Tras el azote del huracán María a la isla, varias firmas de consultoría iniciaron prestaciones de asesoría en el Departamento de Educación, que hasta la semana pasada fue dirigido por la también contratista Julia Keleher. (semisquare-x3)
Tras el azote del huracán María a la isla, varias firmas de consultoría iniciaron prestaciones de asesoría en el Departamento de Educación, que hasta la semana pasada fue dirigido por la también contratista Julia Keleher. (Gerald López Cepero)

Entidades sin fines de lucro, individuos y asociaciones profesionales que llegaron a la isla tras el paso del huracán María, en el 2017, para presuntamente trabajar en el restablecimiento de las labores en el sistema público de enseñanza han recibido desde entonces múltiples contratos para adelantar el cumplimiento con la Ley de Reforma Educativa.

En 2017, la exsecretaria de Educación Julia Keleher sostuvo que funcionarios de la American Association of School Administrators (AASA) y The Council of Great City Schools estuvieron en la isla después del paso del huracán -incluso trabajando desde el Centro de Operaciones de Emergencias (COE)- para asesorar en cómo retomar las clases tras un desastre natural.

The Council of Great City Schools, una entidad que agrupa las 74 regiones educativas urbanas más grandes de Estados Unidos, firmó en enero pasado un contrato por $50,000 con Educación. El acuerdo establece, entre otras tareas, que la entidad asistirá en identificar las escuelas que podrían sumarse a las iniciativas bilingües de Educación el próximo año escolar.

Mientras, AASA firmó el 9 de enero de 2018 un contrato por $400,000 para adiestrar a personal docente como parte de la Academia de Liderazgo que se estableció inicialmente a principios de 2017. En total, la AASA ha firmado contratos por $770,000.

Asimismo, el exsuperintendente de Educación del estado de Luisiana Paul Gregg Pastorek ha firmado tres contratos con la agencia local por $365,000 para ofrecer asesoría en el manejo de programas educativos federales.

Pastorek estuvo a cargo del sistema educativo de Luisiana cuando el huracán Katrina devastó Nueva Orleans, y supervisó la transformación del sistema educativo de la ciudad a uno mayormente compuesto por escuelas chárter.

El funcionario del estado de Luisiana ha pertenecido a la junta del National Alliance for Public Charter Schools y es miembro emérito de la organización Chiefs of Change (C4C). El año pasado, la exsecretaria consultó a la Oficina de Ética Gubernamental si esta entidad podía pagarle su salario.

En marzo del año pasado, un primer contrato de Pastorek por $155,000 fue cancelado luego que el acuerdo trascendiera públicamente. Pero la relación contractual se retomó en julio de ese año y se mantiene vigente hasta el fin de este año fiscal, el 30 de junio.

En diciembre de 2017, solo meses después del ciclón, también se firmó el contrato entre Educación y el bufete Hogan, Marren Babbo & Rose por $155,000.

Ayer, por segundo día consecutivo, el gobernador Ricardo Rosselló Nevares rechazó que su hermano, el abogado Jay Rosselló, haya recibido beneficio alguno del contrato que la firma tuvo hasta el año pasado con la agencia. El hermano del gobernador trabaja en el bufete desde el 2017.

Rosselló Nevares, sin embargo, no contestó por qué, en el portal del bufete, se establece que los asuntos asociados con las escuelas chárter de Puerto Rico los trabaja Jay Rosselló.

En el 2016, el Departamento federal de Educación retiró al bufete como monitor independiente de una compañía asignada para encargarse del manejo de las instituciones educativas de Corinthian Colleges, una corporación que colapsó financieramente en 2014.

Uno de los socios del bufete Hogan, Marren Babbo & Rose, Charles P. Rose, fue consejero legal de Educación federal durante la administración del expresidente Barack Obama, período durante el cual Keleher también laboró en la agencia federal.

Contratistas fuertes

Los lazos entre los políticos y funcionarios de Puerto Rico con los dirigentes de empresas contratadas por Educación no se limitan a las organizaciones foráneas. Uno de los principales contratistas de la agencia es una empresa local, a través de la cual han llegado a la agencia varios de sus actuales asesores.

BDO Puerto Rico está entre los principales 10 contratistas de Educación. La firma, especializada en servicios de contabilidad, no había tenido contratos significativos con esta agencia antes de este cuatrienio. Sin embargo, la firma de contadores públicos autorizados HLB Parissi, con la que BDO se fusionó en 2017, mantuvo contratos con Educación, del 2013 al 2015, que alcanzaron $4.9 millones.

La contratación de BDO con Educación comenzó tres meses antes de la fusión entre ambas firmas. La agencia otorgó el primer contrato a BDO el 14 de marzo de 2017 por $291,080 y, desde entonces, ha mantenido una continua contratación con acuerdos que alcanzan ya $15.8 millones para ofrecer servicios de auditorías, consultoría legal y administrativa.

El registro del Contralor Electoral muestra que, desde 2011, el presidente de BDO, Fernando Scherrer, ha sido un donante del Partido Nuevo Progresista (PNP) y sus candidatos. De hecho, dos días después de firmar el primer contrato con Educación, se registró un donativo suyo por $1,000 al comité del gobernador. En marzo de 2018, volvió a donar $2,500 a su campaña, a la que también aportó $2,500 en octubre de 2016.

En primarias, Scherrer dirigió sus donativos al precandidato a la gobernación por el PNP Pedro Pierluisi, quien se desempeñaba entonces como comisionado residente. También ha hecho donativos al PNP, a Luis Fortuño y a Thomas Rivera Schatz. Los donativos suman en total $61,400.

El reportero Ricardo Cortés Chico colaboró con esta nota.


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