Secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez. (GFR Media)

Ante la decisión del Tribunal de Primera Instancia de ordenar la apertura inmediata de los comedores escolares, el secretario de Educación, Eligio Hernández Pérez, informó que refirió la sentencia a su equipo legal para “evaluar el alcance de lo ordenado y las alternativas legales disponibles” de la agencia que dirige.

El Nuevo Día preguntó a la dependencia si este próximo martes todos los comedores de la isla ofrecerán servicios, como establece la orden del tribunal, pero no recibió respuesta.

En declaraciones escritas, el funcionario afirmó que Educación está velando por el bienestar de los niños y jóvenes y recalcó que hasta ayer viernes estaban operando 105 comedores y 32 auspiciadores independientes que impactan a 326 comunidades.

“Desde el 6 de mayo, día de la apertura, se han distribuido 1,029,143 raciones para niños y jóvenes de 1 a 18 años. Es importante destacar que en el DE cumplimos con las disposiciones de los programas federales relacionados a la nutrición, así como las directrices y protocolos que emite el Departamento de Salud ante la emergencia causada por la pandemia del COVID-19. Igualmente, es nuestra responsabilidad velar por la salud y la seguridad de todo el personal que está a cargo de esa operación, pues bajo ninguna circunstancia queremos que este esfuerzo pueda provocar aumentos en casos de contagios ni a los funcionarios ni a nuestros estudiantes y familiares”, dijo el secretario.

Ayer, el juez Cuevas Ramos declaró no ha lugar lamoción de desestimación sometida por el Departamento de Justicia en representación de Educación y le ordenó a esa agencia y al Estado Libre Asociado "que proceda inmediatamente, y sin demora alguna, (a) abrir todos los comedores escolares que sean necesarios para alimentar a toda la población en estado de necesidad producto de la situación de emergencia provocada por el COVID-19, mientras dure el estado de emergencia".

“No nos parece justo que el gobierno utilice como defensa que le corresponde a los padres y madres ser quienes, en primer orden, brinden los alimentos a sus hijos y, al mismo tiempo, tenerlos incapacitados económicamente”, añadió el juez superior.

El juez señaló, además, que cuando los padres se ven imposibilitados de llevar alimentos al hogar, la responsabilidad recae sobre el Estado. “Es el Estado quien tiene que velar por el bienestar general del menor y, a la misma vez, de las personas que no tienen lo suficiente para sobrevivir durante estos tiempos extraordinarios”, destacó.

Con este punto, el juez rechazó los argumentos del gobierno de que no existe un deber ministerial del Estado de proveer alimentación a los estudiantes.


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