Entre las implicaciones del acuerdo de reestructuración se considera un aumento en la factura por servicio de hasta $4. (GFR Media)

El Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda (FCAD) ha lanzado una campaña ciudadana que busca frenar el acuerdo de reestructuración a la deuda (RSA, en inglés) de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), por entender que el pacto afectará la economía de la isla.

La iniciativa, que ya cuenta con 10,000 firmantes y lleva por nombre “No al acuerdo de AEE” en el sitio Change.org, se hace eco de las conclusiones de estudios recientes en torno al pacto y que apuntan a que las personas de más bajos ingresos en Puerto Rico llevarían la peor parte. Esto, cuando las familias con los ingresos más bajos en la isla tendrían que dedicar -según alegan los estudios- un 42% de su presupuesto a pagar la factura eléctrica.

“La Junta en su afán de pagarle a los bonistas y privatizar la AEE, no le importa acabar con nuestra economía y llevar a nuestra pueblo a la miseria”, indicó Eva Prados Rodríguez, portavoz del colectivo ciudadano.

Según la abogada, la movilización ciudadana es decisiva para frenar un acuerdo que aumentaría el costo de la electricidad en 50% al cabo de cuatro décadas.

“Este acuerdo es un acto criminal por parte de la Junta, avalado por la gobernadora Wanda Vázquez, con impactos económicos y sociales sin precedentes”, insistió Prados, al recordar que la deuda de la AEE no fue objeto de una auditoría para constatar su legitimidad.

Por su parte, Luis José Torres Asencio, de la Comisión Ciudadana para la Auditoría de la Deuda recordó que el informe de pre-auditoría que la desaparecida Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público estableció que muchas de las emisiones de bonos de la AEE se hicieron “en violación a una cláusula que limitaba cuánto dinero dicha entidad podía tomar prestado, por lo que podrían ser nulas”.

“Por muchos años, la AEE infló sus cifras de recaudos, incluyendo las deudas de electricidad de entes gubernamentales y municipios, pese a que estas no se pagaban”, dijo Torres Asencio, también en declaraciones escritas. “Los bonistas que compraban esta deuda lo hacían con conocimiento de que la AEE estaba inflando sus recaudos”.

Las organizaciones ciudadanas buscan levantar al menos 50,000 firmas, un número que alcanzó antes cuando comenzó sus gestiones a favor de una auditoría a los bonos de Puerto Rico y el acuerdo en la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina) y hacer constar el rechazo ciudadano ante la jueza Laura Taylor Swain, La Fortaleza, la Asamblea Legislativa y la JSF.

El proceso de bancarrota no requiere que la corte analice si el RSA es conveniente, si este puede pagarse o si este tendrá efectos sobre la economía de Puerto Rico.

Más bien, la jueza Swain solo tendrá que analizar si la JSF y los acreedores siguieron los procesos adecuados para alcanzar el acuerdo y divulgar este a los acreedores, así como si el acuerdo tieneun respaldo mayoritario de parte de los acreedores.

A la fecha, los acreedores suscribientes del RSA representan el 94% de unos $9,000 millones de la deuda de la AEE por concepto de bonos y obligaciones similares.


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