Heredia Rodríguez renunció como rector interino de Utuado poco después que el presidente de la UPR, Jorge Haddock Acevedo, llegara al cargo y anunciara que evaluaría las quejas de la comunidad universitaria. (GFR Media)

La Oficina de Ética Gubernamental (OEG) presentó una querella en contra del exrector interino del recinto de Utuado de la Universidad de Puerto Rico (UPR), José L. Heredia Rodríguez, luego que una investigación concluyera que este utilizó su puesto para obtener un beneficio económico.

En específico, abogados de Área de Investigaciones y Procesamiento de la OEG determinaron que el exrector violentó en múltiples ocasiones la Ley de Ética Gubernamental al intervenir para que la Junta Administrativa del recinto utuadeño le concediera un cambio en la clasificación de su puesto de no docente a docente, lo cual conllevó un aumento de salario. Asimismo, Heredia Rodríguez intervino para no dar paso a los cuestionamientos e impugnaciones solicitadas por miembros de la comunidad universitaria sobre su cambio de clasificación.

“La conducta del querellado, considerando la política pública de la Universidad de Puerto Rico, resulta ser reprochable y atenta contra la imparcialidad y el buen nombre de la institución gubernamental para la cual trabaja”, lee la querella presentada el pasado viernes por la OEG.

Con esta querella comienza un proceso adjudicativo en la OEG, durante el cual un oficial examinador se encargará de evaluar los méritos de la querella durante una vista. El exrector utuadeño tiene 20 días para responder a la querella y pudiera decidir llegar a un acuerdo con la agencia fiscalizadora para aceptar los hechos.

Heredia Rodríguez fungió como rector interino desde julio de 2017 hasta octubre del 2018, cuando presentó su renuncia al cargo. Este estuvo inmerso en controversias desde que llegó al cargo, entre ellas por realizar nombramientos en contra de las normativas del sistema universitario.

Al momento de ser designado como rector interino, este ocupaba un puesto no docente como contable del sistema universitario.

Los hechos que sustentan la querella ética se remontan a octubre de 2017, cuando Heredia Rodríguez determinó llevar a cabo una reunión extraordinaria de la Junta Administrativa queno contaba con el quórum para tomar decisiones ante la ausencia de la representante claustral ante el Senado Académico. A pesar de esto, en dicha reunión se aprobó nombrar a Heredia Rodríguez -quien presidía la Junta Administrativa- como empleado docente.

Posteriormente, profesores y estudiantes impugnaron la reunión y solicitaron que se anulara la reclasificación del exrector interino. El propio Heredia Rodríguez desestimó las solicitudes de miembros de la comunidad universitaria, quienes recurrieron en diciembre de 2017 a la Junta Universitaria de la UPR, un cuerpo asesor del presidente del sistema universitario.

En octubre de 2018, la Junta Universitaria de la UPR declaró nula la reunión extraordinaria del recinto utuadeño, incluyendo el cambio de nombramiento y el aumento de salario a Heredia Rodríguez.

“Debido a las intervenciones del querellado en el proceso de aprobación de su nombramiento, el mismo devengó un aumento en su salario bruto, entre el 20 de octubre de 2017 al 14 de octubre de 2018 por la cantidad total de $22,903.85”, señala la querella de la OEG.

Los abogados de la OEG concluyeron que Heredia Rodríguez violentó el Artículo 4.2(b) que dispone que un servidor público no puede utilizar los deberes y facultades de su cargo, la propiedad o los fondos públicos para obtener un beneficio que no esté permitido por ley. Asimismo, infringió en cuatro ocasiones el artículo 4.2(g) que establece que un servidor público no puede intervenir en cualquier asunto en el que tenga conflicto de intereses para obtener un beneficio para él.

También violentó el artículo 4.2(r) que señala que un servidor público no puede omitir el cumplimiento de un deber impuesto por ley o reglamento si eso conlleva la pérdida de fondos públicos. Del mismo modo, infringió en cuatro ocasiones el artículo 4.2(s), que dicta que un servidor público no puede llevar a cabo una acción que ponga en duda “imparcialidad e integridad de la función gubernamental”.

Ante esto, se recomienda la imposición de una multa de $20,000 por cada infracción a la Ley de Ética Gubernamental, así como la restitución del dinero cobrado en exceso tras el cambio de clasificación. La imposición de sanciones quedaría en manos del director ejecutivo de la OEG.

“El querellado sabía o debía saber que no podía intervenir en la reunión, ni en la impugnación, ni apelación de la reunión e hizo caso omiso al imperativo legal, incurriendo en un craso y claro conflicto de intereses”, indicó la OEG.


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