La gobernadora Wanda Vázquez junto a miembros de su gobierno. (Luis Alcalá del Olmo)

El gobierno presentó hoy un plan para que, en un periodo de 60 días, que se cumplirá el próximo 24 de marzo, todas las personas que perdieron sus viviendas tengan un techo seguro y estén encaminadas a obtener un nuevo hogar de forma permanente.

Actualmente, el gobierno estima que unas 4,600 personas permanecen en refugios tras el terremoto del 7 de enero y las réplicas subsiguientes. Se conoce de al menos 325 casos de personas que perdieron sus hogares por los temblores. El número podría aumentar en la medida que continúe las inspecciones de casas.

En otros casos, las residencias exhiben daños que se estiman reparables por los inspectores. Ya se han identificado entre de 700 y 800 casos como estos, según precisó William Rodríguez, jefe de la Administración de Vivienda Pública.

“En 60 días deben estar reubicadas en un lugar temporal”, dijo Rodríguez acompañado de la gobernadora Wanda Vázquez Garced y los jefes de agencias que atienden directamente la emergencia.

“Esto (el periodo) puede cambiar si suceden más temblores”, aclaró el funcionario.

Para esto, el gobierno abrirá centros de recuperación de desastres en Guánica, Yauco, Guayanilla, Peñuelas, Ponce y Utuado para tramitar, dependiendo del caso, la ayuda más conveniente para las familias afectadas.

En estos centros las personas también podrán tener acceso a un inventario de propiedades disponibles para la venta o alquiler que está elaborando la Asociación de Realtors de Puerto Rico. Del mismo modo, la Compañía de Turismo ofrecerá información sobre las hospederías que, a través del Programa de Asistencia de Albergue Transitorio de la Agencia Federal de Manejo de Emergencias (FEMA), cobijarán a los damnificados por los sismos. Esta asistencia no estará disponible si la persona busca moverse a una ciudad de los Estados Unidos.

Además de los hoteles, el gobierno espera usar, principalmente, los alquileres a través de la iniciativa Sección 8, los espacios vacantes en los residenciales públicos, y las iniciativas para la reparación y construcción de viviendas para reubicar a las personas afectadas. Una buena parte de estas iniciativas serían financiadas a través de FEMA y del fondo de emergencia del gobierno central.

“La prioridad es brindarles un hogar seguro”, dijo la gobernadora durante el encuentro con la prensa en La Fortaleza. “Las ayudas tienen un enfoque primordial de proveer asistencia a las familias del suroeste para que tengan un techo adecuado”.

Otras ayudas que se ofrecerán incluyen el almacenamiento de pertenencias de manera temporera, préstamos hipotecarios subsidiados y los gastos de mudanza para aquellos que necesiten relocalizarse. Ya se había anunciado las aportaciones de $2,500 para los pequeños negocios afectados por los sismos y la asistencia por desempleo.

En términos del programa de asistencia individual, FEMA proveerá a los damnificados hasta $35,500. Las personas, además de mostrar los daños a la propiedad, deberá presentar evidencia de titularidad y pertenencia legal. Para esto se seguirán unas guías similares a las establecidas durante la catástrofe causada por el huracán María en el 2017.

Por otro lado, la gobernadora informó que estarán ampliando la ayuda psicológica que le ofrecen a los perjudicados por los terremotos, particularmente aquellos que no tuvieron daños en sus casas pero que temen regresar a sus hogares debido a que todavía se siguen reportando réplicas.

La mandataria sostuvo que FEMA está proveyendo fondos adicionales a la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (ASSMCA) para que se amplíen los ofrecimientos de modo que las personas poco a poco vayan superando los miedos.

“La gran mayoría (de los refugiados) son personas que propiedades no recibieron daños, pero tienen miedo a regresar”, dijo la gobernadora.

La mandataria defendió la respuesta de su administración a la emergencia al resaltar que a los pocos días ya los servicios de agua y electricidad se habían reestablecido, se organizaron refugios, y se comenzó a proveer rápidamente ayuda a los damnificados.

“Esto fue una situación imprevista para la que nadie estaba preparado… No había un plan de terremotos”, dijo la gobernadora.

El ayudante general de la Guardia Nacional, José Reyes, indicó que la planificación de emergencia no tenía detalles específicos para atender los eventos sísmicos como el reportado en la isla.

Por otro lado, la gobernadora afirmó que están trabajando con el inicio del segundo semestre en la mayoría de las escuelas del país. Esta semana las clases comenzaron, pero solo en 177 planteles. El resto está bajo el proceso de inspección y evaluación.

Sostuvo que la idea es delinear un plan de trabajo para las escuelas que se encuentren como aptas para recibir alumnos y otro plan para aquellos estudiantes que se quedaron sin salones de clases.

Parte del problema es que con cada réplica fuerte cada una de las escuelas tiene que ser inspeccionada nuevamente para asegurar que la evaluación esté vigente y no se haya deteriorado con el remezón.

La mandataria rehusó establecer una fecha como meta para el regreso a la normalidad en el sistema público de enseñanza. Reconoció que, en el área sur, la más afectada por los sismos, el panorama es más complicado y no necesariamente se resuelve solocon la instalación de carpas donde los estudiantes puedan tomar clases. Recordó que para dar clases los alumnos necesitan baños y áreas de comedor, entre otros asuntos.

“Vamos a verificar las salas de los centros de convenciones, los hoteles, y ese tipo de estructura donde podamos montar ahí las escuelas en lo que tengamos unos módulos. La expectativa es tenerlo lo antes posible”, dijo Vázquez Garced. En esta zona hay unos 28,000 estudiantes.

“Todos los del sur van a tener un plan diferente de escuelas temporeras. El curso se va a extender un poco, pero ninguno va a ir a una escuela que no esté preparada”, prometió la gobernadora.

Por otro lado, ante preguntas de la prensa, la gobernadora indicó que cuando dijo que los refugiados por la emergencia estaban “contentos” se refería dentro del contexto de la emergencia que se viven los damnificados.

La funcionaria indicó que en sus visitas le ha preguntado directamente a los damnificados y la reacción de ellos ha sido positiva por las atenciones recibidas.

“Pregunté de cómo se sienten y dijeron que se sienten bien dentro de las circunstancias… Tergiversar o buscarle un sentido diferente es un poco injusto”, dijo la gobernadora quien ha sido objeto de críticas por la afirmación durante una entrevista con la cadena de televisión CBS.


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