El Programa de Educación Especial del DE atiende a poco más de 105,000 estudiantes. (semisquare-x3)
El Programa de Educación Especial del DE atiende a poco más de 105,000 estudiantes. (Teresa Canino )

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) puso un detente al proyecto que crearía la nueva ley de Educación Especial, al sostener que choca con el plan fiscal del gobierno, confirmó el secretario de la Gobernación, Raúl Maldonado.

“La Junta emitió una carta indicando que tiene un costo muy alto en términos fiscales. Ahora mismo estamos analizando la parte financiera”, dijo Maldonado en entrevista con El Nuevo Día. “Por eso no se puede… tenemos que ver de dónde salen los fondos y cuáles son los ajustes presupuestarios”, agregó.

Ante este escenario, Maldonado anticipó que la medida será devuelta a la Legislatura. El gobernador Ricardo Rosselló tenía hasta el 20 de enero para actuar sobre el proyecto.

En una carta fechada el 21 de diciembre y dirigida a la secretaria de Educación, Julia Keleher, y al representante del gobernador en la JSF, Christian Sobrino, el ente fiscal sostiene que la propuesta ley, de la autoría del representante penepé Rafael “June” Rivera Ortega, significaría $90.6 millones adicionales en gastos para el Departamento de Educación (DE), “que no están incluidos actualmente en el presupuesto”.

Ese dinero extra, el DE lo divide en $70.6 millones para referidos de Remedio Provisional, $10.5 millones para evaluación de estudiantes, $3.7 millones por campamentos de verano para estudiantes y $1.6 millones para la contratación de personal adicional dirigido a integrar la nueva secretaría de Educación Especial.

Esa secretaría se convertiría en una entidad dentro del DE con autonomía administrativa, docente y fiscal, que supervisaría la implantación del Programa de Educación Especial, que atiende a una población de entre 3 y 21 años. La cifra más reciente ofrecida por el DE coloca esa cifra estudiantil en poco más de 105,000, el equivalente a un tercio del estudiantado del sistema público.

El titular de la secretaría sería nombrado por el gobernador y confirmado por el Senado.

Otros costos identificados son $1.2 millones para la remoción de barreras arquitectónicas que impiden la movilidad de los estudiantes y $1 millón en otros gastos.

Maldonado dijo que trabajará junto a Rivera Ortega, quien no estuvo disponible para entrevista, para atender los planteamientos de la JSF.

“No se necesita”

Opositores a la medida habían levantado la preocupación del impacto fiscal, pero centraban susobjeciones en que no es necesaria debido a la cantidad de leyes, tanto estatales como federales, que atienden el tema de la Educación Especial.

Figuras como la exsenadora María de Lourdes Santiago han dicho que el marco legal está claro y solo tiene que ser ejercido correctamente.

En entrevista con este diario, Santiago dijo que anticipaba la objeción de la JSF al proyecto, pero sostuvo que le resulta preocupante que el ente no estaría dispuesto a asignar más recursos para la remoción de barreras arquitectónicas o recursos para la evaluación y RemedioProvisional.

“Es algo muy preocupante, pero la Junta reconoce lo que hemos estado diciendo: no se necesita la estructura que pretende crear el (Proyecto de la Cámara) 1484 para cumplir con los requisitos de la legislación federal sobre derechos de los estudiantes de Educación Especial”, indicó.

La medida fue aprobada en ambos cuerpos legislativos, aunque con múltiples objeciones del DE.

En la misiva de la JSF, se recuerda que el DE tiene que cumplir con la Ley para la Educación de Individuos con Discapacidades (IDEA, por sus siglas en inglés) y que, en la actualidad, Puerto Rico viola algunas disposiciones, lo que significa multas diarias de $5,000 contra la agencia.

“Si esto es una prioridad con la cual el gobierno quiere cumplir, podría relocalizar recursos de otras áreas al DE para financiar esta iniciativa y, mientras se mantengan dentro de los gastos contemplados del plan fiscal”, lee la carta, acompañada por una certificación de fondos requeridos preparada por el DE y firmada por la directora de Presupuesto, María de los Ángeles Lizardi.

“Estos fondos no están disponibles en el presupuesto estatal de la agencia”, dice Lizardi en la carta.


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