Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos, explicó que de ordinario la información sobre concesiones y exenciones contributivas es pública en los Estados Unidos. (GFR Media)

La organización Espacios Abiertos (EA) anunció hoy la radicación de una moción ante el Tribunal Supremo para que se divulgue el informe sobre los acuerdos de reducción de impuestos (Tax Abatements) que el gobierno preparó y entregó a la Junta de Supervisión Fiscal en julio del año 2017.   

“El país no puede seguir a oscuras en los temas fiscales y presupuestarios.  No se puede hacer un ejercicio presupuestario serio sin acceso a esta información.  Antes la respuesta era que la información de las concesiones y exenciones no estaba disponible. Ahora, sabemos que lo está porque se recopiló para ese informe. El país tiene derecho a que este informe se haga público”, indicó Cecille Blondet, directora ejecutiva de Espacios Abiertos.

Blondet explicó que de ordinario la información sobre concesiones y exenciones contributivas es pública en los Estados Unidos. No obstante, en Puerto Rico la organización tuvo que recurrir ante el más alto foro para que revise una sentencia del Tribunal de Apelaciones que en una opinión dividida (dos a tres), decidió que el informe se mantenga fuera del ojo público, revocando así una decisión del Tribunal de Primera Instancia que ordenó la publicación del documento.

“En la moción (presentada) se plantea que el Tribunal de Apelaciones erró en su apreciación de los hechos y en la aplicación del derecho, toda vez que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Puerto Rico establece el acceso a la información y los documentos que generan las agencias públicas como un derecho protegido por la Constitución”, sostuvo Blondet en expresiones escritas. 

Señaló que el secretario de Hacienda tiene el deber ministerial de divulgar la información para garantizar una participación ciudadana efectiva.

Blondet indicó que hace más de un año que Espacios Abiertos solicitó copia del informe al Departamento de Hacienda y ante la negativa a entregarlo, recurrieron al Tribunal de Primera Instancia. En diciembre de 2018, el Tribunal de San Juan declaró con lugar la petición de la entidad y ordenó al gobierno de Puerto Rico la divulgación de la información. Sin embargo, el gobierno recurrió alTribunal de Apelaciones para evitar la publicación del documento.

“En Puerto Rico la batalla por el derecho de acceso a la información ha sido una lucha de años.  Los ciudadanos no debemos claudicar en hacer valer un derecho que nos asiste.  Aunque hay vasta jurisprudencia en Puerto Rico sobre el acceso a la información, todavía nos encontramos con muchos tropiezos. Hay personas e instituciones, públicas y privadas, que, en vez de promover un gobierno transparente y abierto, de manera consciente, por maldad, miedo o ignorancia, insisten en obstaculizar el acceso a la información y limitar el derecho de participación de la ciudadanía en el debate público”, señaló Blondet.

Blondet indicó que la posición de Espacios Abiertos es respaldada por otras organizaciones en los Estados Unidos expertas en estos temas, como “Good Jobs First” y el “Center for Budget and Policy Priorities”, ambas radicadas en Washington DC, que han expresado que quieren presentar sus escritos al Tribunal Supremo como amigos de la corte.


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