(GFR Media)

Las leyes de acceso a la información y de apertura de datos en Puerto Rico impuestas el año pasado por el gobierno son de las peores a nivel mundial por la gran cantidad de excepciones y la ausencia de procesos apelativos, de sanciones por incumplimiento, y de iniciativas educativas que promuevan la transparencia administrativa, arrojó un estudio del Centre for Law and Democracy (CLD) encomendado por la Red de Transparencia de Puerto Rico.

Específicamente, la Ley de Datos Abiertos y la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para Acceso a la Información Pública, convertidas en ley durante los últimos días de gobernación de Ricardo Rosselló Nevares, llevaron a que la isla tuviera un Índice Global de Derecho a la Información de 73, cuando la mejor puntuación posible es 150.

Esto coloca a Puerto Rico como una de las jurisdicciones con las peores prácticas en el acceso a la información. La isla ocupa el puesto 87, de un total de 128 países examinados por el CDL, precisó Toby Mendel, director ejecutivo del CDL, durante una conferencia de prensa virtual.

“Puerto Rico necesita reglas más fuertes para garantizar el derecho a la información, si es que realmente aspira a implementar adecuadamente este derecho garantizado por vía constitucional”, expresó Mendel. “Sus leyes actuales son mucho más débiles que la mayoría de las leyes nacionales adoptadas en las Américas”.

La situación es particularmente importante en estos días de pandemia por el COVID-19 ya que los gobiernos a nivel mundial están gastando dinero en proporciones que no tienen precedentes y alcanzando decisiones rápidas como parte de los intentos por detener la propagación de esta enfermedad altamente contagiosa y muy letal.

Según Mendel, las leyes en Puerto Rico tienen demasiadas excepciones que le permite al gobierno retener información, impidiendo que, en la práctica, los estatutos sean efectivos promoviendo la transparencia. Del mismo modo, la ley tiene lagunas en los procesos de solicitar información pública y carece de un foro independiente donde se puedan apelar las decisiones a nivel administrativo, entre otras deficiencias.

Mendel indicó que en Puerto Rico se optó por un sistema en el que se clasifican básicamente tipos de documentos como divulgables o no para el conocimiento público. En cambio, la mejor práctica, según el experto, es defender intereses específicos como, por ejemplo, los datos privados de un individuo o aquello que atente contra la seguridad nacional, entre otros asuntos, y no un tipo de documento específico.

Indicó que hay países donde hasta la información que se estima como protegida o privilegiada tiene que ser divulgada si sirve al amplio interés público, como ocurriría en un caso de corrupción gubernamental. Para administrar este tipo de sistema, la práctica más aceptada, opinó Mendel, es la creación de cuerpos independientes que velen por la divulgación de información que se estima pública.

Del mismo modo, el director ejecutivo del CLD apuntó que las mejores prácticas suponen que la información pública podría estar bajo entes privados que administran o llevan a cabo funciones públicas, como sucede en Puerto Rico con la administración del aeropuerto Luis Muñoz Marín por la firma Aerostar. Bajo esos sistemas, esas entidades con información de alto interés público tienen que ceñirse por exigencias de transparencia similares a las que existen en el gobierno.

Mendel indicó que como parte del estudio no evaluaron la implantación de la ley, sino que se limitaron a examinar si los estatutos cumplen con las mejores prácticas. Sostuvo, no obstante, que, según entiende, en la isla la información pública debe pasar por una entidad a nivel central antes de ser liberada, lo que, de ser cierto, sería un acercamiento similar al de los gobiernos “totalitarios” en el manejo de la información.

El también abogado manifestó que una de las maneras en que se puede combatir la ausencia de información es llevando reclamos judiciales de derecho a la información. Alabó que en Puerto Rico se mire el tema como un derecho fundamental de la población.

Mendel explicó que el índice fue publicado, por primera vez en el 2011. La iniciativa fue desarrollada por CDL en Canadá y la organización Access Info Europe. El índice analiza si las leyes cumplen con las mejores prácticas de acceso a la información, no la imposición de los estatutos. El instrumento ha sido reconocido por entidades como el Banco Mundial y la Unesco.

En total, el índice mide 61 indicadores, que están divididos en siete categorías, que incluyen el derecho a tener acceso a la información, el alcance, el proceso de solicitud de información, las excepciones y denegaciones, el proceso de apelar, las sanciones que se imponen y las medidas de divulgación de los datos.


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