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El manejo de las estadísticas en Puerto Rico está tan atrasado que todavía se utilizan datos macroeconómicos con métodos de la década de 1960. (Gerald López Cepero)

El problema podría describirse como el que tendría un equipo de baloncesto que no puede ver cuánto tiempo le queda al partido o dónde están las líneas que marcan los límites de la cancha.

Sin datos certeros, confiables y actuales, la administración de una empresa o una institución gubernamental se limita a la intuición de un administrador, explicó Arnaldo Cruz, portavoz de la organización Abre Puerto Rico, que promueve la transparencia gubernamental.

“Y ahí es donde se cometen muchos de los errores”, explicó Cruz.

Puerto Rico enfrenta una profunda y extensa crisis fiscal, con un grave problema institucional en la producción y manejo de datos estadísticos.

Por ejemplo, los datos macroeconómicos que se utilizan en Puerto Rico siguen una metodología que acaba de cumplir 50 años y básicamente está obsoleta, indicó, por su parte, Mario Marazzi, director ejecutivo del Instituto de Estadísticas.

“Es anticuado. Cuando las Naciones Unidas pone las estadísticas de Puerto Rico, precisan que definimos la economía de la manera en que se hacía en 1968. Es como medir la economía usando un diccionario del siglo pasado”, dijo Marazzi.

“Esto no es culpa de un gobierno u otro, sino que trasciende cuatrienios. Por ejemplo, muchos países no usan ya el producto nacional bruto como indicador (de la actividad económica), sino el ingreso nacional bruto”, añadió.

A simple vista, podría parecer un asunto puramente técnico o abstracto. Sin embargo, las consecuencias pueden ser concretas.

Por ejemplo, el problema de credibilidad que enfrenta el gobierno en los mercados de valores y ante el gobierno federal se debe, en parte, a que Puerto Rico todavía no ha elaborado los estados financieros de los años fiscales 2016 y 2017.

Mientras, el estado financiero de 2015, que se presentó hace apenas dos meses, tiene una explicación especial de la firma de contables KPMG, en la que dice que no pudieron garantizar la veracidad de los números.

Para colmo, estos documentos son en exceso complicados para los mismos expertos en asuntos fiscales. La otrora subdirectora del Fondo Monetario Internacional, Anne O. Krueger, por ejemplo, destacó, en un informe de 2015 sobre Puerto Rico, que tuvo que hacer “jiu-jitsu” con los estados financieros del gobierno para poder calcular el déficit fiscal de la isla.

Por otro lado, en junio, cuando el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Laboy, compareció ante el Senado para impulsar la aprobación del Código de Incentivos, se supo que parte del análisis detrás del proyecto de ley se hizo con datos de 2002 porque la Junta de Planificación no había actualizado los multiplicadores económicos por industria.

Entretanto, la ausencia de un inventario de las propiedades del gobierno y la entidad gubernamental que asume la responsabilidad primaria sobre cada activo, retrasó el flujo de ayuda federal en la reconstrucción de Puerto Rico tras el azote del huracán María el 20 de septiembrepasado.

Son múltiples las razones de ese rezago, que limita la capacidad del gobierno de tomar decisiones certeras de política pública.

Víctor Rivera Hernández, exsecretario del Trabajo y profesor de Administración Pública, estimó que muchas administraciones gubernamentales simplemente no le dieron prioridad a la actualización de los sistemas de información, especialmente en las últimas dos décadas en las que la tecnología ha revolucionado los procesos.

El economista Antonio Fernós Sagebien entiende que, en parte, hay una resistencia política detrás del rezago. “En la medida en que se tenga una herramienta para medir la incompetencia, el incompetente va a eliminar las métricas para no ser descubierto. Es una manera de deshacerse de la evidencia”, dijo.

También está la hipótesis de la ultracorrección. Cruz explicó que muchos funcionarios insisten en que no se debe divulgar datos hasta que sean “finales” para presuntamente evitar críticas o interpretaciones distintas a las que da alguna agencia o entidad del gobierno.

“Eso, tal vez, era así hace 30 años, pero ya no. El gobierno debe estar dispuesto a que otras personas hagan conclusiones diferentes a las que ellos hacen y eso es legítimo en una democracia”, sostuvo Cruz.

Otra hipótesis añade la desvaloración de la información. El economista José Caraballo Cueto ilustra la idea recordando el argumento de que “no se necesita hacer más estudios, sino ejecución”.

“Eso es un mito que llevó a que se despreciara la información estadística. Eso cambia con la crisis, que se empieza a mirar los datos para los diagnósticos de qué fue lo que pasó, y ahí es que se empieza a hablar más de los problemas que hay con los datos que tiene el gobierno”, explicó Caraballo Cueto.

El problema se extiende más allá de las costas de Puerto Rico. Por ejemplo, muchos de los datos sobre temas agrícolas, económicos e incluso gubernamentales son elaborados por agencias federales que excluyen a la isla en sus programas.

Marazzi, por ejemplo, destacó que, desde 1982, Puerto Rico no participa del Censo Gubernamental que cada cinco años lleva a cabo el Negociado del Censo.

Según el plan de recuperación que presentó el gobernador Ricardo Rosselló Nevares ante el Congreso, Puerto Rico está fuera de porciones de los programas del Negociado de Estadísticas Laborales, el Negociado de Justicia, el Servicio de Salud, la Administración de Información Energética, el Centro Nacional para la Educación Estadística, el Centro Nacional de Estadísticas de Salud y el Departamento de Agricultura federal.

“El rol del gobierno federal es importante. Hace poco se estaba haciendo el Censo de Gobierno y eso produce un montón de estadísticas de los gobiernos, sus finanzas, sus estructuras, etcétera. Esos datos permiten comparar. Eso ayuda mucho al proceso de inversiones, pero Puerto Rico no participa desde 1982 y antes de eso participaba regularmente”, dijo Marazzi.

“Para mí, el áreamacroeconómica es la más crítica. Países como República Dominicana, que tiene presupuesto menor a Puerto Rico, mide el PIB (producto interno bruto) trimestralmente, y regularmente miden la economía informal. Aquí, el PNB (producto nacional bruto) nos llega un año tarde y sale con una ‘P’ al lado del número que dice que la cifra es preliminar, por lo que puede que cambie al año siguiente”, ilustró Caraballo Cueto.

“Aquí, cuando se habla de la economía informal, se especula porque no se sabe cuánto es. Nadie sabe si es 10%, 20%, 15% de la economía. Las estadísticas laborales son otro problema. Yo, personalmente, no las creo porque las encuestas las hacen de día, cuando la gente está trabajando. Esos son indicadores que a mi juicio tienen problemas graves, y en una crisis fiscal como la que tenemos, estos datos son los más que necesitamos para poder diagnosticar los problemas y salir de ellos”, añadió el economista.

Desde 2011 se busca actualizar la medición de la economía de Puerto Rico. Sin embargo, por asuntos técnicos y periciales, el proceso no se espera que termine, al menos, hasta el 2020.

Gobierno impulsa mejoras

A nivel administrativo, el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado Gautier, trabaja con un proyecto que actualizaría e interconectaría los sistemas de contabilidad en el gobierno. Para eso, el gobierno había presupuestado unos $50 millones, que estaban dentro de las partidas que administra el Departamento de Hacienda. Estos fondos, sin embargo, se redujeron a la mitad en el esquema de asignaciones que impuso la Junta de Supervisión Fiscal, ente que por disposición del Congreso controla las finanzas de Puerto Rico.

El gobierno también busca financiar estas actualizaciones en el manejo de la información pública con una inversión de más de $55 millones, que se propone en el plan de reconstrucción tras el paso del huracán María.

Este documento, presentado el jueves ante el Congreso, atendería las deficiencias en la “recolección, análisis y presentación de datos”, incluyendo información contributiva, registro de propiedades, informes financieros, ingresos del gobierno y datos sobre las patentes municipales.

Del mismo modo, parte de la inversión, que sobrepasaría los $55 millones, buscaría desarrollar indicadores de eficiencia para el gobierno central y las administraciones municipales.

Junto con estas mejoras estadísticas y otros datos que actualmente recibe el gobierno con regularidad, se impondrían unas métricas para medir el progreso en la recuperación de Puerto Rico.

Específicamente, se busca que los cambios en la población con edad laboral, el tamaño de la fuerza trabajadora, la cantidad de negocios nuevos que se crean, la ocupación hotelera, el nivel de acceso a la salud, y el porcentaje de personas con educación universitaria, entre otros indicadores, sirvan para medir la efectividad de las iniciativas de recuperación que estaría implantando el gobierno estatal con los fondos federales que se reciban.

El plan de recuperación requiere una inversión de $139,000 millones. Hasta ahora, el gobierno federal ha separado unos $30,000 millones (22% de lo solicitado) para la reconstrucción.


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