durante la emergencia de COVID-19, documento que fue notarizado por Maldonado de Jesús.

“Estos eventos precipitados y la documentación hecha a la medida claramente revelan la intención de las partes responsables de proteger su anonimato”, expresó Vick en la declaración enviada.

Esta orden de compra a Apex todavía era defendida ayer por el coordinador del grupo asesor médico de la gobernadora Segundo Rodríguez Quilichini, durante su comparecencia ante la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes que investiga los procesos de compra durante la emergencia provocada por el coronavirus.

Apex haría la compra de las pruebas a una compañía en Australia de nombre Promedical Equipment, que a su vez adquiría el producto de un manufacturero en China. En esa compra supuestamente intervino la empresa canadiense RGJS Investment y las estadounidenses 501 Nutrition, que vende vitaminas en la internet, y otra empresa en Miami de nombre Casa Secrets, cuya actividad comercial no ha quedado clara.

Posteriormente Promedical perdió la autorización del manufacturero chino para vender sus pruebas. Mientras, ha trascendido también que el directivo principal de Promedical, Neran de Silva, ha estado involucrado en varias investigaciones, incluyendo fraude, en Australia.


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