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El debate sobre la propuesta limitación al derecho a la fianza está en su momento más álgido, cuando a 12 días de la consulta quienes la impulsan aseguran que la propuesta es fundamental para combatir el crimen y sus detractores citan datos científicos que ponen en duda la viabilidad de la medida.
¿Quién tiene la razón?
Esa es la pregunta fundamental de la discusión pública.
Por un lado están quienes propulsan que se enmiende la Constitución para que se ponga trabas al otorgamiento del polémico derecho, considerado uno de avanzada cuando se creó la Constitución en 1952. Parte de ese grupo son el fiscal general Obdulio Meléndez y el fundador de Basta Ya, Luis Romero, para quienes la medida que propone la administración de Luis Fortuño es crítica para ayudar a proteger a las víctimas y testigos de los asesinatos violentos, lo que mejorará la capacidad de las autoridades de esclarecer estos crímenes.
Sin varitas mágicas
Para ellos, la enmienda no es una “varita mágica” que resuelva los problemas de violencia, sino una herramienta adicional que busca evaluar el riesgo que representa una persona en libertad, aun cuando esta esté condicionada.
“En Puerto Rico hay cientos de sicarios a sueldo, que por $500 matan a un testigo y no les importa.... En ciertos casos los testigos están renuentes a cooperar porque conocen al asesino, saben que es violento y saben que se exponen a amenazas. Esto afecta la investigación. Pero con la enmienda mejoran las posibilidades de esclarecer los casos”, dijo Meléndez a El Nuevo Día.
El fiscal general resaltó que en el 2010 el 50% de la población penal era reincidente. No precisó, sin embargo, cuánto de este porcentaje responde a asesinos convictos, que son los que atiende la enmienda que irá a votación el 19 de agosto.
Romero, cuyo hijo fue asesinado el año pasado en El Condado por un adolescente que intentó asaltarlo, coincide en que gran parte del problema actual de la violencia es el sentido de impunidad que existe en el País, con los bajos esclarecimientos de asesinatos.
Sin embargo, se mostró dudoso en cuanto a las estadísticas que muestran el poco efecto que tendría la enmienda, ya que entiende que la oposición tiene motivaciones ideológicas.
De hecho, Romero apuntó que un voto a favor de la enmienda va más allá del cambio constitucional, ya que enviará un mensaje del pueblo en contra del crimen y brindará a las autoridades herramientas adicionales para encarcelar a los delincuentes en el País.
No delinquen bajo fianza
El gobernador Luis Fortuño ha justificado su propuesta señalando que en los últimos tres años cerca de 800 personas han violado los parámetros de la fianza de la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ), agencia pública por la cual la mayoría de los imputados obtienen su libertad bajo fianza.
Los opositores a su propuesta, sin embargo, tienen argumentos demoledores, pues esa cantidad a la que hace referencia el gobernador representa apenas el 2.7% de los liberados. Ni el mandatario, ni su gabinete han precisado cuántas de estas personas estaban acusadas de asesinato.
Por ello, varios expertos de asuntos judiciales y criminales que se oponen al plan gubernamental entienden que la limitación del derecho a la fianza no alterará significativamente la incidencia de muertes violentas.
Y es que en Puerto Rico las probabilidades son de que siete de cada diez asesinos ni siquiera vean un día en corte. A esto se le suma que apenas el 11% de los que sí son atrapados son liberados mientras esperan por juicio, según datos de la Sociedad para la Asistencia Legal (SAL). Es decir que, en la actualidad, de cada 100 asesinatos solo tres imputados son liberados en lo que esperan juicio.
Para colmo, la tendencia histórica es que las personas bajo fianza por un asesinato apenas delinquen. La SAL, que defiende a la mayoría de los imputados de asesinato en el País, examinó los expedientes de un periodo de un año, a partir de marzo de 2011 y encontró que ninguna de las personas libres bajo fianza cometió delito alguno durante el proceso judicial.
Propuesta sin justificación
“No hay nada que justifique esa idea. El problema real es la impunidad, no la fianza. Aquí los crímenes no se resuelven”, objetó Osvaldo Toledo, presidente del Colegio de Abogados, quien reiteró que la fianza es una herramienta para asegurar la comparecencia del imputado al tribunal y no un castigo. Para esto último existen las sentencias.
“El problema es que no los arrestan y no los acusan. Mejorar el esclarecimiento es más efectivo que limitar la fianza”, agregó, por su parte, el director de SAL, Federico Rentas.
De hecho, según datos de la Rama Judicial, destacados por Rentas, desde el año fiscal 2006, la presentación de cargos criminales en los tribunales ha bajado en un 21%.
Mientras, Myra Rivera, líder de la Alianza Laura Aponte por la Paz Social, entidad dedicada a ayudar a víctimas de crímenes violentos, dijo que el otro propósito de la medida, proteger a las víctimas, se puede alcanzar extendiendo derechos a las víctimas y no limitando las garantías a los imputados.
El expresidente del Colegio de Abogados, Julio Fontanet, indicó que la limitación a la fianza podría tener efectos muy severos en algunos casos. Por ejemplo, la enmienda que se propone permitiría que una persona que mata a otra defendiéndose tenga que permanecer recluido hasta que termine el juicio en su contra si es acusado de asesinato.
“Ese es el riesgo que representa esta enmienda de limitar la fianza”, dijo Fontanet, quien también es catedrático de derecho y comisionado electoral del Movimiento Unión Soberanista (MUS).
Fontanet añadió que el periodo de libertad bajo fianza es indispensable para que el acusado pueda colaborar con su abogado en su defensa. Además esto minimiza el daño a las personas imputadas de un homicidio erróneamente, como ocurrió con Jordan Ayala Cruz, quien por dos semanas estuvo detenido, sin fianza, por el asesinato de Stefano Steenbakkers, a pesar de que no había cometido el crimen y fue señalado por error como autor de los hechos.
Para Toledo, si prevalece la enmienda, se abre la puerta para más restricciones a los derechos civiles. “Mañana podría ser la presunción de inocencia o que eliminen el juicio rápido (estatuto que permite la liberación de un imputado si a los seis meses de los cargos no ha comenzado el juicio)”, dijo Toledo.
Todos los intentos para limitar la fianza han sido derrotados hasta ahora. El primero, en el 1975, bajo la incumbencia de Rafael Hernández Colón, ni siquiera fue aprobado en la Legislatura. En el 1994, la propuesta del entonces gobernador Pedro Rosselló perdió en un referéndum por más de 100,000 votos.
Inclusive, durante este cuatrienio se presentaron dos resoluciones concurrentes similares a la que hace viable el referendum, que fueron rechazadas por el gobernador Fortuño, quien, al inicio de su mandato, prefirió que se limitara la fianza sin tocar la constitución.
Esto fue antes que se alcanzara la cifra récord de 1,136 muertes violentas en el 2011.
