"Yo duermo con los zapatos puestos". Víctimas de los sismos esperan por ayuda y gestiones de las autoridades mientras el país vive una emergencia debido al coronavirus.

La Agencia federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) dará continuidad a las miles de solicitudes de damnificados por los terremotos en el área sur, a pesar de la paralización que vive el país a causa del coronavirus COVID-19, aseguró ayer el jefe de esa dependencia en la isla, Alex Amparo.

Según el funcionario, el proceso de evaluación y respuesta a las solicitudes no se afectará por el cierre temporal de los centros de recuperación de FEMA y la cancelación de las operaciones de campo de la agencia tras el toque de queda que decretó la gobernadora Wanda Vázquez Garced hasta el próximo 30 de marzo.

“En lo que respecta a los terremotos, ya hemos trabajado $28.5 millones para los sobrevivientes y seguimos procesando solicitudes”, dijo Amparo a El Nuevo Día.

Sostuvo que las personas pueden hacer sus reclamaciones llamando al 1-800-621-3362 o a través del portal cibernético www.disasterassistance.gov/es.

El funcionario recordó que la fecha para solicitar asistencia de FEMA se extendió hasta el 15 de abril, aunque no descartó una nueva ampliación. “Tenemos aquí, en Puerto Rico, sobre 1,500 personas trabajando en estos proyectos desde sus casas o áreas alternas y de eso se trata”, señaló.

Según información oficial, hasta el 24 de marzo, FEMA había recibido 36,218 solicitudes a través del programa de Asistencia Individual, incluido en la declaración federal de desastre mayor aprobada a raíz de los sismos de principios de enero. De estas, 10,728 solicitudes han sido validadas.

Antes de la emergencia del coronavirus COVID-19, ciudadanos cuestionaban el proceso requerido por la agencia, así como el tiempo de respuesta. Hay damnificados, según testimonios recogidos por El Nuevo Día, que están a la espera de una reconsideración de FEMA para arreglar los daños reportados en sus hogares. Ese es el caso de José Luis Martínez Rodríguez, quien reside en la barriada Arturo Lluberas en Yauco.

Martínez presentó una apelación para que la agencia le aprueba la cantidad máxima de $35,500, y posteriormente “hacer un préstamo”.

La vivienda de Martínez Rodríguez, según la certificación de un ingeniero estructural, tiene que ser derrumbada, por lo que le corresponde costear la labor y la disposición de los escombros para iniciar una nueva construcción. FEMA le aprobó $23,500.

“Tengo la evidencia de dos ingenieros estructurales de que la residencia no sirve, no sé por qué razón no me dan el dinero completo si toda la evidencia está allí, las fotos y todo”, dijo.

“Situaciones como esta de quedarte en cero o sin residencia es un poco frustrante. Estuve viviendo con mi hija como 15 días, y tuve la suerte que una persona me brindó una casa gratuitamente para vivir. Pero comoquiera es incómodo… ver las cosas que guardaste tantos años en el piso, destruidas, es frustrante”, añadió.

A estos contratiempos, dijo, se sumó el hecho de que, como parte de los requerimientos de FEMA, tuvo que buscar una segunda certificación de un ingeniero estructural. A pesar de que la agencia pagó la contratación, la escasez de profesionales complicó el trámite.

Según la certificación del contratista, el estimado de gastos de Martínez Rodríguez para la demolición solamente sería de $31,000. “Esto es una cosa bien triste. Yo trabajé en la Telefónica 31 años. Hice mi casa con sacrificio y perderla así”, expresó Martínez Rodríguez, quien reconoció el servicio del personal de FEMA en los centros de recuperación.

A mediados de febrero, el alcalde de Yauco, Ángel Luis Torres, le envió una carta a Vázquez Garced solicitándole que el gobierno asumiera el 25% del costo de las demoliciones que no es cubierto por FEMA y apruebe el programa de demoliciones privadas.

La propuesta estaría dirigida a que FEMA -luego de cumplir con los requisitos impuestos por la agencia federal- les reembolse a los municipios el 75% de los gastos de demolición. El gobierno asumiría el 25% restante y sería responsable de la obtención de permisos.

Ariadna Godreau, directora ejecutiva de Ayuda Legal Puerto Rico, indicó que, al momento, son muy pocas las apelaciones de las que tienen conocimiento. No obstante, se lo atribuyó a que es ahora -a poco más de dos meses del terremoto- que están llegando la mayoría de las contestaciones.

“En este momento, no hemos visto (apelaciones) de personas denegadas por títulos de propiedad, sino porque la persona no se puede conseguir o casos donde hay problemas con la dirección o se determinó que la casa no ha tenido daños”, expresó.

Godreau recordó, sin embargo, que aquellas personas que no tengan un título formal pueden hacer la reclamación completando el documento “Declaración bajo juramento”, que no tiene que ser notarizado y está disponible a través de la página web de Ayuda Legal.

Tras los huracanes Irma y María, según organizaciones en Estados Unidos, FEMA denegó hasta 77,000 solicitudes de asistencia a personas que no tenían títulos formales de su vivienda en Puerto Rico, a pesar de que la reglamentación federal vigente no exigía una escritura, explicó Godreau en una entrevista previa.

A la espera de una respuesta

FEMA ha denegado 19,800 peticiones de asistencia individual. Un total de 3,223 de estas determinaciones para reparaciones de vivienda han resultado inelegibles por falta de título de propiedad.

Aunque las razones para una denegación pueden variar, Iramis de Jesús, portavoz del programa de Individuos y Familias de FEMA, reconoció que siguen topándose con ciudadanos que no cuentan con el título de propiedad de la vivienda que habitan y por la que están reclamando el beneficio. “Sabemos que es uno de los retos que ha tenido el desastre de Irma y María. Hemos estado bien pendientes a ellos para asegurarnos que las personas que hayan tenido algún problema con titularidad lo podamos tratar con agilidad”, señaló De Jesús.

“Tenemos un equipo de trabajo que está pidiendo unos reportes para asegurarnos que estamos identificando estos patrones nuevamente para comunicarnos con el solicitante, aclarar y hacer alguna revisión”, agregó la funcionaria.

Explicó que uno de los “retos” que han experimentando es que la dirección, en muchos de los títulos de propiedad que datan de la década de 1950 y 1960, no ha sido actualizada, a pesar de los cambios de planificación, lo que dificulta la validación.

“No te puedo decir que el 100% de los casos se hayan validado porque también tenemos que educar a la población para que utilice el mismo formato de dirección consistentemente”, expresó.

La funcionaria enfatizó en la necesidad de que las personas se comuniquen con la agencia para conocer el estatus de su reclamación. Recordó que las personas tienen 60 días para apelar la determinación de FEMA una vez emitida.

Entre la espada y la pared

Desde mediados de enero, Raquel Tirú Mercado sometió, ante una aseguradora privada, una reclamación por los daños que sufrió su vivienda.

La larga espera no solo la tiene al borde de la desesperación, sino que esa falta de respuesta le limita también la ayuda que pueda recibir por parte de FEMA, pues la agencia depende de la contestación de la aseguradora para evaluar la reclamación.

“Acabo de entregar el documento que certifica mi casa como no habitable... pero no me resta de otra que esperar”, compartió Tirú Mercado, quien, al momento de esta entrevista, salía del coliseo Raúl “Pipote” Oliveras, en Yauco, donde ubica uno de los centros de recuperación de FEMA.

Tirú Mercado se comunicó con la Oficina del Comisionado de Seguros, en la que le confirmaron que la aseguradora privada tiene un período de 90 días para emitir una resolución. “La semana pasada, me dijeron que la tenían en evaluación con los ingenieros estructurales pero, en lo que el hacha va y viene, seguimos en las mismas”, contó la residente del barrio Palomas.

Su vivienda, añadió, no se desplomó, pero los daños que recibieron las columnas fueron de tal magnitud que la hacen no habitable. “Ha sido bien difícil. Tuvimos que viajar a Estados Unidos un mes porque, aparte del estrago de los temblores, mi esposo perdió uno de los trabajos”, relató Tirú.

También, perdieron a una prima. Dijo que esta se deprimió porque no pudo superar el trauma de los terremotos. Sufrió un paro cardíaco. “Donde estamos es un sitio sumamente pequeño y, ahora mismo, necesitamos dinero para poder ampliar, aunque sea en madera, una sala y una cocina para tener un poco más de facilidad”, puntualizó.

Tirú Mercado solicitó ayuda del programa de vivienda por Sección 8, pero le fue denegada por los ingresos familiares. Hizo lo propio en el Programa de Asistencia Nutricional (PAN), pero tampoco cualificó.

FEMA ha otorgado sobre $6 millones para asistencia de alquiler durante la emergencia ocasionada por los terremotos. El total de familias que recibieron esta ayuda fue de 7,108. Otras 152 familias participan actualmente en el programa de Asistencia de Alojamiento Transitorio (TSA) que ofrece acomodo en hoteles.

“No vamos a sacar a las personas. Ellos están ahí porque sufrieron daños y no tienen a dónde poder ir. Nuestro compromiso con ellos es que se van a quedar ahí”, dijo Amparo. La asistencia de alojamiento inicial es por 45 días.


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