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ARECIBO – A juzgar por las ponencias escuchadas ayer en una vista pública convocada por la Junta de Calidad Ambiental (JCA), la oposición a la planta tipo waste to energy o incineradora propuesta para este municipio es más que elocuente.

En la audiencia de anoche, los presentes se expresaron en contra de que la JCA expida la autorización de ubicación y el permiso de construcción a la planta impulsada por la compañía Energy Answers. La planta, que supone una inversión privada de más de $500 millones, procesaría 2,100 toneladas de basura al día y produciría 80 megavatios de electricidad.

No obstante, Rafael Toro y Alexis Molinares, asesores de la empresa, aseguraron que la incineradora sí tiene favorecedores, pero estos prefieren enviar sus ponencias por escrito para evitar “encontronazos” como los suscitados en vistas anteriores. “Sometimos miles de firmas a favor del proyecto. Los comentarios escritos son igual de eficientes”, dijo Toro, al recordar el conato de motín desatado en junio pasado en una audiencia convocada por la Agencia federal de Protección Ambiental (EPA) para discutir el permiso de aire preliminar (PSD) dado a Energy Answers.

El licenciado Luis González Ortiz, oficial examinador de la JCA, indicó que los comentarios vertidos ayer integrarán un informe que se le entregará a la Junta de Gobierno de la agencia, que luego decidirá si expide o no los endosos solicitados. González Ortiz, de paso, señaló que el período para someter comentarios públicos vence este viernes, 30 de noviembre.

Los interesados aún pueden someter sus ponencias a la JCA.

La oposición se centró en el impacto adverso a la salud y al ambiente de la incineradora, la supuesta inexperiencia operacional de Energy Answers, la escasez de datos confiables sobre la calidad ambiental en Arecibo y “lo atropellado” del proceso evaluativo.

“La falta de un plan integrado (para el manejo de la basura) abre puertas para proponer proyectos como este: una incineradora que lo menos que va a quemar son desperdicios municipales”, dijo el químico ambiental Osvaldo Rosario, quien denunció que la planta también procesaría desperdicios de autos, neumáticos y madera. “Desde un punto de vista químico, esa quema es una sopa compleja que hace imposible predecir qué estaría saliendo por las chimeneas”, advirtió.

Waldemar Flores, quien también es químico, criticó que Energy Answers aún no haya dicho dónde dispondrá de las cenizas resultantes de la quema de basura; mientras que el arecibeño Juan Ferreris expuso que la incineradora se propone para un área que ya está contaminada con plomo. “Repudio la incineradora porque soy paciente de asma. Los proponentes ponen al frente sus ganancias y no la salud de la gente. Estas plantas causan muerte y contaminan el agua, los suelos y todo lo que habita”, expresó María Rodríguez, de la organización Madres de Negro.

Conflicto de intereses

El arecibeño Carlos García, quien también se definió como “asmático crónico”, denunció un conflicto de intereses con el licenciado Toro, asesor legal de Energy Answers.

Y es que, según depuso, Toro “tiene una compañía de neumáticos que quiere traer 400 toneladas de gomas” a la incineradora.

Este planteamiento, sin embargo, fue rechazado por Toro, quien alegó que, aunque fue accionista de la firma Integrated Waste Management, “lo perdimos todo por falta de mercado”.

“No tengo ningún acuerdo para traer neumáticos”, aseveró.

Por su parte, Carlos García, estudiante de la Clínica de Asistencia Legal de la Universidad de Puerto Rico (UPR); y Orlando Negrón, presidente del capítulo de Puerto Rico del Sierra Club, plantearon que la JCA no tiene estaciones de monitoreo en este municipio ni en sus colindantes, lo que, a su juicio, demuestra que la agencia desconoce qué contaminantes afectan a la región.

“Ese desconocimiento es motivo suficiente para denegar el permiso”, dijo Negrón, quien sostuvo que la incineradora se erigiría cerca de humedales en violación a la política pública ambiental actual.

Los estudiantes de la UPR solicitaron a la JCA la realización de un muestreo de aire en Arecibo.

Negrón añadió que Energy Answers “no tiene la experiencia requerida” para operar incineradoras, ya que en el 2007 vendió todas sus instalaciones en Estados Unidos.

Entre tanto, el planificador Iván Elías sostuvo que la vista de ayer fue “inoficiosa”, toda vez que la JCA la celebró sin que la EPA haya tomado una decisión final sobre el permiso preliminar de aire. “Esto es una burla al proceso de participación pública, una pantomina”, acotó.

Por último, Molinares comentó que los estudios de riesgo ecológico y a la salud son confiables, al tiempo que defendió la “capacidad tecnológica” de Energy Answers.


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