(GFR Media)

Washington - La inequidad en el proceso de recuperación de Puerto Rico, tras el huracán María, no se limita a los encontronazos de la relación colonial entre Washington y San Juan, sino que se expande a la forma en que se implanta a nivel local la reconstrucción, según organizaciones que temen que los de menos recursos vuelvan a ser víctimas.

La preocupación constante sigue siendo que los fondos de recuperación no han llegado a las personas que más los necesitan”, indicó Ariadna Michelle Godreau Aubert, directora ejecutiva del grupo Ayuda Legal Puerto Rico

Por ejemplo, Ayuda Legal Puerto Rico y el Centro para una Nueva Economía (CNE) cuestionan que el llamado plan R3 que destina a proyectos de reparación, reconstrucción o relocalización de viviendas $825 millones de los primeros $1,507 millones del programa de desarrollo comunitario para atender desastres (CDBG-DR) -que controla el Departamento de Vivienda federal (HUD)-, no provean fondos de mitigación.

El secretario de la Vivienda, Fernando Gil Enseñat, reconoció que el programa R3 no incluye proyectos de mitigación, pero lo justifica porque las relocalizaciones serán “voluntarias”. “La persona que no se quiere relocalizar no es elegible al dinero” que proveerán a través de los fondos CDBG-DR, según Gil Enseñat.

Para Gil Enseñat, no sería hacer “un buen uso del dinero”, invertir en ciertas áreas más de lo que vale la propiedad.

En total, el gobierno federal ha prometido asignar a la isla $20,250 millones bajo el programa CDBG-DR, que compone junto a las obras permanentes que financie FEMA, el corazón del proceso de reconstrucción de Puerto Rico tras la devastación que dejó hace dos años el huracán María.

De esos, $8,285 millones se prevén para proyectos de mitigación. Pero, HUD aún tiene que publicar las guías que regirán el uso de esos fondos y autorizar después el acuerdo de subvención con el gobierno de Puerto Rico antes de permitir que sean desembolsados, lo que en estos momentos -debido a restricciones del Congreso- parece descartado que ocurra este año.

A Deepak Lamba Nieves, planificador e investigador del CNE, le parece un error no tomar en consideración el perfil económico de las familias ni “el riesgo de sacar a una persona de su entorno social y económico”.

Grupos cívicos y comunitarios, a su vez, han señalado que la falta de títulos de propiedad y las mismas reglas que se establecen han bloqueado la asistencia a decenas de miles de familias cuyas familias sufrieron daños. “En Puerto Rico, con una larga tradición de asentamientos informales, estos programas no necesariamente están diseñados para atender esas necesidades”, indicó Lamba Nieves.

Godreau Albert afirmó que,en el caso de FEMA, se dejó fuera del proceso de asistencia a individuos y familias a cerca de 77,000 personas por limitaciones para demostrar que son los dueños de la vivienda, al exigir títulos de propiedad o declaraciones juradas.

Mientras, Lamba Nieves indicó que compañías estadounidenses que han sido contratadas por el gobierno para preparar los planes sobre el uso de los fondos de reconstrucción presentan “fórmulas previamente diseñadas” de otros desastres que desconocen la realidad puertorriqueña.

Lamba Nieves tampoco percibe voluntad del gobierno, quizá por temor a elevar la desconfianza de los federales, a hacer correcciones en el camino. El investigador del CNE también aludió a cómo el proceso de reconstrucción es víctima de la política pública de la última década a favor del “desmantelamiento del aparato público”.

El secretario de HUD, Ben Carson, no cesa de apuntar hacia el historial de “malversación fiscal” del gobierno puertorriqueño y anunció el nombramiento de un monitor financiero para supervisar el uso de los fondos CDBG-DR en la isla.

Y HUD ha insistido en que hubo que esperar a que el Departamento de la Vivienda de Puerto Rico desarrollara una estructura administrativa adecuada para hacer la entrega de los primeros $1,507 millones.

Gil Enseñat ha acentuado que su departamento -que nunca ha manejado el nivel de asignaciones que suman los fondos CDBG-DR-, ha tenido que crear reglamentos “desde cero”.

La otra dependencia del gobierno de Puerto Rico que maneja una gran cantidad de fondos, la Oficina Central para la Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, el llamado COR3, “se la inventaron de la nada” y son los contratistas los que tienen experiencia en el manejo de desastres, sostuvo, por su parte, Lamba Nieves.


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