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Al 3 de abril, había dispensarios en 25 de los 78 municipios del país. (GFR Media)

La industria de la marihuana medicinal en Puerto Rico está en una fase de madurez con el alza paulatina que se ha visto en la cantidad de pacientes autorizados a utilizar esta planta para efectos terapéuticos en la isla.

En eso coincidieron expertos en el tema consultados por El Nuevo Día, que aseguraron que, a cuatro años de que el exgobernador Alejandro García Padilla autorizara –vía orden ejecutiva– el uso del cannabis, la industria aún no ha alcanzado su pico.

Al 1 de mayo pasado, el Departamento de Salud había certificado a 77,419 personas para el uso de cannabis medicinal, según datos de la agencia. De ese total, la mayoría son hombres entre las edades de 31 a 40 años, principalmente de la región Metro Fajardo, siendo los diagnósticos más frecuentes: trastorno de ansiedad, dolor crónico, artritis, depresión y espasmos musculares.

“Ya la industria del cannabis tiene la madurez suficiente para ser costo efectiva para todo el mundo. Ya no hay quien la pare”, dijo el licenciado Goodwin Aldarondo, presidente de Puerto Rico Legal Marijuana, entidad sin fines de lucro dedicada a la educación y orientación legal de la industria.

La orden ejecutiva aprobada por García Padilla, el 3 de mayo de 2015, dio paso al Reglamento 8766 para el Uso, Posesión, Cultivo, Manufactura, Fabricación, Dispensación, Distribución e Investigación del Cannabis Medicinal. Fue aprobado en julio de 2016 y enmendado en noviembre de ese año.

Posteriormente, en julio de 2017, el gobernador Ricardo Rosselló aprobó la Ley 42 (Ley MEDICINAL) y, en julio del año pasado, se ratificó el Reglamento 9038 para Manejar el Estudio, Desarrollo e Investigación del Cannabis para la Innovación, Normas Aplicables y Límites.

“La Ley 42 le dio las garras, confianza y certeza a la industria porque había mucha incertidumbre de si este programa y las inversiones (realizadas) podían desaparecer, pero eso (la Ley 42) dio paso a un reglamento nuevo. Se corrigieron muchas lagunas”, dijo el licenciado Antonio Quilichini, director ejecutivo de la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal del Departamento de Salud.

Plataforma digital

Aunque inicialmente se estimaba que unas 250,000 personas podrían beneficiarse de este tratamiento –basado en las condiciones autorizadas para su uso–, demoras en las certificaciones emitidas por Salud provocaron un ataponamiento de solicitudes. El lanzamiento, el año pasado, de una plataforma digital para diligenciar las licencias y registro de pacientes ha agilizado el proceso, lo que Quilichini catalogó como uno de los mayores logros alcanzados hasta la fecha.

“Antes estábamos bien preocupados por el tiempo que tardaban las certificaciones a pacientes. Podían tardar meses porque no teníamos las herramientas digitales para proveerlas de manera rápida. Semanalmente se emitían unas 300 identificaciones, pero hicimos unos ajustes y ahora podemos estar autorizando unos 2,000 casos a la semana”, sostuvo.

A este ritmo, el funcionario auguró que, para finales de este año, deberían haberse emitido más de 100,000 certificaciones a pacientes.

Sobre los números que habían trascendido inicialmente de que un cuarto de millón de personas se beneficiarían de esta industria como pacientes autorizados, el abogado comentó que todavía hay retos que superar, como el estigma y que los planes médicos aún no aceptan el cannabis medicinal dentro de sus cubiertas médicas.

La Administración federal de Drogas y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés) aún no endosa el cannabis como un tratamiento terapéutico. Sin embargo, el año pasado, la agencia aprobó la solución oral Epidiolex, el primer medicamento compuesto por cannabidiol, una sustancia farmacológica purificada derivada de la marihuana.

Falta fiscalización

El pasado 11 de abril, durante una vista pública de la Resolución de la Cámara 1177, medida que investiga el cumplimiento de la Ley 42, trascendió que el Departamento de Salud solo contaba con cuatro inspectores para examinar las operaciones de 70 dispensarios de cannabis medicinal. Los inspectores de Salud también tienen a su cargo la fiscalización de los 20 cultivos de esta planta autorizados hasta la fecha, además de tres laboratorios y otros componentes de la industria.

“Hay problemas con la parte fiscalizadora por falta de personal y recursos”, denunció Aldarondo, quien señaló que actualmente Salud cuenta con tres inspectores y otros tres en adiestramiento para atender 176 licencias operacionales entre cultivos, manufactura, laboratorios y dispensarios.

Según el abogado, con 250 licencias pendientes de diversos eslabones de la industria esperando ser autorizadas por Salud, en los próximos seis meses habrá mucho más taller para los inspectores, por lo que urge más personal para reforzar el rol fiscalizador de la agencia.

“Hay gente haciendo las cosas por el libro y otras no. El problema es que no se le están asignando fondos suficientes a la Oficina de Cannabis (Medicinal, del Departamento de Salud)”, señaló.

Al respecto, Quilichini dijo que la agencia, recientemente, contrató tres inspectores, para un total de seis. Advirtió que “es posible” que la agencia contrate más personal para reforzar esta área, aunque resaltó que hay que considerar el “asunto fiscal” para auscultar si se puede materializar.

De acuerdo con Aldarondo, otro asunto que provoca atrasos es que, por falta de cuórum, las reuniones que debe tener la Junta Reglamentadora de Cannabis Medicinal no siempre se pueden realizar.

“Hay personas con licencias estancadas desde hace cinco o seis meses, pagando renta (de locales) sin poder abrir. Ya habiendo pasado todos los procesos (para ser certificados), les falta la evaluación de la Junta”, dijo el abogado.

Resistencia médica

Luego de que el proceso para solicitar variaslicencias de personas interesadas en formar parte de la industria fuera suspendido durante un tiempo, actualmente todas las licencias están abiertas.

“No hay un límite por municipio ni categoría”, comentó Quilichini, quien indicó que, a medida que la industria siga creciendo, decidirán si le ponen un detente a alguna de estas áreas o si permanecerán abiertas.

Al 3 de abril, había dispensarios en 25 de los 78 municipios del país, siendo San Juan el que más tiene (19).

Mientras tanto, de los aproximadamente 9,000 médicos que hay en la isla, a esa fecha solo 384 se habían certificado para poder recetar cannabis medicinal.

El doctor Michael Soler, el primer médico en ser certificado para recetar esta planta a nivel terapéutico en la isla, ya ha puesto a unos 30,000 pacientes en tratamiento.

“Mi opinión es que todavía hay un gran tabú en la comunidad médica de los beneficios de esta terapia”, dijo el galeno especialista en medicina bariátrica, medicina preventiva y control de peso.

Según Soler, su experiencia le dice que la marihuana medicinal funciona en nueve de 10 pacientes, requiriendo que en uno de esos 10 casos se hagan ajustes a las dosis recomendadas.

“La comunidad médica todavía no está muy educada y abierta (al uso de marihuana medicinal en sus pacientes), a pesar de que esta industria puede ayudar a financiar los servicios de salud en Puerto Rico”, dijo Soler, quien opinó que este tratamiento es de especial beneficio en pacientes ya saturados de medicamentos.

Datos de la Asociación de Cannabis Medicinal en Puerto Rico estiman que cada paciente certificado consume $180 al mes en productos de cannabis medicinal para tratar una variedad de condiciones, para un total de $2,160 al año por paciente. En 2017, el secretario de Hacienda, Raúl Maldonado, estimó que, cuando la industria estuviera madura, junto a otros factores directos e indirectos, los ingresos anuales serían de unos $100 millones.


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