Las instituciones hospitalarias en la isla comenzaron a reducir su personal de manera temporal debido a la falta de dinero, por la merma en pacientes durante la pandemia del nuevo coronavirus COVID-19. (David Villafañe)

Ante la crisis que generaría la reducción de personal por parte de las instituciones hospitalarias en medio de la pandemia por el coronavirus COVID-19, la gobernadora Wanda Vázquez Garced evalúa, junto a su equipo, ofrecer alguna subvención a los hospitales privados, que les permita retener a los profesionales de la salud.

El efecto que tenga esta ayuda económica en revertir las cesantías temporales está por verse, pues dependerá de la cantidad de fondos que finalmente les sean asignados, indicó el presidente de la Asociación de Hospitales, Jaime Plá. “Diría que eso (la ayuda) va a ocurrir en la próxima semana, pero precisar cuándo hay un cambio (en las determinaciones de personal), pues tendremos que esperar”.

Esta semana, las administraciones de hospitales y, al menos, un sistema de centros de salud primaria suspendieron a sobre 500 trabajadores, según reseñó El Nuevo Día.

“Si la cantidad de dinero que fluye no es significativa, pues a lo mejor no estamos logrando detener el problema”, agregó Plá en entrevista con este diario.

El sistema hospitalario de Puerto Rico tiene 38% de ocupación de las camas, según la Asociación de Hospitales, lo que significa que hay más de 5,500 camas disponibles.

El secretario de Salud, Lorenzo González Feliciano, calificó ese nivel de ocupación como algo positivo, a pesar de que afecta la capacidad de facturación de las empresas, pues les da margen para atender cualquier brote. “Mejor, que se mantenga así. Lo que se les dice hoy, es ‘no cesanteen personas porque los vamos a necesitar”, enfatizó en una entrevista televisiva (Jugando Pelota Dura).

El director de la Administración de Seguros de Salud (ASES), Jorge Galva Rodríguez, les comunicó, además, a los hospitales la disponibilidad de aproximadamente $90 millones en fondos federales, que pueden utilizar para financiamiento, según González Feliciano.

ASES dio 48 horas a las aseguradoras de salud, que participan del programa de salud gubernamental, para entregar un plan para agilizar los pagos que adeudan a los hospitales y proveedores de servicios, y adelanten los otros pagos.

“Estaremos tomando todas las medidas necesarias conforme a las leyes y reglamentos vigentes para que estas directrices se cumplan”, sostuvo Galva Rodríguez a preguntas de este diario.

Dinero federal

De otro lado, la comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, advirtió que la nueva ley federal de estímulo económico para atender la emergencia del coronavirus permite adelantos de pago a los hospitales y centros de salud primaria.

Esta ley asigna $100,000 millones para asistir a los hospitales bajo la bandera estadounidense, y cerca de $1,320 millones para los centros de salud primaria en Estados Unidos y sus territorios.

La comisionada enfatizó la necesidad de mantener un sistema de salud robusto. “No podemos bajar la guardia, no desarticular las primeras líneas de batalla contra esta pandemia”, indicó González Colón.

Sobre estas ayudas federales, Plá dijo que “todavía estamos en el proceso de entender cómo se van a recibir esos fondos”. “Hay que llenar documentos, hay que esperar a que lo autoricen y desembolsen el dinero, y eso no es un proceso de un día”, explicó.

La asignación federal aprobada ayer aún no cuenta con especificación de cómo será distribuido el dinero y para qué podrá ser utilizado.

La presidenta de los centros Salud Integral en la Montaña, Gloria Amador Fernández, expresó que el 24 de marzo, el gobierno federal aprobó $100,000 -de los cuales le asignaron $86,000-, pero solo podían ser utilizados para la compra de pruebas de COVID-19, equipo de protección de personal y tecnología de telemedicina. “Por el momento, no hemos recibido subvenciones financieras para costear nómina ni donaciones para sufragar las pérdidas económicas millonarias”, dijo.


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